En la Argentina se transita desde hace años el desprecio sostenido hacia los más indefensos de sus habitantes. Desde la implementación en 2010 de los protocolos de abortos no punibles -con sus brutales actualizaciones-, pasando por el intento de legalización del genocidio en 2018 y su maquiavélica concreción en 2020, el Estado se ha ocupado de establecer que no hay situación más riesgosa que ser un niño en gestación.

Lo sucedido en el Hospital "Presidente Juan Domingo Perón" (Juan Bautista Alberdi 855, Tartagal, Salta) con el asesinato de una niña de 22 semanas de vida intrauterina a manos de la médica Miranda Ruiz es una de las páginas más negras del odio "legal" a los inocentes.

La pobre niña salteña fue extraida viva del vientre de su madre y condenada a muerte por asfixia por parte de la médica.

La pregunta que las personas de bien pueden hacerse es qué debe suceder para que reaccionemos como corresponde como sociedad. Si matar a un bebé de 3 o 6 meses está "bien" ¿Se legitimará su muerte deliberada cuando tenga 2 años de nacido? ¿Se aprobará en la Argentina el homicidio de ancianos o enfermos que requieren cuidados y atención? ¿Qué tan profundo se podrá caer para comprender que la vida de todos es valiosa, que es lo primero, lo que debemos proteger SIEMPRE, que no importa si es mujer, anciano, niño, sano o enfermo?

En el caso de Salta, fue el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la detención de la médica Ruiz, por llevar adelante la brutal práctica fuera de las causales que la toleran y a pesar del manifiesto arrepentimiento de la madre. La médica estuvo detenida unas horas y fue puesta en libertad, aunque debe quedar a disposición de la justicia.

Como era de esperar, los activistas de la "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito" y la "Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir" repudiaron la detención de la médica porque se ocupó de "garantizar una interrupción legal del embarazo", calificando su detención como de "persecución".

No son pocas las gestiones en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.610 que estableció -con trampas y corrupción- el genocidio legal en la Argentina. Es preciso seguir trabajando para derogar esa norma indigna.

Pero, al tiempo, es imprescindible que quienes se definan como provida no dejen lugares vacíos en sus barrios, en su comunidad, con los jóvenes.

Podemos y debemos votar a candidatos de comprobada postura provida, pero es fundamental batallar con creatividad, con insistencia, con constancia, en las calles, en las instituciones, con los padres, con los docentes, para que impere la cultura de la vida, hablando claro y sin descanso, para que ninguna mujer busque abortar y que ningún hombre promueva, apoye o financie la muerte de su hijo.

Y que si eso sucede, que la reacción no sea sólo en las redes sociales, sino en la vida real.