09/11/2013 - Opinión Eduardo Epszteyn

Mauricio Macri proyecta alcanzar en 2014 un crecimiento real del gasto público local de más de 25% durante toda su gestión. Para eso, el Ingeniero prepara el ejercicio fiscal del próximo año reafirmando las tendencias más regresivas de su administración: límite a la inversión pública por el peso de los contratos de bienes y servicios corrientes, deterioro de la matriz tributaria y agravamiento de la situación de endeudamiento. Esta abundancia presupuestaria maquilla el costo de oportunidad de su gestión, medido en las obras estructurales no realizadas y el abandono de los servicios sociales de salud, educación y vivienda.
Al macrismo le toca gobernar la Ciudad en un contexto inédito de continuo crecimiento económico del país. El Estado nacional, además, creció en su importancia sobre la economía de la Ciudad. A esto hay que agregar que el PRO volverá a recurrir a una fija: la suba de impuestos.
Comparado con el 2008, los recursos tributarios crecerán en el peso total de los ingresos en tres puntos porcentuales, al pasar de 90 al 93%. El caso más emblemático es el del impuesto Inmobiliario/ABL, que el año que viene aumentaría hasta un 40%. De concretarse el proyecto de Ley, en seis años la recaudación acumulada por este impuesto habrá aumentado un 562%.
Sin embargo, el nivel del gasto es tan descomunal que el resultado financiero continúa siendo negativo. En 2014, por primera vez en la historia, el déficit cruzará la barrera de los $1000 millones. ¿Cómo resolverá la ecuación el Ingeniero? Con una de las recetas neoliberales por excelencia, el endeudamiento público.
Entre la disminución de la inversión financiera -$772,3 millones- y la realización de operaciones de crédito público -$3.151,8 millones-, las fuentes financieras para el 2014 casi llegan a tocar los $4 mil millones, un 82% superior a lo pronosticado para el 2013. La hipoteca que año a año el macrismo está dejando a los porteños sube a tasas inverosímiles.
El stock de deuda en 2014 llegaría a $10.930 mil millones. Cuando Macri estaba finalizando su primer año de gestión, la deuda de la Ciudad era nítidamente inferior, $1.750 mil millones. Además, el año que viene se deberán abonar $1.200 millones de intereses. Ese monto equivale a cuatro líneas de Metrobús o a seis veces el total asignado en 2013 para préstamos a largo plazo para la adquisición de vivienda propia.
Más de uno, razonablemente, debe estar pensando que las descomunales obligaciones que tendrá que afrontar el próximo Jefe de gobierno –con datos al 30 de septiembre, sólo en el 2017 se deberán cancelar US$600 millones entre amortizaciones e intereses- tendrán como contrapartida una herencia importante de obras públicas en inversiones durables. Contra cualquier intuición, esto no será así.
De los $3.200 millones de nuevas colocaciones en 2014, casi la mitad serán para refinanciar prácticamente el total de los vencimientos –toma deuda futura en dólares para pagar los vencimientos actuales, de los cuales casi la mitad está en pesos-. El resto irán principalmente a obras del subte e inversiones para la Cuenca del Arroyo Vega. Sin embargo, nada asegura que terminen teniendo esa finalidad. Recordemos que en 2011-2012 se colocaron títulos por casi US$400 millones a la aberrante tasa del 12,5% de interés para que los fondos terminen en cualquier parte –como en un plazo fijo en el Banco Ciudad o comprando Letras del Tesoro- antes que en obras para el Subte o para prevención contra las inundaciones.
La inversión real directa –casi $10 mil millones- ocupa el 17% del total de gastos, mientras que en 2008 ese porcentaje llegaba a 19 -y a pesar de se contaba con un nivel de endeudamiento mucho menor-. El gasto, en definitiva, no va a tomógrafos ni a escuelas. Tampoco a urbanizar villas ni préstamos para viviendas, que siempre sufren con la subejecución de sus partidas. El gasto irá destinado a los servicios y empresas proveedoras del Estado.
El drenaje del flujo de recursos viene por el lado del desmanejo de los contratos de servicios púbicos por privados a los que se les otorga una elevada indexación real –como es el caso del contrato de la basura-, o a la ineficiente utilización de recursos –tal como quedó demostrado con el Metrobús de 9 de Julio-. Para juzgar cómo el PRO entiende la gestión de la Ciudad, basta con parafrasear a Guillermo Dietrich, Subsecretario de Transporte y Tránsito porteño, opinando sobre el costo del Metrobús: "Si un bidet cuesta $100 o $1000 me da lo mismo".