Tanto golpearse el pecho para criticar a China, Irán o Corea del Norte, tanto escandalizarse en los términos morales más fuertes posibles ante regímenes totalitarios, y así actúa la clase política en Francia.


Apoyándose en la ley contra el terrorismo votada en setiembre de 2014, mucho antes del atentado a Charlie Hebdo, el gobierno francés acaba de censurar, sin la intervención de un juez, cinco sitios Web por apología del terrorismo. Un decreto le permite hacerlo por vía administrativa porque, como es sabido, la vía judicial presenta un pequeño inconveniente: la decisión debe ser tomada por un juez y no por el poder de turno.

El ministro del interior y el primer ministro tienen argumentos de peso frente al estorbo que presupone la separación de poderes de todo régimen democrático digno: la justicia es lenta. Sin embargo, anoto con asombro, el affaire Dieudonné muestra que la justicia puede actuar rápidamente si se desea. Ni siquiera se trata de voluntad política: la propia reglamentación prevé una “Procédure en référé”, utilizada, por ejemplo, cuando un libro difamatorio está por salir a la venta o cuando un periódico publica declaraciones injuriosas contra alguien. Por supuesto, nada es tan rápido y simple como apretar solemnemente el botón de la censura.

Quienes utilizan el argumento de la vigente censura de sitios de pedopornografía (ley Loppsi) se olvidan de explicarnos dos hechos: (i) que el Consejo Constitucional validó esta censura a condición de que los sitios difundieran imágenes de pornografía infantil, y (ii) que ningún político tuvo la decencia mínima de solicitar que la actual ley contra el terrorismo fuese estudiada por este Consejo para evaluar su constitucionalidad.

¿Cómo funciona el dispositivo? La Oficina central de lucha contra la cibercriminalidad (OCLCTIC), dependiente del ministerio del interior, decide dar de baja un sitio Web. No debe dar motivos. No tiene por qué justificarse. En teoría, luego de que se da de baja un sitio es imposible comprobar los criterios empleados por la OCLCTIC puesto que el sitio se encuentra inaccesible. Y lo más preocupante: es legal, argumento que no dejarán de repetir los censores de turno. Debemos recordar, sin embargo, que es legal porque se votó una ley que no era parte del programa de Hollande, es decir que ningún político recibió un mandato para implementar esta ley. Tampoco hubo un referéndum. Es decir que, de facto, el procedimiento es tan legal como ilegítimo. El sitio Web puede oponer un recurso ante el propio ministerio. Parece un mal chiste pero no lo es. Y si el ministerio no responde en dos meses, recién entonces el sitio puede comenzar un trámite judicial. Es decir que el recurso se rechaza de manera implícita, lo que afirma el derecho del ministerio a no dar ninguna explicación, a no rendirle cuentas a nadie. No hace falta ser un especialista en Derecho para ver la perversidad del mecanismo.

Es decir que en Francia, año 2015, un conjunto de burócratas policiales tiene carta libre para determinar lo que constituye una apología al terrorismo. Es fácil decirse que se trata del bien común, pero lo que en realidad está en juego son los principios democráticos sobre los que se articula la sociedad francesa. A ciertos ecologistas se los ha comenzado a llamar “yihadistas verdes”. En toda propaganda la cuestión del vocabulario es esencial. No será fácil censurar a Greenpeace, pero es cuestión de tiempo para que los mismos burócratas se interesen por lo que, sin duda, llamarán “otras formas del yihadismo, tan nocivas o más aún que las formas consabidas”.

En el siglo XVI, la iglesia católica promulgó el tristemente célebre Index librorum prohibitorum, la lista de libros y autores prohibidos, contrarios a la fe y moral católicas. Los tiempos han cambiado —aunque el Index siga existiendo—, la moral en Francia no se evoca en nombre de la religión católica sino en nombre de la república. Las críticas legítimas no parecen ser de peso para el poder actual: más allá de la libertad de expresión, más allá del necesario respeto de la separación de poderes de toda democracia (la censura administrativa es un golpe de estado técnico del Poder Ejecutivo sobre el Judicial), existen argumentos pragmáticos más que atendibles:

En Internet la censura es fácilmente evitable, el simple hecho de censurar un sitio genera curiosidad y le aporta tráfico. No es seguro que la censura logre disminuir el terrorismo, pero sí es un hecho que dificultará mucho o imposibilitará la tarea de vigilar a quienes visitan esos sitios

Como expresé en una entrada anterior sobre la libertad de expresión, la censura es un reflejo pavloviano en Francia, donde la mayor parte de la oligarquía política se siente investida de un rol moral. La gran masa, esa que no ha frecuentado las escuelas de elite, es tonta y debe ser educada. Esto no es una conjetura: fui docente universitario en Francia, trabajé en distintos centros de investigación, he estado en contacto con gente que toma decisiones a nivel ministerial: son personas convencidas de que forman parte de una elite que está destinada a gobernar el país. La situación se ha degradado al punto en que los políticos ya no ocultan sus intenciones de controlar y reprimir, incluso si es necesario pasar por encima de las libertades individuales. Y lo hacen con el cinismo propio de todo régimen totalitario: afirmando con vehemencia que todas estas leyes se promulgan en el estricto respeto de las libertades individuales. Consúltese el discurso oficial en China, en Irán, en Corea del Norte, la propaganda es exactamente la misma.

La próxima etapa está en curso. Se trata de legalizar ciertas prácticas de los servicios de inteligencia. El objetivo es que, sin necesidad de una autorización judicial, los servicios puedan espiar las comunicaciones de cualquier sospechoso, desde sus conversaciones telefónicas hasta sus intercambios en tiempo real en Skype, Twitter y Facebook. En todo el tiempo que llevo viviendo en Francia, nadie atentó de manera tan grave contra las libertades individuales como Manuel Valls. No es que me extrañe, se trata de un político moralista cuyo objetivo es ser presidente de la república. Sin pena ni gloria, Francia, la V república francesa, se encamina hacia un régimen totalitario que adorna su represión con las palabras grandilocuentes propias de toda propaganda. Basta observar sin embargo el destino invariable de toda represión sostenida: el fracaso a largo plazo.


Fuente: Rebelión.org