El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, aseguró hoy que la posibilidad de que el Gobierno utilice la polémica ley antiterrorista, sancionada hace dos años, para obligar a los productores agrícolas a vender la cosecha de soja y generar así el ingreso de dólares al país, sería “un acto fascista”.

“Es un absurdo que se pretenda intimidad a la producción con un delito penal. Es un acto fascista el que se pretende llevar adelante”, enfatizó el dirigente, en diálogo con No somos nadie, programa que se emite por Radio Metro.

Según informó el diario El Cronista en su edición de hoy, el Gobierno analiza utilizar la ley antiterrorista para que los productores vendan la soja aunque aguardará hasta que comience la liquidación de la cosecha en abril. “El texto de la ley comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja”, indicó el matutino.

En una defensa de los productores sojeros que se resisten a liquidar la cosecha de soja, Etchevehere consideró que “el Gobierno sabe que no existen US$ 5000 millones guardados en los campos”.

“Nos van a meter en cana con la ley antiterrorista, es un disparate que se haya aprobado, pero si además el productor va a ser amenazado por no vender soja, es grave. Ya nos mandaron la AFIP”, opinó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, el dirigente agropecuario Alfredo De Angeli advirtió hoy que se podría “desatar un conflicto” entre Gobierno y el campo en caso de que la Casa Rosada utilice ese instrumento.

“Se va a desatar un conflicto porque esto raya la democracia”, afirmó De Angeli, en diálogo con radio La Red.

El dirigente rural consideró que los productores no venden la cosecha porque “la utilizan como moneda de cambio y no para perjudicar al Gobierno”.

Enfrentado con el Gobierno, el campo evalúa no vender la soja como señal de protesta. “No vamos a vender soja desde marzo y vamos a ver cómo le va a la economía”, aseguró el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

En el mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un operativo por los campos y facopios para cuantificar el remanente de soja de la cosecha pasada y alentar la venta de la oleaginosa.

El Cronista señaló que la posible utilización de la ley antiterrorista genera divisiones en la Casa Rosada. “No es una herramienta del agrado del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, históricamente enfrentado con José Sbattella, el titular de la UIF. Fue Sbattella el que justificó varias veces el potencial uso de la ley antiterrorista contra quienes atenten contra el orden económico”, indicó el matutino.

En pleno debate por la polémica ley antiterrorista, que fue solicitada al país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Sbatella había admitido que la norma podría ser utilizada para encarcelar a empresarios que el Gobierno considere que “aterrorizan a la población o afectan la gobernabilidad”, ante una “corrida bancaria o un ataque a la moneda”.

El Gobierno ya aplicó la ley antiterrorista, que recibió duros cuestionamientos de la oposición y de organismos de derechos humanos, contra el financiamiento del terrorismo. En septiembre del año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló fondos de una empresa dedicada a juegos de apuestas ante la sospecha de que le da soporte financiero a un ex jefe de la ESMA que está prófugo en una causa por derechos humanos.

Desde el ámbito político, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari destacó que la ley antiterrorista permitió que “cualquier delito del Código Penal pueda ser considerado ‘aterrorizador’ de la población, porque se considera que el fin de cualquier acción es aterrorizar a la población”. Al ser tan amplio, de acuerdo con la visión del legislador peronista opositor, “se le puede aplicar a los productores agropecuarios que no liquidan”.

Cambio. Deroga el artículo 213, incisos ter y quater del Código Penal, incorporados en 2007, que penaba la participación en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.

Aclaración. En un párrafo siguiente aclara que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos tuvieren lugar en ejercicio de derechos humanos o sociales.

Aterrorizar. Incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Lavado. Habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), manejada por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos con el único requisito de comunicárselo a la Justicia.