Dos datos quedaron claramente en evidencia en la conferencia de prensa de los 5 funcionarios del aérea económica. El primero y más evidente es que no tienen ni idea de cómo salir del lío económico que armaron. El segundo es que todavía no entendieron que el problema económico son ellos y el gobierno en general por la desconfianza que generan.

Durante el gobierno del kirchnerismo se fugaron del país más de U$S 90.000 millones, a cuentas al exterior, a cajas fuertes, al colchón, etc. La pregunta es: ¿por qué semejante fuga? Y la respuesta es obvia, no hay seguridad jurídica en Argentina dado que los derechos de propiedad no son respetados. La gente no solo fugó los capitales por la salvaje presión impositiva, sino que también fugó sus ahorros por miedo al gobierno, que ha demostrado ser es un confiscador serial.

Lo que no entienden, es que no solo la gente no quiere dejar sus huellas digitales en la AFIP para luego ser expoliado, sino que, además, no confían en un gobierno que cambia las reglas de juego a cada momento en forma totalmente arbitraria. Y, además, pinta un país que no existe sin inmutarse. Solo con ver a Moreno diciendo que la inflación es la que marca el INDEC para advertir que negar la realidad es su estrategia permanente.

Además, viendo a los 5 funcionarios tratar de explicar lo inexplicable, más pánico todavía. Desde hace rato vienen argumentando que hay que pesificar la economía y abandonar la idea del dólar, y ahora vienen a pedir dólares para el blanqueo. No blanquean pesos. Blanquean dólares un gobierno que quiere pesificar.

Hablan de desendeudamiento y piden deuda en dólares para financiar a una YPF que con puede sostenerse.

Dicen que el dólar blue no le importa a nadie, pero salen desesperados a buscar dólares que están en los colchones, cajas de seguridad y en el exterior.

¿Quién va a ser tan inconsciente de traer sus dólares luego de haber zafado del cepo? ¿Pensaron en serio lo que estaban proponiendo?

El bono para financiar a energía es otro delirio. ¿Qué proyecto de inversión en el sector energético se recupera en 3 años como para repagar la deuda contraída, deuda que por cierto vence en el 2016 cuando muy probablemente haya otro gobierno?

Dejo los detalles de los bonos para otro momento y me concentro en otro punto. Acá el problema es que los mismos que pusieron el cepo le están pidiendo a la gente que le confíe los dólares. Algo más delirante no puede haber como propuesta de política económica.

Los mismos que aplican una presión impositiva salvaje, pretenden que la gente acepte empezar a pagar esa presión impositiva.

¿A quién le sirve todo este mamarracho que presentaron? Me parece que solo aquellos que están comprometidos en casos de corrupción podrían utilizar estos bonos para blanquear su situación fiscal. No vaya a ser cosa que se declare la inconstitucional de la reforma judicial, pierdan el poder en 2015 y, como consecuencia de todo ello, varios queden a la intemperie.


El gobierno lanzo los CEDIM, bonos públicos en dólares, y todo apunta a que están pensados para blanquear capitales a raíz de las denuncias de lavado de dinero que salpican al corazón del poder, esto no puede ser así, pues la investigación penal ya está en marcha y una ley de blanqueo de capitales no haría desaparecer el delito. Hay que recordar que es una ley de blanqueo, no de amnistía. Por tal motivo habrá que buscar otra explicación a la medida.

Para ese análisis hace falta tener en cuenta lo siguiente: En 2004, en el fallo Bustos que convalidó la pesificación de 2001, la Corte Suprema con esta composición afirmó “reconocer que a los depositantes en dólares se les devuelva sin más demora el mismo importe de la moneda extranjera en que se registraron sus depósitos implicaría la creación de una clase privilegiada, que no sólo se habría beneficiado durante un tiempo más o menos largo con intereses en dólares a una tasa inconcebible en el resto del planeta sino que ahora percibiría cantidades que, traducidas a la moneda argentina, tendrían un poder adquisitivo en el mercado interno considerablemente mayor al de lo originariamente depositado.”

En 2009, el gobierno lanzó un blanqueo de capitales mucho más atractivo que este —ya que solo se trataba de traer el dinero al país, declararlo y luego usarlo como se quisiera— y en una mejor situación económica y ya en aquel entonces no tuvo el éxito esperado, logrando blanquear solamente 4.000 millones de dólares.

Ya sabemos que tenemos un gobierno que literalmente va por todo y que posee graves problemas económicos que afrontar en el corto y mediano plazo, que no puede pedir dinero afuera y que ya depredó todas las cajas a las que echó mano.

En la reforma judicial, introducida mediante el pomposo nombre de “democratización de la justicia”, y en la cual toda la oposición centró sus ojos en la integración del Consejo de laMagistratura, se sancionó la Ley 26.854 mediante la cual las medidas cautelares contra injerencias estatales de carácter patrimonial contra individuos ya no corren más.

Con todos estos datos, no resulta descabellado pensar que los CEDIM están pensados para que sean incorporados al mercado (como la Argentina no puede emitir dólares, ahora emite bonos “símil” dólares) y una vez que el mercado se encuentre habituados a ellos, dar el zarpazo a las cajas de seguridad bajo el argumento de combatir la evasión fiscal, abrir dichas cajas y cambiar su contenido por los CEDIM.

Adoptar tal medida bajo la premisa de que se combate la evasión fiscal de la clase alta, pese a que se le dio la oportunidad de blanquearlo, sería bien receptado por los llamados “sectores populares” de la población y encontraría su sustento jurídico en el mencionado precedente “Bustos” de la Corte Suprema de Justicia.

Además, el perjudicado con dicha medida carece a la fecha de toda protección inmediata contra ese acto de gobierno.

Lo medular de la reforma judicial no es el Consejo de la Magistratura, sino la eliminación de las cautelares.

La ingeniería jurídica ya estaba lista y, con los nuevos bonos, ahora tienen el papelito para llevarse tus dólares y dejar algo a cambio.


El plan de blanqueo de capitales que anunció este martes el equipo económico del Gobierno sorprendió a más de uno, sobre todo porque se trata de un recurso para nada novedoso.

El gobierno militar, en 1976, dispuso la repatriación de capitales; también Raúl Alfonsín, en 1987; Carlos Menem, en 1992 y Cristina Fernández dos veces, en 2009 y 2013.

El plan de agosto de 2009 fracasó estrepitosamente por la baja adhesión de interesados y no se espera que esta vez sea diferente.

En esos días, se estableció algo similar a lo hoy anunciado: un mecanismo de flexibilización apto para el ingreso de fondos no declarados, que procuraba “facilitar la repatriación de capitales depositados por ciudadanos argentinos en entidades financieras del exterior”.

En aquella oportunidad, el blanqueo que lanzó el Gobierno tuvo como argumento el ingreso de fondos al sistema, para mantener el nivel de empleo.

Si bien el entonces marco vigente no eximía de las sanciones que recaen sobre los ilícitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, el sistema no funcionó.

Por caso, el economista Jorge Todesca recordó ese plan en una entrevista realizada por diario El Tribuno.com y advirtió que no tuvo “alto impacto”.

“El Gobierno ya hizo un blanqueo de capitales en 2009. En general estas medidas se tomas cuando hay escasez de divisas”, aclaró. Y agregó: “Es una medida no muy trascendente, no cambia el escenario y no tienen mucho impacto. Se supone que tendríamos que tener una administración tributaria que debería castigar y así evitar que haya capital en negro. Lo preocupante es que tengamos que realizar blanqueos con tan pocos años de diferencia, en síntesis en premiar al que no cumple”.

En ese año, la entonces líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, arremetió contra la validez que se le dio en ese momento a la votación en Diputados del blanqueo de capitales, y afirmó que se trataba de “una autoamnistía de los delitos de corrupción del Gobierno, como la que hicieron los militares con sus delitos y hace que la Argentina se convierta en un país lavador”.

En ese entonces Carrió argumentó que la aprobación de la norma “es nula porque viola el Artículo 29 de la Constitución y porque hace que sectores ilegales se apoderen de la economía de los argentinos”.


Dentro de las nuevas medidas económicas con objeto de “reactivar la inversión en dólares”, buscan rescatar del circuito ilegal los capitales que pueden tener procedencia indistinta: narcotráfico, robos, lavado de activos, trata de personas etc. Es una condonación de ilícitos, una moratoria a la delincuencia. Un acto desesperado de un gobierno que quiere salvarse de culpas inocultables.

El gobierno a pleno, conformado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el vice, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anunciaron el lanzamiento de bonos “para atraer dólares que están fuera del sistema”, es decir, en idioma llano: plata ilegal.

Esto le permite a cualquiera que tenga dólares de dudoso origen comprar autos, casas, tierras etc. sin ningún tipo de explicación sobre de dónde provienen los fondos. Esto puede ser desde actividades lícitas hasta de ilícitas, como droga, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, robo o el lavado de activos.

Lorenzino, el hombre que se quiso ir pero no pudo, dijo al respecto que se propone un “nuevo sistema para el desarrollo de sectores estratégicos, poniendo una vez más la mira en el crecimiento y la creación de empleo. Estamos implementando en esta ocasión dos nuevos instrumentos financieros: un bono con impacto directo en el sector energético, en el marco de la nueva ley del Mercado de Capitales, y un certificado movilizador del mercado inmobiliario y de la construcción, en el marco de la nueva Carta Orgánica del Banco Central”.

“Estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros: el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción”.

La medida es igual a la tomada por Carlos Menem cuando el dueño del Hyatt se afincó en la Argentina y desde el Gobierno dijeron que “no les interesaba preguntar por el origen del dinero”.

“Apuntamos a quienes tengan ahorros en dólares que los puedan usar para invertir”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. “Los que tengan en el colchón, en un paraíso fiscal”, enumeró. “Son recursos ociosos”, dijo Lorenzino muy suelto de cuerpo.

Luego, Echegaray aclaró que no podrá acogerse a estos beneficios quien esté imputado de delitos y, particularmente, cuando le preguntaron sobre Lázaro Baéz, dijo que “Báez tampoco”, pero se olvidó aclarar que el empresario K no aparece personalmente en las empresas que son de su propiedad, que contratan y compran en su nombre.

Esta medida, indudablemente, es tomada por el Gobierno para tratar de detener lo que está claro no logra: desactivar la inercia de las investigaciones por lavado de dinero y la complicidad directa de personajes que constituyen el Poder Ejecutivo, muchos de los cuales tienen millones de dólares en paraísos fiscales.

El dinero que por cientos de kilos se amontonan en bóvedas y cajas fuertes, podrá reingresar a la atmósfera del circuito financiero como blancas palomitas. Un lavado hecho a la medida por un sastre con poder.

Con la excusa de “mover los fondos ociosos”, el Gobierno intenta hacer un gran negocio, en lo que para las fuentes consultadas sería la última gran jugada para salvar los activos que tienen afuera y a los que solo adherirán quienes necesitan lavar dinero.

La contradicción de la Presidenta es total: defendió la “pesificación”, traba la compra de dólares en blanco a personas comunes que intentan trabajar y salir del país, la AFIP persigue a los ciudadanos que andan con 100 dólares en el bolsillo y la misma Presidenta habilita a los delincuentes a licuar sus activos mal habidos por millones de dólares con una invitación universal a convalidar la impunidad y poner a la Argentina, entre los países menos confiables y el tope de los paraísos fiscales del mundo.


El Gobierno enviará un proyecto de ley para blanquear dólares a través de dos nuevos instrumentos: un bono para el desarrollo económico y de infraestructura, y un certificado de depósito para darle impulso al sector inmobiliario, anunció esta tarde el ministro Hernán Lorenzino.

¨Este sistema de inversión está dirigido para quienes tienen ahorros en dólares sin declarar y los quieren resguardar en esos dos sectores¨, sostuvo Lorenzino. De este modo busca repatriar o blanquear dólares que están debajo del colchón o fuera del sistema.

Agregó que ¨de esta manera se podrá obtener rentabilidad e incorporar esos mismos recursos al sector productivo para que se traduzcan en más empleo y actividad económica¨.

¨Se trata de un nuevo sistema para el desarrollo de sectores estratégicos, poniendo una vez más la mira en el crecimiento y la creación de empleo. Estamos implementando en esta ocasión dos nuevos instrumentos financieros: un bono con impacto directo en el sector energético, en el marco de la nueva ley del Mercado de Capitales, y un certificado movilizador del mercado inmobiliario y de la construcción, en el marco de la nueva Carta Orgánica del Banco Central¨.

¨Estamos mandando hoy mismo al Congreso un proyecto de ley que contiene como elementos centrales la creación de estos dos nuevos instrumentos financieros: el bono argentino de ahorro para el desarrollo económico y el certificado de inversiones para el sector inmobiliario y de la construcción¨, amplió.

De la presentación ante la prensa participan también el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la presidenta del Banco Central, Marcó del Pont, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Ricardo Echegaray, quien tomó la palabra luego de Lorenzino para explicar las medidas.

Echegaray aclaró durante la conferencia que nadie que esté invlocucrado con lavado de dinero puede participar de este beneficio: ¨El empresario Lázaro Báez está imputado por lavado de dinero y no puede participar, pero tampoco puede hacerlo el señor (Héctor) Magnetto¨, dijo.

En una reciente reunión en Olivos, previo a que el dólar blue rompiera la barrera de los $10,00, Cristina Fernández le aclaró a los mismos funcionarios que hablaron en conferencia esta tarde que no quería llegar a este punto de una divisa de dos dígitos, y que fueran pensando una solución o un anuncio para dar.


“Certificado de depósito para inversión” y “Banco Central de la República Argentina”.

Son las dos primeras frases del CEDIN, uno de los instrumentos de deuda anunciados por el Gobierno para blanquear dólares. El certificado diseñado para reactivar el mercado inmobiliario será de color verde, como el dólar, y lo emitirá el BCRA. El organismo aún no repartió la imagen pero estaba incluida en la presentación del plan de blanqueo que hizo el equipo económico el martes.

Para las inmobiliarias y constructoras, la presentación del CEDIN encierra un reconocimiento de parte del Gobierno sobre la crisis que vive el sector a partir de la instalación del cepo cambiario. Las dudas se refieren a cuál podría ser el potencial universo de compradores dispuestos a entregar sus dólares “negros” en el sistema bancario.

Los fondos blanqueados deben ser depositados o transferidos a un banco local y tendrán un encaje del 100%. El Banco Central queda como custodio de esas divisas que serán contabilizadas como parte de las reservas internacionales. Una opción es que, a cambio de los dólares blanqueados, el depositante recibirá el CEDIN que circulará como un certificado inmobiliario y de la construcción, endosable, convertible al dólar. En la práctica esto significa que se dolariza aún más el mercado inmobiliario y de la construcción.

También significa que pasa a regir un sistema bimonetario sin que haya claridad sobre el pasaje de uno a otro. Por ejemplo, quien realiza una construcción, contra la presentación de certificados de avance de la obra, a cambio del CEDIN recibirá dólares. ¿A qué valor deberá cambiar esos dólares para pagar los insumos y salarios en pesos? El proyecto de ley de blanqueo no lo dice. Ayer en Economía no respondieron a esta consulta de Clarín. En principio debería ser al dólar oficial (único mercado de cambios legal) incurriendo en una pérdida considerable.

Al mismo tiempo, al ser endosable por quienes no realicen una compra inmobiliaria, habrá un mercado secundario para los CEDIN que cotizarán con una quita importante.

Las personas y empresas que pretendan sumarse al blanqueo de capitales tendrán que esperar a que el proyecto se convierta en ley y que se publique en el Boletín Oficial. Desde ese día, tendrán al menos tres meses para ingresar al blanqueo.

Tendrán que identificar el nombre de la entidad del exterior donde tienen las divisas, el nombre y el domicilio del titular del depósito, la cantidad de dólares u otras monedas que hay y la fecha de constitución de esa cuenta. Esta información después deberá ser cruzada con los datos que los bancos depositarios de los fondos blanqueados otorguen al Banco Central.