Buenos Aires (AICA): Los máximos representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, y con el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, licenciado Gabriel Castelli, ante quienes expusieron sus preocupaciones sobre los seis proyectos del Poder Ejecutivo para reformar el Poder Judicial y pidieron “una palabra orientadora acerca de la gravedad de esta situación". La entidad, que aglutina gremialmente a los jueces nacional y federales, destacó que "existe un amplísimo consenso entre ellos, los abogados, los académicos e incluso los legisladores, acerca de la inconveniencia y la inconstitucionalidad de las normas proyectadas" y expresaron "perplejidad y temor" ante la posibilidad de que "incluso legisladores que están convencidos acerca de eso, igualmente votarían estas leyes".

Los máximos representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, y con el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, licenciado Gabriel Castelli, ante quienes expusieron sus preocupaciones sobre los seis proyectos del Poder Ejecutivo para reformar el Poder Judicial y pidieron “una palabra orientadora acerca de la gravedad de esta situación".

La entidad, que aglutina gremialmente a los jueces nacional y federales, destacó que "existe un amplísimo consenso entre ellos, los abogados, los académicos e incluso los legisladores, acerca de la inconveniencia y la inconstitucionalidad de las normas proyectadas" y expresaron "perplejidad y temor" ante la posibilidad de que "incluso legisladores que están convencidos acerca de eso, igualmente votarían estas leyes".

Además de entregarles una declaración con cuestionamientos sobre los proyectos para "democratización de la Justicia", subrayaron "la enorme gravedad institucional que estos representan, con varios aspectos contrarios a la Constitución Nacional".

En tanto, monseñor Lozano recordó a los magistrados que hace una semana la Iglesia expresó su preocupación por los proyectos de reforma judicial y advirtió que "se corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en la Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes".

También recordó que la Comisión de Justicia y Paz, compuesta por laicos, produjo a principios de marzo un documento sobre esta problemática y trajo a la memoria la declaración "Reflexiones sobre la Justicia", que el Episcopado emitió en abril de 1997 ante un proyecto semejante del entonces presidente Carlos Menem.

La delegación judicial estuvo integrada por el presidente de la Asociación, Luis María Cabral, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal y ex miembro del Consejo de la Magistratura; María Gómez Alonso de Díaz Cordero, vicepresidenta primera y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Marcos Arnoldo Grabivker, secretario general y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, y Gregorio Corach, vocal y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

• La Justicia necesita efectivamente reformas, pero no las que están actualmente en tratamiento, sino otras tendientes a su agilización y a favorecer el acceso a ella de los pobres y los más débiles. Consignaron que los proyectos presentados van en dirección contraria a ese objetivo, ya que por una parte multiplican las instancias judiciales —mediante la creación de Cámaras de Casación— con una inevitable prolongación de los procesos que necesariamente va en desmedro de los más débiles y necesitados de Justicia; y por otra parte al atar las manos a los jueces prohibiendo la adopción de medidas cautelares dejan a los ciudadanos inermes frente a posibles arbitrariedades del Estado. Concluyen que los actuales proyectos están pensados para desproteger a las personas frente a los avances estatales, lo que implica un notorio retroceso.
• Las leyes en conjunto vacían a la Corte Suprema de facultades que siempre le han sido reconocidas, como cabeza de uno de los poderes del Estado (como, por ejemplo, las facultades de superintendencia sobre los tribunales inferiores). Al privarla de toda facultad administrativa, y de los organismos auxiliares actualmente existentes, se la convierte en una justicia dependiente del Poder Ejecutivo.
• Una de las innovaciones de mayor gravedad y contraria a la norma constitucional de creación y regulación del Consejo de la Magistratura , es la ley que pretende reglamentar este organismo. Afirmaron que en caso de ser aprobada, dejará de ser un órgano con un componente técnico profesional para ser completamente dependiente de la política partidaria. Tal como se lo proyecta, el partido político que obtenga la primera minoría en las elecciones se asegurará automáticamente los dos tercios del Consejo. Como además se eliminan las mayorías agravadas para las decisiones más trascendentes, el partido de Gobierno podrá sin ninguna limitación designar jueces, sancionarlos, promover su remoción y en definitiva condicionar su actuación. Además, los jueces que integren el Consejo deberán ser elegidos formando parte de la lista electoral de los partidos políticos, con lo que se partidizará al Poder Judicial, eliminando su independencia.
• El proyecto que reglamenta la presentación de declaraciones juradas de los jueces que actualmente ya existen— pone esas declaraciones juradas en manos de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, lo que se presta a su utilización política.