El sábado 21 de Septiembre se realizó en Berlín, alrededor de la Brandenburger Tor, una nueva edición de la Marcha por la Vida (Marsch für das Leben) que tuvo un ligero episodio de manifestantes proaborto que buscaron empañar una fiesta de la vida y la familia.

La Marcha por la Vida tuvo, según la policía, una participación de unas 2.000 personas, aunque los organizadores la estimaron entre 4.500 y 5.000.

En la manifestación participaron este año representantes de la Iglesia Católica, entre ellos el obispo de Ratisbona, Rudolf Voderholzer, el obispo de Eichstätt, Gregor Maria Hanke, y el obispo auxiliar de Berlín, Matthias Heinrich.

El argentino radicado en Canadá Pablo Muñoz Iturrieta fue uno de los oradores de la Marcha por la Vida en Berlín, lo que quedó registrado en decenas de medios del país y celebró que el aborto siga siendo un delito allí. "¡Vamos a vencer porque solo la vida prevalece!!!!!!", sentenció desde la red social X.



Si bien el asesinato de un ser humano en gestación es ilegal en Alemania, tal crueldad no recibe pena si se realiza dentro del primer trimestre (lo que sucede en la mayoría de los casos) y si la mujer ha sido informada fehacientemente.

Alexandra Linder, presidente de la Asociación Federal por el Derecho a la Vida, criticó que “el número de nacimientos está disminuyendo y el número de abortos está aumentando. Queremos una sociedad que afirme la vida", afirmó.



El arzobispo Nikola Eterovic explicó que en la Marcha por la Vida personas de buena voluntad de diferentes confesiones, visiones del mundo y corrientes políticas se unen para hacer una declaración pacífica: "Todos son buscados, ¡Todos son amados, todos son necesarios!"

En la manifestación final unas 16 personas irrumpieron en el escenario donde se encontraba, entre otros, el obispo auxiliar de Berlín Matthias Heinrich y gritaron "¡Mi cuerpo, mi elección, levanta la voz!". Rápidamente la policía intervino y fueron retirados del escenario.



La normativa actual en Alemania no contempla el derecho a abortar a un hijo y prevé penas de hasta 3 años de prisión.