Con motivo del segundo aniversario de la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente Alberto Fernández encabezó junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, un encuentro en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada que tuvo como objetivo presentar los principales avances y desafíos en la implementación de la ley.

«Esta ley es un logro colectivo, resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años, y que un día un Gobierno y un Congreso estuvieron dispuestos a reconocer», afirmó el presidente y agregó: «Es un gran triunfo porque nos hace una sociedad mejor, porque cada vez que ampliamos derechos vivimos en una sociedad mejor».

En ese sentido, el mandatario expresó: «El aborto, como algunos quisieron plantearlo, dejó de ser una ley promotora de la muerte y es una ley promotora de la vida, una ley promotora de la salud de las mujeres».

En la misma línea, Vizzotti destacó que «tenemos una ley que se consiguió durante la pandemia gracias a la lucha de los movimientos feministas en las calles y también gracias a la voluntad política de este Gobierno. Es una ley muy importante para la Argentina y para la región, que es modelo a nivel mundial». Y afirmó: «Detrás de los números hay personas que accedieron a un derecho, y hay personas que trabajaron para que se pueda acceder a esos derechos. Hoy son 1437 los centros de salud que garantizan ILE e IVE en todo el país, cuando en 2020 eran 903».

Según detalló la ministra, entre enero y septiembre de 2022 las provincias informaron 59.267 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud, y 73.487 en 2021. Fueron realizadas además 187 asistencias técnicas a las provincias para la resolución de situaciones de interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo (IVE/ILE), y la línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió, entre enero y octubre de este año, 13.752 consultas por IVE/ILE, mientras que en todo el 2021 fueron 17.943.

«También se armó un equipo especial de IVE con la Superintendencia de Servicios de Salud y se empezaron a monitorear 247 obras sociales de todo el país para garantizar el acceso a ILE e IVE, a la vez que se atendieron los reclamos sobre el no cumplimiento», agregó la ministra, y advirtió que «más allá de las decisiones sanitarias, el presupuesto y los insumos, es fundamental la gestión gubernamental en cada provincia para garantizar el cumplimiento».

Vizzotti detalló también que el tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol se encuentra disponible en el sistema público de salud para el acceso gratuito a aborto con medicamentos, y se incorporaron las prestaciones IVE/ILE en el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) y en el Plan SUMAR.

Respecto a la producción pública de medicamentos, destacó la producción de misoprostol en el laboratorio LIF de Santa Fe, y la producción para abastecimiento provincial en laboratorios Puntanos de San Luis y PROFARSE de Río Negro.

Además, indicó que el LIF de Santa Fe se encuentra en proceso de desarrollo de la producción pública de mifepristona y que en el año 2022 el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para la producción pública de esta droga.

La ministra destacó también que el primer curso sobre aborto para la implementación de la Ley 27.610 logró la certificación de 434 profesionales de la salud, y más de 2.000 profesionales de todo el país participaron en actividades de actualización profesional para el acceso de calidad a la (IVE/ILE). La Educación Sexual Integral (ESI) incluyó contenidos sobre IVE/ILE y se realizaron capacitaciones masivas a docentes.

Por su parte, Mazzina reconoció el «inmenso recorrido de lucha de los movimientos feministas y de mujeres para conquistar un derecho que era necesario y urgente». Además, destacó el «trabajo, la militancia y la voluntad política» del Gobierno nacional, en particular de la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y de la secretaria de Legal y técnica, Vilma Ibarra; quienes, junto con los movimientos feministas, «le pusieron el cuerpo a esta lucha para que la IVE sea una realidad».

En tanto, Ibarra señaló que la normativa «logró recoger toda nuestra trayectoria social y política; la experiencia maravillosa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; los estándares internacionales, y tuvo, también, el empuje político para ser sancionada», y agregó: «La diferencia al impulsar un proyecto con el Poder Ejecutivo es importantísima, por eso quiero agradecer profundamente a Alberto Fernández por el trabajo y el compromiso».

Durante la jornada, Vizzotti presentó además la actualización 2022 del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo (IVE/ILE) que incorpora las nuevas directrices para la atención del aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según detalló la ministra, después de 10 años de revisión de todos los estándares legales, clínicos y de atención sobre el aborto a nivel global, la OMS publica esta revisión de la evidencia validada por un grupo de expertas/os de numerosos países del mundo sobre los mejores estándares para la atención del aborto. Así, la actualización de este protocolo es una contribución para asegurar la calidad de las prácticas y la disponibilidad de los mejores estándares de atención en todo el país.


Sancionada en diciembre de 2020, la Ley 27.610 garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige, y regula la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige, y regula la interrupción bajo un modelo mixto de plazo y causales.

Así, la ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

Se trata de una ley de orden público, por lo cual es de aplicación obligatoria en todo el país y de cumplimiento obligatorio por el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.

La norma también establece que los equipos de salud tienen un plazo máximo de 10 días para garantizar el aborto desde su solicitud, y que la atención debe realizarse de manera segura y confidencial, con trato digno y respeto de la privacidad.

Además, la ley contempla que las prestaciones para la cobertura integral y gratuita de la interrupción del embarazo queden incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. A su vez, las prestaciones de interrupción del embarazo, atención posaborto y consejerías están incluidas en la Línea de Cuidados de Salud Sexual y Reproductiva del Plan SUMAR y en el Plan Enia.

Desde la sanción de la ley, el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una construcción federal y continua con cada provincia para avanzar en su implementación, difundiendo los derechos asociados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y desarrollando políticas para garantizar su cumplimiento.