No nos mueve ninguna intención de discriminar ni de despreciar a nadie, sino tan solo la obligación de defender principios inalienables de la moral pública, del orden natural y de nuestro ordenamiento jurídico, en cuya esencia está reconocida la distinción entre los sexos y la familia, fundamento de nuestra sociedad y de nuestra Patria.

Se subvierte nuestro ordenamiento jurídico
La pretensión de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en efecto, subvierte radicalmente nuestro ordenamiento jurídico “al trastocar principios fundamentales que rigen a nuestra comunidad” pues la concepción del matrimonio y por ende de la familia “define el perfil de una sociedad y hace a su modo de ser”. (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Declaración del 6-5- 2010)
Dicha concepción del matrimonio está expresamente definida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional que solo reconocen como matrimonio al contraído entre hombre y mujer. [Cfr. Constitución Nacional (Art. 75, inc. 22) a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 23, inc. 2) , Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 17, inc. 2)].  
La aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo también afectará dichos tratados dado que se estará menoscabando la institución de la familia –fundada lógicamente sobre   la unión de un hombre y una mujer-   “elemento natural y fundamental de la sociedad [que] tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado¨. (cfr. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16, inc. 3, reiterado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,   art. 17, inc. 1).

Se atenta contra la ley natural
Más grave aún. De otorgárseles a las parejas homosexuales las mismas o análogas condiciones jurídicas de las que gozan el hombre y la mujer que fundan una familia, sea bajo la forma de matrimonio u otras denominaciones que la asimilen a éste, se estará atentando contra una ley superior que rige la conducta humana, razón por la cual los legisladores actuarían arbitrariamente y en contradicción con sus propios deberes.
Es la ley natural, universal e inmutable, escrita en el corazón de cada hombre (Rom. 2:14-15), según la cual sabemos que nada puede modificar lo que está arraigado e inscripto en la misma naturaleza como lo es que el matrimonio solo está hecho para unir a un hombre y a una mujer, por lo que no puede resultar “discriminatorio” oponerse a tal pretensión.
Precisamente en un fallo del 24 de junio ppdo. (Kopf y Schalk vs. Austria), la Corte Europea de los Derechos del Hombre dejó establecido que no existe ninguna obligación de los estados signatarios de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) de reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo ni de legislar al respecto, como también que no resulta discriminatorio no reconocerlo.
Ahora bien, si resultara calificada por los legisladores como discriminatoria la condición de diversidad de sexos para contraer matrimonio, nadie podrá oponerse a que, en un futuro próximo, por más absurdo que parezca, también termine cediéndose a la presión para juzgar como discriminatorios los impedimentos establecidos en nuestro Código Civil como la consanguinidad y que hoy prohíben el casamiento entre padres e hijos o entre hermanos o que comience a preconizarse la legalización de la poligamia y vaya a saberse que otras aberraciones.
Prestemos atención: ¡Un abismo llama a otro abismo, dicen las Sagradas Escrituras!

Se alienta una revolución moral en la Sociedad, la Familia y la   Escuela
Esta radical modificación de nuestro ordenamiento jurídico transformará al Estado en un activo promotor de la conducta homosexual, dado que en los programas de educación se incorporará como reconocida y protegida por la ley la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, a cuya aceptación, aún contra la voluntad de los padres, los niños serán inducidos desde la más tierna infancia.
Un próximo paso será dado con la ampliación de la ley penal antidiscriminatoria, con lo cual podrán ser penalizados los funcionarios públicos y todos aquellos que, fundados en sus convicciones religiosas o en motivos de conciencia, no contribuyan a la realización de las ceremonias civiles del matrimonio entre personas del mismo sexo, no impartan enseñanzas en las escuelas sobre esa nueva figura jurídica o incluso quienes manifiesten una opinión crítica en el ámbito que les fuera propio.
Los niños, además, quedarán sujetos a la influencia de este nuevo paradigma de matrimonio –que será ampliamente difundido en programas de televisión- en el que se les estará inculcando la idea de una familia sin figura paterna masculina y materna femenina, esenciales para el normal desarrollo de su psiquismo, lo cual tendrá consecuencias mucho más graves si se concediera a las parejas del mismo sexo el derecho de adopción.
Peor aún será cuando se criminalice a aquellos jueces que se nieguen fundadamente a otorgar menores de edad en adopción a “matrimonios” entre personas del mismo sexo. Ni qué decir cuando esos menores con el transcurso del tiempo presenten y evidencien trastornos psicológicos graves y pretendan demandar al Estado Nacional para resarcirse de los daños y perjuicios y seamos los ciudadanos quienes, con nuestros impuestos reparemos un daño jamás pretendido.
En realidad, no estamos ante una reivindicación cualquiera sino ante una auténtica revolución de carácter moral cuyo objetivo, a través de una gradualidad bien estudiada –que incluye la aceptación de la unión civil como un paso previo o una “tercera posición” – es forzar un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a la homosexualidad en sí misma rebajando el concepto del matrimonio tradicional.
Así lo expresó el activista homosexual Paul Varnell: “ El movimiento gay, lo reconozcamos o no, no es un movimiento de derechos civiles, ni tampoco un movimiento de liberación sexual, sino una revolución moral dirigida a cambiar la visión moral que la gente tiene sobre la homosexualidad” (cfr. “ Chicago Free Press” , 16-8-2000 ).
No se advierte o no se quiere advertir que, cediendo ante esa revolución moral se está dificultando, además, de ir a la raíz de la homosexualidad que, lejos de tener un origen genético, tiene por lo general como punto de partida una disfunción en los vínculos primarios –función paterna masculina y función materna femenina- que puede ser objeto de un tratamiento terapéutico.

Falta de auténtica representatividad de los legisladores
En el régimen de la democracia representativa imperante en nuestro país los senadores y diputados son delegados de los habitantes de la Nación que les otorgan un poder por medio del voto para legislar de acuerdo a un programa que, normalmente, deberían exponer con toda claridad durante la campaña electoral.
No se comprende, entonces, que los legisladores puedan sentirse legitimados, ni siquiera desde este punto de vista, para emprender una reforma antinatural de una institución fundamental como lo es el Matrimonio, con las gravísimas implicaciones que ello tiene, sin que ni siquiera conste que dicha reforma haya formado parte de sus plataformas electorales y lealmente expuesta a los electores.
Obviamente, nada tienen que ver con la voluntad de los electores las presiones mediático-publicitarias a favor de los   “matrimonios” entre personas del mismo sexo en llamativa sincronía con la agenda legislativa.

¡Legislen a favor de la vida y la familia!
Señores Senadores, ¡no legislen a espaldas del país!
Los invitamos a rechazar los proyectos de ley que desfiguran al único y verdadero Matrimonio y, al mismo tiempo, a que promuevan el bienestar general de la Nación impulsando medidas legislativas destinadas a fortalecer la familia, institución que genera los mejores anticuerpos contra las adicciones, la violencia, el desarraigo y la vulnerabilidad de niños y adolescentes.
Apliquen lo mejor de sus esfuerzos para promover leyes que favorezcan a los jóvenes que quieran unirse en matrimonio, fomentando la creación de fuentes dignas de trabajo, facilitando el acceso a la vivienda, con propuestas de exención impositiva para las familias numerosas, y destinando recursos para establecer un servicio médico integral –que incluya ayuda económica y psicofísica- a la madre y al niño desde el momento de la concepción, como también preocupándose de optimizar la atención hospitalaria y ordenando el régimen de adopciones para estimular que los niños sin padres puedan insertarse en una familia que hace años esperan.
Esperando una respuesta favorable a nuestro pedido, imploramos a Dios que, por medio de la Virgen de Luján, Reina y Patrona de la Argentina, ilumine a nuestros legisladores para que cumplan fielmente el deber en esta hora crucial de nuestra historia.

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