Aquellas informaciones poseen además una profunda concatenación. Por un lado, el Ministerio de Trabajo reveló que, a junio del 2012, existen casi 5.400.000 trabajadores en negro.

Uno de cada tres de quienes, por fortuna, tienen alguna ocupación ( Ver: El trabajo en negro ya afecta a 5,3 millones de trabajadores: http://www.ieco.clarin.com/economia/trabajo-negro-afecta-millones-trabajadores_0_851314881.html ). Por otro lado, un informe de una entidad empresaria denunció que la cantidad de saladitas (comercio informal) en Capital se expandió en un año mas del 100%. ( Ver: En un año, abrieron 62 nuevas Saladitas sólo en la Ciudad: http://www.clarin.com/ciudades/abrieron-nuevas-Saladitas-solo-Ciudad_0_851314929.html )

Ambas noticias merecen otra consideración. La tendencia económica amesetada del segundo semestre puede permitir presumir, casi sin margen de error, que la cantidad de trabajadores en negro sería hoy aún mayor. El desarrollo del comercio informal no podría ser circunscripto sólo a un fenómeno porteño. Esas actividades pululan alrededor de todas las grandes ciudades. También en el interior. Sólo en esas geografías son capaces de subsistir.

El volumen del trabajo en negro y del comercio informal estaría revelando dos cosas, una de índole política y otra económica. Cada vez parece mas contradictorio con la realidad el relato cristinista que insiste con un país de maravillas y lo suele contrastar con el supuesto derrumbe de Europa y Estados Unidos. También se estarían poniendo en evidencia los límites infranqueables de un modelo que resultó inclusivo en los primeros años de la pos crisis del 2001, pero que luego se estancó, en especial a partir del 2007.

Ese cambio se advirtió también en las características del poco empleo que logró ser creado. Desde el 2008, aunque con una aceleración a partir del 2010, el aumento de puestos de trabajo en el Estado empezó a superar al del sector privado. La tasa de variabilidad así lo estaría demostrando: del nuevo empleo en esa época, el 4,9% correspondió al Estado y apenas el 2,1% a la actividad privada.

Aquella variación respondería también a la nueva construcción política ensayada por Cristina Fernández, una vez que se adjudicó la reelección. Tanto La Cámpora como los movimientos sociales (Unidos y Organizados), sus verdaderos pilares, tienen un profundo anclaje en el aparato estatal, reflejado en el incremento del gasto público.

El Gobierno omite esas transformaciones y también los claros retrocesos en el desenvolvimiento económico y social. Tanto las omite, que se ve impelido a utilizar reduccionismos para explicar la compleja realidad. Alude al delito y a conspiraciones sindicales y políticas cuando refiere a los saqueos. Intenta endilgar a Mauricio Macri el problema de la inflación por el futuro aumento de las tarifas del subte. Encapsula el conflicto por el narcotráfico a la ciudad de Rosario y culpa al gobierno socialista.

La simulación, al fin.