> La infracción de derechos de autor y los artículos falsificados son su objetivo.
> Existen numerosas formas de saltarse cualquier limitación que pueda suponer.
> Podría tener efectos negativos en la innovación tecnológica.

Mientras en España estamos aún pendientes de la aprobación del reglamento de la Ley Sinde, aprobada por la puerta de atrás mediante un pacto de última hora entre los partidos mayoritarios, en Estados Unidos se debate estos días su propia versión de esta ley.

Conocida como Stop Online Piracy Act, 'Acta para Detener la Piratería En línea', o SOPA, y auspiciada por supuesto por la industria audiovisual, igual que la Ley Sinde, busca también evitar la infracción de derechos de autor y luchar contra el comercio de mercancías falsificadas, por lo que no resulta sorprendente que se parezcan enormemente.

De acuerdo con las previsiones incluidas en el texto que se está debatiendo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría pedir órdenes judiciales contra sitios que infrinjan la propiedad intelectual de otros.

También podrán obligar a los proveedores de acceso a internet de Estados Unidos a bloquear el acceso a estos sitios, que impidan a redes de publicidad como la de Google, o sistemas de pago como Paypal, Visa, etc, a hacer negocios con ellos, o que hagan que los motores de búsqueda los eliminen de sus páginas de resultados.

Para ello se establece un sistema de dos pasos en el que el titular de los derechos avisa primero por escrito a los proveedores de acceso o de sistemas de pago y motores de búsquedas de la infracción.

Los proveedores tienen entonces que pasar el aviso al sitio denunciado y suspender la prestación de servicios a este, a menos que pueda justificar que no se está produciendo ninguna violación de derechos de autor.

Pero tanto si el denunciado presenta esta justificación como si los proveedores de servicios no actúan en consecuencia, el titular de los derechos tiene derecho entonces a pedir esas mismas medidas cautelares al juzgado, que como tales tienen lugar sin que se produzca ningún juicio.

Además, por si esto fuera poco, los operadores de internet y proveedores de servicios de pago y publicidad quedan exentos de cualquier consecuencia legal si toman las medidas oportunas contra un sitio denunciado en cuanto se les pida, independientemente de que luego se demuestre que la denuncia tenía base o no, lo que ciertamente les da incentivos como para hacer caso a todos estos requerimientos.

Así que, aunque es cierto que SOPA incluye castigos para cualquiera que ponga una denuncia falsa, a grandes empresas con bolsillos muy profundos puede resultarles muy tentador utilizar las herramientas que les otorgaría esta ley para aplastar a un posible competidor mucho antes de que este pudiera tener la capacidad de enfrentarse a un costoso proceso legal.

Bastaría con que los usuarios se pusieran a utilizar programas capaces de cifrar los contenidos de sus comunicaciones para que esta tarea se vuelva imposible, o que recurrieran a cualquiera de las numerosas opciones que les permitirían saltarse un bloqueo impuesto desde un proveedor de acceso de Estados Unidos.

Por otro lado, aunque los usuarios no lo hagan, para que los proveedores de acceso pudieran asegurarse de que ninguno de sus clientes acceda a un sitio bloqueado bajo las previsiones de esta ley, tendrían que hacer una inspección a fondo de todo el tráfico que pasa por sus redes.

Esta opción resulta algo inviable desde el punto de vista técnico por los recursos que serían necesarios para ello y de dudosa legalidad si nos atenemos al derecho en la privacidad de las comunicaciones, pues es imposible saber a priori lo que hay dentro de un paquete de datos.

Así que una vez más, igual que ocurre con la Ley Sinde, parece muy poco probable que esta ley vaya a poder conseguir sus objetivos, aunque solo sea porque internet está diseñada para que no exista un control centralizado de nada.

Por el contrario, parece fácil que pueda ser utilizada como herramienta para acabar con la competencia, para ahogar la innovación, o, incluso, para limitar la libertad de expresión.

Pero dado que tanto republicanos como demócratas la apoyan, todo parece indicar que en breve será aprobada; todo parece indicar también que su aplicación pronto acabará en los tribunales.