En la sesión del 13 de Abril, los senadores nacionales aprobaron por unanimidad la denominada Ley Lucio, que ya tenía la media sanción de la Cámara de Diputados.

Para su implementación es necesaria su reglamentación y la asignación de partidas presupuestarias, sin lo cual estará sólo en papeles como sucede con la aprobada ley de Cuidados Paliativos, aprobada por el Senado y en Diputados en Julio de 2022 y aún no reglamentada.

La Ley Lucio busca prevenir y detectar casos de violencia contra niños y adolescentes con campañas de concientización (los medios de todo el país deberán informar sobre cómo y dónde hay que denunciar esas situaciones), con la línea 102 de denuncias (para recibir información y hacer denuncias gratuita y anónimamente), con un protocolo de acción conjunta (para que las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud actúen de forma rápida y coordinada con la Justicia), con capacitación para agentes del Estado (los funcionarios públicos deben saber cómo actuar ante situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes) y con reserva de identidad (para que se preserve la identidad de las personas que denuncian actos o indicios de violencia contra menores de edad).

Paradójicamente, el texto aprobado incluye un artículo que promueve la "capacitación en perspectiva de género y diversidad", componente que merece un total rechazo, no así el resto de lo votado en el Senado. La pretendida capacitación es funcional a una mirada anticientífica e ideológica de la naturaleza humana que, como es comprobable, sólo contempla hombres y mujeres.

Los conceptos "género" y "diversidad" apuntan a seguir difundiendo y normalizando estilos de vida que, en el caso de Lucio, lo llevaron a la tortura y la muerte.