La misiva, firmada por Martín J. Viano y la Lic. Araceli Ramilo Alvarez de Viano, destaca que dicho objetivo parece inscribirse en el marco de una campaña puesta en marcha en distintas partes del país, que, de tener éxito, vaciará a nuestra sociedad de sus valores religiosos, de su cultura y de su tradición, que hacen a la identidad nacional.

Es la razón por la cual, tras justificar del punto de vista jurídico y de nuestras tradiciones históricas la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, Para Hacerse Oir-Hablemos Claro insta a las autoridades provinciales a oponerse por todos los medios legales a la pretensión de la asociación “20 de Setiembre”.

Doctor Celso Jaque Gobernador de la Provincia de Mendoza Av. L. Peltier 351 5500- Mendoza

De nuestra mayor consideración: Ha llegado a nuestro conocimiento que la asociación civil mendocina “20 de Setiembre” ha dirigido una misiva a las autoridades provinciales solicitándoles que informen “cuál es el marco legal en que se sustentan, a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos”.

El objeto de dicha iniciativa sería, de acuerdo a la declaración de uno de los dirigentes de la entidad, obtener que sean retirados de los espacios públicos los crucifijos y otros símbolos religiosos –cuya presencia califica de “invasión”- aduciendo para ello el principio de “neutralidad” del Estado y la necesidad de “vivir una democracia de mayor intensidad, pluralidad y respeto mutuo” . (cfr. DERF, Agencia Federal de Noticias, 29-1-2010)

Ante lo expuesto, nos dirigimos a usted para hacerle notar que dicho objetivo parece inscribirse en el marco de una campaña puesta en marcha en distintas partes del país, que, de tener éxito, vaciará a nuestra sociedad de sus valores religiosos, de su cultura y de su tradición, que hacen a la identidad  nacional.

Puestas estas circunstancias, es indispensable dejar claro que existe fundamento en nuestro ordenamiento jurídico para exponer símbolos religiosos en los edificios públicos. En efecto, como es sabido, en virtud del art. 31 de la Constitución Nacional, ésta es ley suprema de la provincia de Mendoza. 

Constitución que, si bien es de tipo ¨racional-normativo¨, también amalgama algunos caracteres de tipo ¨tradicional-historicista¨. Esto es,  nuestra Constitución plasmó contenidos que estaban afincados a la comunidad social que la preexistía, y que los legitimó a título de la continuidad y permanencia que acusaban en la estructura social.

Ahora bien, en el art. 2 la Constitución dispone que el gobierno sostiene el culto católico, apostólico romano. ¨Sostener¨ significa en este contexto: a) La unión moral del Estado con la Iglesia y b) El reconocimiento de ésta como persona de derecho público. La existencia de crucifijos en edificios públicos, pues, coadyuva a la finalidad constitucional de sostener el culto católico, de conformidad al status jurídico del que goza la Iglesia. Se está coadyuvando, así,  a hacer efectiva una enunciación solemne establecida en la Constitución Nacional.

En lo atinente a las imágenes en los despachos de los funcionarios, éstos tienen plena libertad para escoger las que se exhiban en sus lugares de trabajo, siempre que no se ofenda la moral y el orden público. En modo alguno puede suponerse que la presencia de un símbolo religioso restrinja la libertad de las personas de diverso culto.

Esta pretensión de la asociación “20 de Setiembre”,  pese a su aparente moderantismo, debe ser analizada, por lo demás, en el contexto de lo que está ocurriendo en otras provincias, en las cuales, bajo diversas formas, se ha declarado una guerra a la Cruz, a cuyo amparo nació nuestra Patria y la cual contiene un llamado a la Salvación, válido para todos los pueblos.

Es de temer, entonces, que otros sectores se sumen al pedido de dicha asociación y comience a exigirse, en nombre de una trillada y mal entendida “discriminación”, sean  retirados los crucifijos e imágenes religiosas de los edificios y de la vía pública en general. 

De ser así, ¿qué no habremos de temer por el futuro de nuestra querida Patria? ¿Asistiremos al sistemático retiro o supresión de crucifijos, imágenes de la Virgen María –¡de nuestra Reina y Patrona la Virgen de Luján! – y de todo símbolo religioso de nuestros, despachos oficiales, juzgados, escuelas y hospitales públicos, estaciones y terminales de trenes y de ómnibus, que generaciones y generaciones de argentinos han venerado con confianza y ternura? ¿Veremos arrancar de nuestra Cordillera de los Andes, de no cesar esta ofensiva contra los símbolos religiosos, el monumento a Cristo Redentor, erigido en el año 1904 a 3.854 metros sobre el nivel del mar en la frontera argentino-chilena, para celebrar la superación pacífica del conflicto que había llevado a ambos países al borde de la guerra?

Todo es posible en la perspectiva de que, en la Argentina de hoy, de uno u otro modo, se está alimentando un clima de animadversión contra la Cruz, no muy diferente  del que durante años promovió el Partido Nacional Socialista Alemán que así resumía en 1936 el periódico nazi ¨Der Durchbruch¨ (¨La brecha¨): ¨Si Alemania quiere vivir, ¡ha de caer la cruz!¨ (¨El cristianismo en el Tercer Reich¨, Tomo 11, Testis Fidelis; Ed. ¨La Verdad¨; Buenos Aires; marzo de 1941; pág. 219).

Instamos por lo tanto al Señor Gobernador a oponerse por todos los medios legales a la pretensión de la asociación “20 de Setiembre” recordando que Nuestro Señor Jesucristo prometió: ¨A todo aquel que me confiese delante de los hombres, Yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial; mas a quien me niegue delante de los hombres, Yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial¨ (MT. 10, 32 y 33). Descontando una respuesta favorable de su parte, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente