En su momento, el ARI -liderado por Elisa Carrió-, presentó pruebas que relacionaban a la empresa pesquera española Conarpesa con apoyo financiero a la campaña del Presidente Néstor Kirchner. El sospechoso homicidio del empresario santacruceño Raúl “Cacho” Espinosa, y el sugerente nombramiento de Graciela Ocaña en el PAMI, como intento de silenciar una investigación que relacionaba al Presidente con el asesinato.

No hace mucho tiempo, en febrero de 2005, la líder del ARI, Elisa Carrió, había asegurado que el Gobierno nacional estaba relacionado con “la mafia” de la pesca, remarcando que una empresa de ese sector -Conarpesa-, a la que vinculó al narcotráfico, “financió la campaña presidencial” de Néstor Kirchner. Carrió dijo oportunamente que esa empresa “es la verdadera causa del gobierno, porque financió la campaña” y precisó: está controlada por otra, relacionada con la denominada “Operación Langostino”.

La ex diputada -que lideró la investigación parlamentaria sobre lavado de dinero- había asegurado además que “uno de los recaudadores de campaña tiene un gran cargo en el Ejecutivo Nacional”. Luego Carrió haría saber que tal “rol” era desempeñado por el Ministro de Planificación, Julio de Vido.

Carrió, quien reclamó insistentemente que Kirchner identifique públicamente a quienes aportaron dinero para solventar su llegada a la presidencia, subrayó: “el financiamiento de campaña es la gran trampa”. Dijo además que la empresa en cuestión “maneja la Patagonia, son mafia, y están dispuestos a matar”. Puntualizó que los propietarios de la firma en cuestión, dos empresarios españoles, “son testaferros” de Jorge Antonio, un industrial con vinculaciones con el justicialismo, y de quien se dice que financió la campaña presidencial de Carlos Menem.

Los dos empresarios españoles citados por Carrió son prófugos de la Justicia en una causa en la que se investiga el homicidio de Rubén “Cacho” Espinosa, por la que ya pasaron quince magistrados, según recordaron fuentes tribunalicias. Espinosa, también empresario pesquero, fue asesinado en Puerto Madryn el 30 de enero de 2003, de un disparo en el pecho. El asesino le disparó delante de su mujer, que en ese momento estaba embarazada de mellizos, y que durante la rueda de reconocimientos señaló a José Segundo, como autor de homicidio.

Según la hipótesis de la investigación, el crimen se habría cometido por encargo. Espinosa había trabajado como estibador y se relacionó con la empresa ahora denunciada por Carrió, donde llegó a conducir la firma, que tiene plantas de procesamiento en Chubut y Santa Cruz. Pero luego se independizó, no en los mejores términos, y fundó su propia industria, Pesquera San Isidro.

La investigación estuvo a cargo de una quincena de magistrados, que se excusaron o abandonaron la causa por distintos motivos, uno de los últimos en dejar el caso, Juan Eduardo Meani, aseguró que fue víctima de “presiones” para que revocara las órdenes de captura contra los dos empresarios españoles.

Lo llamativo del caso fue que pocos medios prestaron atención a las declaraciones de Carrió, ya fuere por presiones adicionales provenientes desde el Gobierno o porque consideraran que era un nuevo intento de la ex diputada por atraer atención mediática.

Las presiones que, por su parte, recibiera el juez de Puerto Madryn, Juan Eduardo Meani, para apartarse de la causa del asesinato de Espinoza -caso en el que ya tenía pruebas suficientes para procesar a los titulares de Conarpesa- fueron vistas oportunamente como un intento del gobierno de Santa Cruz -en ese entonces en manos del actual Presidente- para proteger a quienes financiarían luego su campaña.

La empresa Conarpesa, de hecho, no sólo fue seguida de cerca por su relación con el caso que terminó en la conocida Operación Langostino -los 600 kilos de cocaína incautados, escondidos en cajas con idénticos crustáceos-, sino también por la operatoria monopólica con que se manejaban en el espacio costero de Santa Cruz.

Precisamente, la actividad pesquera de Conarpesa serviría de una fachada ideal para el tráfico de drogas, especialmente cocaína de alta pureza, que ingresa en la Argentina a través de Bolivia -y ahora también Paraguay-, y luego sale embarcada en grandes cantidades hacia España, puerta de entrada para satisfacer a los consumidores europeos.

La relación de Conarpesa con el Presidente Kirchner, en tiempos que era Gobernador de Santa Cruz, era en su momento claramente visible, pues los directivos de la empresa española normalmente acompañaban a Néstor Kirchner en sus actividades de campaña.

En Santa Cruz es conocido el hecho de corrupción en altas esferas de los sucesivos gobiernos provinciales, que aceptaron dinero de Conarpesa para permitir a ésta contar con el monopolio en la explotación pesquera de la región, que a nivel recursos es una de las más dotadas del sector marítimo argentino.

Pero la obtención de tal monopolio de explotación, no sólo habría beneficiado a la empresa española a nivel pesquero, sino que también le abrió las puertas para otro tipo de negocios más “blancos”. Y fue el mismo monopolio que debía mantenerse a toda costa: por eso, el asesinato de Espinosa, que se “abrió” de la empresa para incursionar en el lucrativo negocio de la pesca industrial.

Por otra parte, la actual directora del PAMI, Graciela Ocaña, oportunamente trabajó en las filas del ARI, y una de sus actividades principales en el partido fue llevar adelante la investigación relacionada con Conarpesa, las contribuciones que tal compañía hacía a las arcas de campaña de Kirchner -normalmente a través de de Vido-, y desarrollar los puntos de contacto del asesinato de Raúl Espinosa con ciertos funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, hoy devenidos en funcionarios del Gabinete Nacional.

El asesinato del empresario pesquero ha visto pasar “de largo” a varios jueces, ninguno de los cuales pudo sentenciar a prisión al único acusado en el caso, ni siquiera contándose con todas las pruebas materiales ni las aportadas por testigos. Los rumores más intensos aún se ocupan de dar cuenta de que Conarpesa aprovechó sus contactos con ETA en España para contratar al asesino a sueldo que finalmente quitó la vida a Espinosa.

El tiempo dirá si el caso Conarpesa constituye el verdadero talón de Aquiles del Gobierno del Presidente Néstor Kirchner. El Ojo Digital Política y Seprin.com
La mayoría de la gente cree que el negocio es traficar, si es cierto es un negocio, pero el mejor negocio es garantizar las rutas del narcotráfico, al control de las Fuerzas Policías. Y quien mejor capacitado que el gobierno de un país. Con su políticos corruptos. En un país más o menos organizados, los carteles de la droga compran a Jueces, Policías y/ Políticos… Pero en otros países directamente controlan gobierno o buena parte de ellos.

En nuestro país, no hay pruebas para acusar al gobierno de narcotraficante, pero si hay pruebas para decir que “tiene un profundo desinterés de la radarización y del control del narcotráfico” es decir hasta ahora con su “presunta inacción” garantiza las rutas de la droga.

No se entiende porque los “radares que hay funcionan sólo seis horas al día y tienen prohibido activarlos fuera de ese horario y de cambiarlo de lugar sin previa autorización” del Gobierno.


“El barrio de Villa Soldati está copado por mafiosos de Paraguay; Constitución está captado por dominicanos; los bolivianos hacen negocio con todos, son cuentapropistas; los mexicanos tiene oficinas en Puerto Madero; los peruanos ocupan espacio en la villa 1-11-14; los colombianos están por todo Pilar; y por supuesto tenemos grupos locales”, precisó Izaguirre, en declaraciones a Diario Popular.

El especialista señaló que “la vulnerabilidad de los controles fronterizos, aéreos, terrestres y marítimos son el principal problema”, para luego agregar que “hay zonas que parecen intocables, como territorio liberado para el narcotráfico, por ello los grupos internacionales comenzaron a ver el negocio aquí y naturalmente abrieron sus cocinas”.

Por su parte, el prestigioso perito Roberto Locles sostuvo que “el laboratorio de drogas que se logró desbaratar en Ingeniero Maschwitz, propiedad de mexicanos, fue un golpe importante, pero apenas la punta del icebergde un fenómeno lamentable ya instalado en el país”.

En tanto, el periodista y escritor mexicano, Ricardo Ravelo, autor de Los capos: las narco-rutas, consideró que “por el tipo de instalaciones que encontraron en la Argentina, la edad y la procedencia de todos los mexicanos detenidos allí y por el destino de los cargamentos de efedrina contrabandeada desde Buenos Aires, quien está instalado en la Argentina es el cartel de Sinaloa”.

Sobre algunos informas que obtuvimos de fuentes de inteligencia destacamos:

Venezuela se ha convertido en un narcoestado y altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despachan diariamente alrededor de media docena de aviones cargados de cocaína rumbo a Estados Unidos, aseguró el presunto narcotraficante venezolano Walid Makled.

En declaraciones transmitidas por el programa Aquí y Ahora de la cadena Univisión, Makled dijo que mantuvo bajo nómina a generales y a altos funcionarios venezolanos y que organizaciones terroristas del Oriente Medio operan con impunidad en el país petrolero.

“En San Fernando de Apure, diariamente de ahí salen cinco o seis aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México, y de México hacia Estados Unidos”, afirmó Makled en el programa transmitido en la noche del domingo.

La participación de las autoridades venezolanas en los envíos es total, aseguró Makled. “Es de 100 por ciento, hermano, claro, porque es territorio venezolano”.

Los envíos estarían siendo realizados a través de una red conformada por elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con oficiales del Ejército venezolano para enviar vastos cargamentos de droga, señaló Makled.

Esos envíos se realizan “todos los días. No es que un día sí y un día no; es diariamente. Estamos hablando de cuatro o cinco aviones diarios que salen de Apure, entre las FARC y el Ejército venezolano, diariamente”, señaló.

Las operaciones en San Fernando de Apure, una ciudad llanera ubicada en el suroeste del país latinoamericano, no sólo se limitan al transporte de la droga, dijo.

“No es un secreto que en Venezuela, en San Fernando de Apure, ahí funcionan laboratorios de cocaína, igual que en Maracaibo, en territorio venezolano, los cuales son resguardados por el mismo gobierno venezolano”, declaró.

Makled, un empresario venezolano acusado por la justicia estadounidense de ser “un rey entre los capos de la droga”, se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá y enfrenta solicitudes de extradición presentadas simultáneamente por Caracas y Washington.

El narcotraficante, detenido en Colombia, indicó que los aviones parten desde Apure con destino a Honduras. La ruta descrita coincide con la del zar de la droga de EEUU.

Desde la cárcel, en una entrevista exclusiva para Univisión, Walid Makled, habló sobre sus presuntas conexiones con diferentes instancias del gobierno venezolano. Asegura que “trabajó con el gobierno de Chávez no 4 sino 8 años, y tuvo múltiples negocios con altos funcionarios tanto del gobierno como de las Fuerzas Armadas Nacionales”.

Y que se entiende porque “con la caída del presidente Hondureño” Chavez perdió mucho dinero de la ruta de la Droga.

Lo que sospecha la Justicia es que los fondos de campaña estarían compuestos de “plata negra” que luego habría sido blanqueada por testaferros de Lorenzo, los cuales a su vez hicieron donaciones en cheques a la campaña K. En tal sentido, cabe preguntarse: si no fueron aportes legítimos, ¿de dónde derivaron esos fondos?

Lo que pudo probarse es que, al menos en parte, el dinero ha provenido del narcotráfico. Al menos es lo que demuestra el circuito que han recorrido algunos de los cheques, los cuales salían de la Obra Social Bancaria, pasaban por las cuentas de la droguería San Javier y terminaban siendo cobrados en efectivo por Ibar Esteban Pérez Corradi, un acusado de narcotráfico que la DEA pidió extraditar a EE.UU (Un dato no menor: Pérez Corradi ha sido, a su vez, socio del asesinado Sebastián Forza).

En tal contexto, el informe de la unidad fiscal antilavado complementa todas las sospechas existentes: sin dudarlo, en sus conclusiones señala que estos y otros movimientos “revisten característica sospechosas” que podrían encuadrarse como delito de lavado de dinero.

Esto debe sumarse al informe redactado por la embajada de Estados Unidos a principios del año 2008, que asegura que parte del dinero para la campaña de Cristina provino del tráfico de estupefacientes. Señala a ese respecto dos fuentes concretas: las FARC de Colombia, vía gestión de Hugo Chávez —el ingreso de la valija de Guido Antonini Wilson estaría en esa línea— y dos cárteles de la droga de México, uno de ellos sería el de Sinaloa, dirigido por Joaquín Chapo Guzmán Loera.


Pérez Corradi fue denunciado en dos oportunidades por Sebastián Forza por amenazas, motivo por el cual no se entiende por qué la Justicia aún no lo llamó a declarar en el marco de la causa que investiga su muerte. ¿Acaso posee un “paraguas protector” desde lo más granado de la política vernácula?

Otro de los personajes que en las últimas horas los investigadores han puesto en la mira por sus amenazas a Forza es Marcelo Abasto, también mencionado por este medio antes que ningún otro. El 3 de septiembre de 2008, antes de que apareciera siquiera mencionado en la causa judicial, Tribuna de periodistas publicó que era una de las personas que debía investigarse: “Marcelo Abasto es un joven sanjuanino, titular de droguería Multifarma que ostenta el mismo récord que el de los asesinados: aportó dinero a la campaña presidencial y posee docenas de cheques rechazados por un total de $1.361.872,22.”

Aunque se intenta despistar a la opinión pública asegurando que la responsabilidad en torno al triple asesinato gira en torno a sicarios mexicanos, cada día cobra más fuerza la línea sostenida por este periódico respecto de la responsabilidad de fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién, si no, podría haber liberado la zona donde ocurrieron los hechos? ¿Qué mejor estrategia que hacer creer que se trató de narcos mexicanos utilizando su misma metodología a la hora de matar?
En el mismo sentido, se quiere hacer creer que la responsabilidad de todo le cabe a un cártel mexicano que se sintió traicionado por un supuesto envío de efedrina “rebajada con sal” (¿?), el cual habría enviado sicarios que entraron y salieron cómodamente del país, sin intervención de funcionarios argentinos. ¿Es creíble semejante disparate?

¿No fue contraproducente acaso para los narcotraficantes mexicanos lo sucedido, al haber perdido la gallina de los huevos de oro?

• Las dos principales pistas que sigue la Justicia -la de la efedrina y la de los remedios adulterados-, han mostrado ser parte de una sola línea. Se ha demostrado que casi todas las firmas que aparecieron relacionadas al tema “efedrina” también estaban vinculadas a negociados con medicamentos “truchos”.
• A esta altura, los investigadores creen que el móvil principal de la muerte de los jóvenes está relacionado al intento de quedarse con un mercado que estaba copado por otro grupo: el de la exportación de efedrina. En esta línea tendrían relevancia el mencionado Pérez Corradi y su “subalterno”, Luis Marcelo Tarzia.
• Ninguno de los “negocios” llevados a cabo por estos intermediarios con los cárteles de México podría realizarse si no existiera la connivencia de funcionarios del kirchnerismo, especialmente de sectores vinculados al Ministerio del Interior, el de Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones. Estas certezas son las que permiten entender por qué se intenta desinformar incesantemente a los medios y por qué no se avanza más allá del señalamiento sobre ciertos “perejiles”.

En las últimas horas, Solange Bellone -viuda de Sebastián Forza- comenzó a apuntar sus cañones hacia Ibar Pérez Corradi. Lo hizo crípticamente, pero sin pelos en la lengua, al asegurar que el culpable de la muerte de su marido es “una persona que tiene un gran apoyo político”. En el mismo sentido, agregó que los tres jóvenes “cayeron en una trampa”.

Un dato aún desconocido: Forza trabajó con Pérez Corradi en una oficina ubicada en Pasaje King de esta Capital Federal. Aunque no trabajaban juntos, eran “asociados”: Forza acercaba los negocios y Pérez Corradi ponía el dinero.

“Cuando ibas a la oficina no podías dejar de impresionarte porque había una mesa llena de dinero que traía Corradi para ‘blanquear’. Sebastián lo ayudaba comprando y vendiendo remedios y ambos sacaban jugoso provecho de la situación”, aseguró a este medio un empresario que supo frecuentar el mencionado lugar.

A fines de 2007, Forza y Pérez Corradi rompieron lanzas, hecho que habría hecho trastabillar financieramente al primero. A partir de allí vendrían las amenazas y las consecuentes denuncias en la Justicia. Lo demás, es historia conocida.

Por todo lo mencionado es que debe profundizarse la indagación sobre las amenazas que recibía Sebastián Forza, no sólo por parte de Corradi, sino también de un tal “Cali”, cuya identidad intenta determinar la Justicia en estas horas.

Otro de los personajes bajo sospecha es Martín Magallanes, a la sazón socio del suicidado Ariel Vilán y con fuertes vínculos con el anteriormente nombrado Tarzia. Es dable recordar que Tarzia es el único argentino detenido junto a nueve mexicanos en el allanamiento de Ingeniero Maschwitz del 18 de julio pasado, donde se secuestró, entre otras cosas, gran cantidad de precursores químicos.

No casualmente, Tarzia tenía un celular específico para comunicarse con otro de los mencionados en esta causa, Marcelo Abasto, y ambos tenían comunicación directa con Pérez Corradi.

Hablando de este último, el jueves 4 de septiembre último, por orden del juez Faggionatto Márquez, la policía de Tráfico de Drogas Ilícitas allanó una droguería situada en Constituyentes 390 de General Pacheco, donde se encontró documentación sobre la compra de 650 kilos de efedrina.

Aunque mucho se especuló sobre el real funcionamiento del lugar, por el estado abandónico en el que se encontraba al momento del allanamiento, pocos saben que el mandamás de la supuesta “droguería” es Pérez Corradi. Eso quizás ayude a entender por qué el sindicado como dueño del galpón, Jorge Alberto Ochoa, aún se encuentra prófugo de la Justicia.

Otra vez la misma pregunta: ¿No es pertinente que la Justicia cite a Pérez Corradi?

La incesante presión oficial de los últimos días, es la prueba más cabal de que el curso de la investigación preocupa a más de un funcionario kirchnerista. Por caso, Ana María Yacobucci, titular de la fiscalía Nº 32 de esta Capital Federal, es una de las más afectadas por ello y evalúa en estas horas abandonar por completo el expediente por la muerte de los jóvenes.

Pase lo que pase a futuro, quien esté a cargo de la causa deberá indagar sobre las siguientes personas a efectos de llegar a la verdad:

• Martín Lanata: funcionario muy cercano a un ministro de la Nación. Es quien, inexplicablemente, dio permiso de portar armas a Forza y a Pérez Corradi.
• Guillermo Martinero: un abogado que cambiaba cheques a Pérez Corradi, Forza y otros titulares de firmas sospechosas.
• Los hermanos Marcelo y Diego Colosa: proveedores de la obra social del Hospital Militar y asiduos viajeros entre Perú y Buenos Aires. El nexo entre estos y los demás mencionados es Martinero.
• Ricardo Martínez: Padre del actor Mariano Martínez y uno de los más importantes compradores de efedrina.
• Horacio Román: Ex senador por la Provincia de Buenos Aires. Fuertemente vinculado a la industria farmacéutica y sindicado como padrino de varios jueces, fiscales y comisarios del conurbano. Finalmente, un dato para preocupar al gobierno: el narco mexicano Jesús Martínez Espinoza -fuertemente vinculado a Tarzia- no está prófugo como se cree, sino que colabora con la DEA en estas horas.

La Argentina es sede del cartel de Sinaloa, el más poderoso grupo de narcos de México. Una investigación demuestra que los nueve mexicanos detenidos en un laboratorio de Ingeniero Maschwitz –a quienes los investigadores relacionan con Sebastián Forza como presunto proveedor de efedrina– pertenecen al cartel liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán Lorea, el más peligroso de los capos mexicanos y el más buscado por los Estados Unidos. Los investigadores del triple crimen aseguran que Forza mantuvo varias reuniones en el café Tucson del Unicenter con Iber Esteban Corradi, un empresario argentino al que la DEA investiga por ser el presunto nexo entre los carteles mexicanos y los proveedores locales de efedrina.

El cartel de Sinaloa es una organización más parecida a un holding empresarial que a una banda. Por eso sus brazos se extienden hacia los mercados mundiales. Y ya tocaron el corazón de la Argentina, donde el interés se centra en la efedrina, el componente principal de las drogas sintéticas, prohibida en México. Esta semana dos empresarios distribuidores de precursores químicos inscritos en el registro oficial de la Sedronar fueron detenidos acusados de venderles la sustancia a los mexicanos. Cuando allanaron las oficinas de Mario Ribet, los investigadores descubrieron que, además, habían vendido más de 2.300 kilos cuyo destino ocultan. Al mismo tiempo la Aduana está a punto de destruir otras dos toneladas de efedrina que recalaron en el aeropuerto de Ezeiza, provenientes de la India, pero con destino final en México. El ministro de Justicia Aníbal Fernández reconoció que el Gobierno ya le pidió ayuda al embajador norteamericano, Earl Wayne, y a la DEA.

De Guanajuato a Maschwitz. Cuando la Policía Bonaerense y el juzgado federal de Campana divulgaron la noticia de un laboratorio de drogas sintéticas allanado en una quinta de la zona norte aseguraron que los nueve mexicanos detenidos ese día pertenecían al cartel de León. Esta semana, la Procuración General de la República (PGR) del Estado de Guanajuato, cuya capital es León, emitió un comunicado oficial en el que desmiente la existencia de tal grupo. Tres fuentes expertas en la trama narco mexicana confirmaron lo dicho por la PGR y explicaron la lógica y el funcionamiento de las redes que ahora desembarcan en la Argentina, donde encuentran la condiciones ideales para expandir su negocio más rentable: las drogas de diseño con las que inundan los Estados Unidos. De todas ellas la más exitosa y rentable es el cristal meth, o metaanfetamina cristalizada, la que fabricaban en la quinta de Maschwitz. En el chalet en el que los hombres del Chapo Guzmán trabajaban día y noche hasta el allanamiento del 19 de julio pasado había 20 kilos de esos cristales de un blanco azulino y opaco, parecidos a piedras preciosas en bruto. Unas 20 mil dosis de la sustancia que se fuma y produce una euforia superior a la de cualquier otra droga.

“Por el tipo de instalaciones que encontraron en la Argentina, la edad y la procedencia de todos los mexicanos detenidos allí y por el destino de los cargamentos de efedrina contrabandeada desde Buenos Aires, quien está instalado en la Argentina es el cartel de Sinaloa”, le explicó a Crítica de la Argentina Ricardo Ravelo, autor de Los capos: las narco-rutas de México, un best seller al que le siguieron otros tres libros sobre el narcotráfico de su país. Con la misma contundencia lo confirmó Samuel González, quien fue representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ex jefe de Fiscales para el Crimen Organizado en México. “El grupo detenido en Buenos Aires está relacionado con León, una plaza que controla el cartel de Sinaloa. Su jefe indiscutido, el Chapo Guzmán, ha sido muy hábil para desarrollar su estrategia empresarial y su relación en el ámbito político donde tiene altos contactos que le garantizan impunidad”, dijo González, actual asesor en seguridad y justicia del Estado mexicano.

En off the record, una tercera fuente, del riñón de la PGR, asintió desde Culiacán, la capital de Sinaloa y una de las ciudades que han sido sembradas de cadáveres por la guerra de carteles: “Nos consta que la efedrina que viene de la Argentina entra por el aeropuerto del DF, cuyo sector de cargas es controlada por la gente del cartel de Sinaloa”. En marzo, policías federales mexicanos incautaron un cargamento de casi 52.7 kilos de efedrina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que viajaron en cuatro valijas en un vuelo de Buenos Aires-DF. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó a este diario que los pasajeros que las llevaban –nunca se presentaron a reclamarlas y no fueron detenidos– iban hacia León, Estado de Guanajuato, la patria de los que cayeron en Maschwitz.

Un día después del allanamiento en el laboratorio, en DF cayó un argentino, José Ignacio Galindo Salinas, que llegó en un vuelo procedente de Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Guadalajara, con otros cincuenta kilos de efedrina. En Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, ya cayeron varias mulas que intentaban viajar con la misma sustancia hacia México. En uno de los casos eran tres mujeres que llevaban diez kilos que les engordaban las piernas ocultos como una segunda piel bajo calzas ajustadas. También iban al DF. Otro cargamento con sesenta kilos en sacas de courier fue interceptado cuando pasó por los rayos X. Iba, vía Miami, a Guatemala, otra plaza controlada por la larga mano del cartel de Sinaloa.

El Chapo. El líder de ese grupo goza en México de una fama sólo comparable a la de Maradona en la Argentina. Es un personaje popular y casi mítico que se ha ganado el protagonismo de varios narcocorridos por sus aventuras en las que el ejército y la DEA le pisan los talones pero nunca logran atraparlo. En enero de 2001 el capo se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, escondido entre la ropa sucia, dentro de un carrito de la lavandería. Luego, a lo largo de siete años, consiguió escapar de todas las operaciones que le montaron. “En realidad, el gran éxito del Chapo es su protección oficial. De ahí su impunidad. En el 2004 se casó en un pueblo de Durango con una jovencita. Hizo una fiesta multitudinaria a la que asistieron funcionarios del gobierno de ese Estado”, dijo el experto Ricardo Ravelo, que publica sus investigaciones en la revista Proceso.
La sombra del Chapo Guzmán, cuyo pellejo fue valuado por la DEA en cinco millones de dólares, ha sido perseguido en Nayarit, Puebla, Distrito Federal, el Estado de México y Guanajuato, el lugar de donde vinieron los mexicanos presos por fabricar cristal meth en Maschwitz, y hacia donde van los cargamentos de efedrina detectados. En junio del 2005 investigadores de Estados Unidos ubicaron al capo del narcotráfico en Guanajuato. En ese momento la DEA entregó fotografías satelitales de un rancho de esa zona conocida como El Bajío, que había sido de un ex gobernador, reconocieron fuentes del gobierno mexicano. Aunque Guanajuato se mantuvo al margen de la guerra narco entre carteles terminó convertida en una plaza muy disputada por extensiones del cartel de Sinaloa y del cartel del Golfo, porque una febril industria local y un alto nivel de corrupción oficial lo vuelven ideal para el lavado de dinero.

“Los carteles mexicanos tiene presencia en 36 países del mundo. El más fuerte de ellos es el de Sinaloa –detalla el experto Samuel González desde Italia, donde da conferencias sobre narcoterrorismo–. Y es el que más presencia ha logrado en Sudamérica. Desde el 96, 97 que hubo contactos importantes con la Argentina. Ahora está claro que en la Argentina el cartel de Sinaloa lava dinero en varias áreas”.

Una fuente de la PGR explicó las condiciones que vuelven a la Argentina importante para la ruta de las drogas sintéticas. “Allá es tan fácil conseguirla que la inversión es mínima. Sale diez veces menos que en México, donde está totalmente prohibida y allí el control aparentemente es nulo”, sostuvo. La efedrina se produce sólo en Alemania, India y China. Ravelo, autor de Los capos, advierte que “los colombianos están haciendo llegar la cocaína que antes les daban a los mexicanos directamente a Estados Unidos en submarinos. Eso modificó los intereses de los mexicanos que descubrieron un negocio aún más rentable que el de la coca. La producción de drogas sintéticas es más barata, fácil y expeditiva. Las pastillas de éxtasis o el cristal se pueden producir en un espacio reducido sin tanto riesgo. Para nosotros no es una sorpresa que el cartel de Sinaloa llegue a Buenos Aires. Aprovecha las ventajas de la porosidad legal de un país que no tiene controles. En la Argentina seguramente hay una fiebre de autorizaciones legales que están permitiendo el ingreso de sustancias que en un amplio porcentaje no están destinados a la industria de los medicamentos”.

Los investigadores buscan establecer si las cuatro personas que fueron denunciadas por Sebastián Forza por amenazas de muerte tienen vinculación con el triple crimen de General Rodríguez. Se trata de Iber Esteban Pérez Corradi, Marcelo Abasto, Carlos Loureiro y Carlos Ramos. Forza los denunció el 2 de junio en la comisaría 3ª. Tres días antes, en la farmacia Viamonte –en la que figuraba como apoderado legal– le dejaron una silla de ruedas con un mensaje.

“Ahora te perdonamos la vida. La próxima vas a tener que usar la silla de ruedas para siempre. Aníbal Gordon”. “¿Conocés a alguien que se llame Aníbal Gordon?”, le preguntó a Forza el encargado de la farmacia de Viamonte 1483. La firma llevaba el nombre del fallecido agente de inteligencia de la última dictadura.

“Pediré que se registren las llamadas entrantes de Corradi”, anticipó Miguel Ángel Pierri, abogado de la familia Ferrón. Pérez Corradi, que era investigado por la DEA por su presunto nexo con los carteles mexicanos, se habría reunido con Forza y Ferrón para establecer una sociedad para exportar efedrina.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, no se sorprende cuando se habla de carteles mexicanos en Buenos Aires. “Si hay algo, es incipiente. Por eso ahora se trata de sacarles la materia prima, no dejar que accedan a los precursores químicos como la efedrina”, dijo en diálogo con Crítica de la Argentina.

• ¿Qué información manejaban en el Gobierno?
• El Gobierno es consciente de lo que está pasando. Nosotros le pedimos una reunión al embajador de Estados Unidos, Earl Wayne, y hablamos con Tony Greco, el representante de la DEA, para que aporten información.
• ¿Pero tienen información sobre la presencia del cartel de Sinaloa en el país?
• Sabemos que los grandes grupos están abandonando el tránsito de drogas naturales por la Argentina para pasar a la efedrina, que es más rentable. Específicamente de un cartel no tenemos datos, pero puedo decirle que si existe una presencia, es mínima. Ahora es necesario salir rápido a controlar el ingreso de efedrina. Si no actuamos y se instalan es imposible derrotarlos.

“Seguimos la ruta de la efedrina”, dijo uno de los investigadores que allanó la quinta en Maschwitz donde hombres del Cartel de Sinaloa producían crystal meth. La ruta los llevó a la detención de Mario Ribet, y su socia, una mujer de apellido Russo, quienes le habrían vendido la efedrina a los mexicanos.

En cinco allanamientos en la Capital y en Formosa, los policías de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Zárate-Campana, acompañados por la Sedronar –donde los dos figuran como proveedores de precursores químicos autorizados– se encontraron con documentos que prueban una venta de 2.300 kilos de efedrina. Los empresarios no dijeron a quién se la dieron. Pero sí que se la compraron a otro distribuidor, Carlos González, con oficinas en el microcentro y en Formosa. Sobre González ahora pesa una orden de captura. Anoche estaba prófugo. Una fuente de la Sedronar dijo que Drofasa, un laboratorio al que la Aduana le incautó un cargamento de dos toneladas de efedrina provenientes de India, es investigado por el juez Marcelo Aguinsky por “tentativa de contrabando de efedrina” a México.
Poco antes de ser asesinado, Sebastián Forza sufrió una serie de amenazas por parte de un personaje señalado vastamente por este periódico: Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven “empresario” de 31 años, mencionado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre narcotraficantes y laboratorios medicinales.

Ante la AFIP, Pérez Corradi declara tener como actividad principal la de “servicios de financiación y actividades financieras”, y como secundaria el “asesoramiento, dirección y gestión empresarial”. Asimismo, compartió en su momento una suerte de sociedad con Forza, en la cual este último ponía su fuerza de trabajo y el primero financiaba las operaciones con dinero contante y sonante en una lúgubre oficina del pasaje King de esta Capital Federal.

La sociedad se disolvió en 2007 -de la peor manera- y Pérez Corradi logró algo insólito: no ser investigado por la Justicia a pesar de que Forza lo había denunciado penalmente en dos oportunidades por amenazas de muerte. Quien escribe estas líneas aportó oportuna evidencia en ese sentido ante la fiscal Ana Yacobucci, en septiembre de 2008, pero nada hizo la funcionaria al respecto.

Corradi y Lanatta son partes fundamentales del rompecabezas que puede ayudar a resolver el triple crimen, junto a otras dos personas, Jorge Adrián Cabrera y Pablo Héctor Quaranta. El gran problema es que jamás pudieron ser relacionados entre sí. Hasta hoy.

Luego de un exhaustivo análisis y cruzamiento de información -que duró varias semanas-, Tribuna de periodistas ha encontrado interesantes relaciones entre todos, directa e indirectamente. Veamos.

En los registros de la AFIP, Pérez Corradi figura como presidente de una sociedad anónima llamada C&C Building, dedicada a la “construcción de obras civiles y comerciales”. En este emprendimiento, con un capital social declarado de 50.000 pesos, está asociado con Jorge Adrián Cabrera, quien se desempeña como director suplente. Además es propietario de Odin Concept S.R.L. junto a Pablo Héctor Quaranta.

Asimismo, en la Inspección General de Justicia hay registros de una sociedad llamada Elvesta Argentina SA, dedicada a la “venta de ropa salvo de cuero y tejidos de punto”. Allí, según consta en el acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 8 de febrero de 2008, se designó a Jorge Adrián Cabrera como Presidente y a Martín Lanatta como Director Suplente. El domicilio social de Elvesta está ubicado en Pola 2477 de esta Capital Federal. Esto demuestra que Cabrera es el nexo directo entre Lanatta y Corradi.

En buen romance, se trata del “eslabón perdido”.

En conclusión es evidente que la red de narcotráfico y lavado de dinero se conecta directamente con el dinero de la campaña de Cristina y concuerda con ciertas inacciones del gobierno respecto al narcotráfico o en otra palabras “entre bomberos no se pisan la manguera”


POR HECTOR ALDERETE
SEPRIN-ARGENTINA.

Según cuentan unos pocos medios, la empresa Conarpesa envió telegramas de despidos a los 17 tripulantes del buque potero Oryong 756 que semanas atrás se negaron a tirar al mar calamar chico, tamaño SS, y que motivó que fueran eyectados.

Que las capturas de los buques son nuevamente arrojadas al agua es un secreto a voces, ya sean unidades de poco tamaño o capturas de otras especies (By Catch), pero pocos son lo que lo admiten públicamente. En un hecho sin precedentes un grupo de marineros se negó a tirar calamar de baja talla al mar y ello motivó su despido. “Pedimos que alguna autoridad nos respalde, que alguien haga algo, nos quedamos sin trabajo por cuidar el caladero”, aseguró uno de los despedidos, en consonancia con lo que Tribuna de periodistas viene denunciando desde hace años. Pero en Santa Cruz todo vale y de esto nadie habla.

Según fuentes vinculadas al municipio, la empresa Conarpesa con asiento en San Julián estaría arrojando en enormes pozos los desechos del calamar para luego cubrirlos con tierra. “Es una modalidad que debió adoptar la empresa porque señalan que la planta de Omega 3 que recibía las vísceras de calamar se encuentra desmantelada producto de un siniestro que dañó parte de las maquinarias y para llevar a Puerto Madryn ese resultante del reproceso aducen que es muy costoso”

Conarpesa evidentemente puede arrojar pescado al mar, enterrar en cañadones, o perderlo fuego en los mismos como lo hacían años atrás.Esta metodología es aplicada en la pesquería del langostino que arroja miles de toneladas de merluza juvenil y reproductores mayores en su zafra.

Santa Cruz es líder en depredación: por caso, en su ley provincial de Pesca no se incluye el principio precautorio para garantizar la sustentabilidad.

La Argentina arroja al mar miles de kilos diariamente de pescado. La flota congeladora y de buques ilegales vacían el mar impunemente. El gobierno da protección a las mafias pesqueras (no existe libro de reincidentes, pautado en la ley 24922).

No se impulsaron aún medidas para accionar jurídicamente por el informe de la Auditoría General de la Nación 2008 y la Sigen 2007 - PTN - que auditan serias ilegalidades en contra de los intereses pesqueros argentinos por parte de sus autoridades.

El recurso merluza esta en colapso. Los buques con permisos de pesca ¨nulos¨ bajo la ley de Procedimientos Administrativos siguen enriqueciendo a sus armadores y autoridades pesqueras, sin solución alguna.

El recurso abadejo cayó en su biomasa de forma alarmante y la corvina está siendo diezmada por la flota uruguaya que ingresa hasta dentro de las 6 millas de la costa en la zona de Gral. Lavalle sin control alguno.

Las fiscalizaciones pesqueras son la “caja feliz” que recauda millones al año. En bahía San Blas las ostras se pudren en los enormes bancos pudiéndose agarrar con la mano al bajar la marea.

En fin, hay chicos comiendo de la basura mientras arrojamos recursos alimentarios a pozos, pescado fresco y bueno al mar, y ostras que se pudren, siendo esto de un valor proteico equiparable a un bife de hígado.

Estudios elaborados por distintas organizaciones no gubernamentales destacan que en la Argentina el 20 por ciento de los niños sufre de desnutrición. Estos alarmantes números surgen de las observaciones del Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (Cesni), una organización no gubernamental consultora de la Organización Mundial de la Salud, que estima que la desnutrición afectaba a entre el 11 y el 17 por ciento de la población infantil durante el 2001, destacando como las regiones más afectadas el noroeste y el nordeste del país.

Para la ONG Red Solidaria la desnutrición infantil alcanza un promedio de el 15.5% en todo el país, pero en el gran Buenos Aires llega al 32% y en las provincia más pobres (del norte) puede llegar al 50%. Además, 4 millones de argentinos menores de 14 años son indigentes.

Según estudios de varias ONG, 100 niños menores de 5 años mueren diariamente por causa de la pobreza en nuestro país. Argentina está hoy en día en iguales condiciones que Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Ecuador y Colombia.

¨Hay 3 millones y medio de personas que se están muriendo de hambre. La plata de este país va para el tren bala, los subsidios de subtes y trenes, pero no a los pobres. Señora presidenta yo le pido, menos trajes, menos trapos y más preocuparse por lo que está pasando¨, concluyó oportunamente Jesús Olmedo, Obispo de La Quiaca.

Señora Presidente, me es menester recordarle que, tal como hoy juzgan a los genocidas de ayer que detentaron un poder omnímodo en el pasado, los Kirchner también van a emularlos, pues su política pesquera aplicada es otra clase de genocidio.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
http://www.pescaypuertos.com