La Corte de Apelación ha decidido poner en libertad a Nicolas, pero su caso no ha acabado, nos informa el portal Hazte Oír de España en una noticia que reproducimos a continuación.

Se le impone una multa de 3.000 euros. Pero el caso no está cerrado: la defensa tratará de hacer que se revise la sentencia. Más de 1.200 franceses han sido ya detenidos por defender la familia y a la infancia ante la Ley Taubira, que impone el pseudomatrimonio homosexual.

A primera hora de la tarde de ayer llegaba a la Corte de Apelación de París el joven Nicolás Bernard-Busse, el estudiante de 23 años condenado a cuatro meses de cárcel (dos de prisión firme) por defender el matrimonio, la familia y la infancia y participar en las protestas cívicas pacíficas contra la llamada Ley Taubira, por la que se impone el pseudomatrimonio homosexual, obviando también el derecho de los niños a tener un padre y un madre en casos de adopción.

El caso de Nicolás ha desatado en Francia una de las polémicas civiles más intensas de los últimos años y ha alimentando la rebelión cívica sin predecentes que se vive en Francia contra una ley injusta. Todos los días ha habido protestas en diversas ciudades del país exigiendo su liberación. Incluso se han formado grupos de veilleurs (“veladores”) que durante horas se han venido manifestando en pie, inmóviles y en silencio, ante las prefecturas de policía y palacios de Justicia de toda Francia.

Comentario de Para Hacerse Oír-Hablemos Claro: A continuación la noticia dada a conocer por Hazte Oír en la cual tan solo hemos introducido pequeñas modificaciones en los títulos

Se le impone, eso sí, una multa de 3.000 euros, de la que sólo se ejecutará la mitad. Pero el caso Nicolas no está cerrado. Ahora la defensa tratará de hacer que se revise la sentencia. Pero incluso si esto conoce un final satisfactorio, las huellas de la represión gubernamental tardarán en borrarse.

del pesudomatrimonio homosexual les ha costado pasar por las dependencias policiales. Desde las primeras movilizaciones sociales contra la ley Taubira, el Gobierno socialista de François Hollande ha decidido mantener su política represiva con permanentes intervenciones de la fuerza pública, y ello a pesar de las críticas que eso le ha costado en las instituciones europeas por la evidente desproporción de los medios empleados.

No ha sido la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa la única que ha llamado la atención al socialista Hollande por este hecho: los propios policías franceses han formulado quejas oficiales, a través de sus sindicatos, por el despilfarro de recursos. Tal y como cuenta el suceso el propio sindicato en su web, el pasado 28 de junio el Ministerio del Interior dio orden de movilización a la décima compañía de CRS para “contener eventuales desórdenes en torno al palacio del Eliseo”, la sede de la presidencia de la República. Una compañía de CRS consta aproximadamente de unos 140 hombres a bordo de un número variable de furgones blindados. La misión de los CRS en esta ocasión era, textualmente, “identificar el perfil de los individuos” que en ese momento se desplegaban alrededor del palacio. Los individuos “desplegados” eran en realidad sólo seis personas del movimiento de los veilleurs, manifestantes pacíficos e inmóviles que, permaneciendo quietos y en pie, a distancia unos de otros, pedían la liberación de Nicolás Bernard-Busse. La décima compañía de CRS llegó al Eliseo. Vio a los seis veilleurs. Les invitó a abandonar el lugar. Lo hicieron. Tomaron camino de vuelta a Le Mans: 200 kilómetros para tan poca cosa.

Pero ahí no acaba la historia, porque, apenas de vuelta en su base, la misma compañía fue de nuevo movilizada. ¿La causa? Al parecer, dos veilleurs seguían en los alrededores del palacio. La compañía recibió la orden de volver a París. De nuevo los 150 efectivos, con sus vehículos, aparecieron en el Eliseo. Consigna: “Encender faros y sirenas y amedrentar a los revoltosos”. Así lo hicieron. Con la particularidad de que los dos revoltosos ya no estaban allí. “¡Gracias a las CRS la República ha sido salvada!”, ironiza el sindicato policial.

El episodio da clara medida de la desproporción de la represión gubernamental. Sería cómico si no fuera porque más de un millar de ciudadanos franceses –algo más de 1.200, según las organizaciones que protestan contra la Ley Taubira– se han visto detenidos, interrogados, fichados y hasta internados en los calabozos de la Policía, en ocasiones sin consecuencias judiciales, pero en otros muchos casos con cargos de diferente entidad.

La situación ha llegado al punto de que en el entorno de La Manif pour Tous ha surgido una instancia de asistencia jurídica: “Solidarité pour Tous” (“Solidaridad para todos”), que desde su página web se dedica a recaudar fondos y prestar ayuda tanto a los detenidos como a las víctimas de la violencia policial.

El asunto tiene una perspectiva sociológica interesante, y es que el perfil medio de las víctimas de la violencia policial, en este caso, es completamente inédito: en su aplastante mayoría se trata de hijos de militares, o de abogados, o de jueces, o de altos funcionarios o también, sí, hijos de policías, en cuya visión de las cosas no cabía la idea de que las fuerzas del orden pudieran ser algún día sus enemigos. Pero la incontinencia represiva del presidente Hollande y el ministro Manuel Valls ha obrado el prodigio. Ahora Nicolas está en la calle, pero el movimiento contra la ley Taubira no va a parar.