BAE - 06/04/2010

Eduardo Epszteyn y Martín Hourest

El peso del Estado Local de la Ciudad en relación con su economía es el más bajo de la Argentina. La ciudad en la que se emplaza el Estado Nacional, donde se instalan las casas matrices de las principales empresas y es el eje cultural de la región, tiene un Estado pequeño frente a su movimiento económico y a los impresionantes desplazamientos de recursos de toda índole que a diario se producen en su territorio.
Durante dos años le advertimos al Ejecutivo que los criterios de política económica que estaba poniendo en práctica, concretamente, llevarían a la Ciudad a una situación de fuerte compromiso de sus ingresos futuros, al tiempo que acarrearían un atraso insalvable en materia de inversión en infraestructura urbana y social.
El manejo de los grandes contratos de servicios públicos fue negligente. Las obras priorizadas fueron, y son, las “de mantenimiento”, en perjuicio de nuevas infraestructuras urbanas, sociales y de transporte público. La administración de la deuda pública fue onerosa, y en código de “buena conducta con los mercados”, para exponerlo elegantemente.
PRIVILEGIADOS Y POSTERGADOS.
Este conjunto de criterios configura un mapa de sectores favorecidos y desfavorecidos por el Gobierno de la Ciudad en estos dos años de gestión.
El ritmo de indexación de los contratos de obras y servicios públicos, y la manera en que se pautan los compromisos con los proveedores, ora que onerosos para el erario público, vienen acompañados por caídas de calidad y cantidad en la inversión y la provisión de servicios públicos.
El contraste de esta relación desventajosa del Estado frente a grandes proveedores, lo muestran quienes perciben salarios, ingresos fijos y beneficios sociales de la Ciudad, cuyos valores nominales se ajustan por la inflación oficial. Esta discriminación por tipo de actores en el gasto se profundiza al interior de cada área.
El gobierno de Macri ha instalado una serie de mecanismos de reasignación de recursos que velozmente van empeorando los niveles de justicia en materia de destino del gasto, a la vez que deteriora la sustentabilidad urbana, social y ambiental de una Ciudad, que ve crecer su ritmo de actividad, y está obligada a responder con bienes públicos y regulaciones que la hagan más vivible para sus habitantes y transeúntes comunes.
Compartimos: hay que incrementar el poder del Estado local para intervenir y dar servicios, hay que sumar la presión impositiva sobre los que más riqueza poseen, hay que ampliar la participación de la Ciudad en las transferencias nacionales, hay que acceder a financiamiento blando –con destino específico y de largo plazo, como el tramitado recientemente en la Corporación Andina de Fomento–, hay que apalancar, así, mayor inversión pública. Durante dos años el macrismo abandonó en el limbo de imaginarios “fondos” para infraestructura, la posibilidad de mejorar el transporte público y el equipamiento social.
En este período de severa desinversión, la deuda creció geométricamente en la Ciudad. El gran incremento de los recursos de la Ciudad fue a parar a la succionadora de las empresas contratistas del Estado, formadoras de sus precios, e impositoras de las relaciones contractuales.
El balance no puede ser peor.

LA OPORTUNIDAD.
Pero el enunciado somero de estos problemas por parte del macrismo parece un discurso de pátina sobre sus verdaderas intenciones. Hoy, puntualmente, éstas se delataron con la escandalosa colocación de deuda en distintos mercados europeos, que realizara la Ciudad por intermedio del Banco Credite Suisse y la ignota consultora KBR.
Se trata de una operación que raya lo fraudulento.
Supone una colocación de deuda pública por U$S475 millones, que generó una abultada comisión para las “entidades gestoras” de la venta, de U$S 9,5 millones.
Esta oferta de títulos, hay que decirlo, ya venía con “buenos augurios” de aceptación: a una tasa del 12,5% sobre el capital anual, a cinco años y con amortizaciones parciales, se trata, ya de por sí, de un bono atractivo para “los inversores”, en comparación con similares títulos de deuda pública. La tasa es alta, muy alta para el contexto internacional de gran liquidez en dólares.
Agrava esta práctica un elemento de oportunidad: a 30 días de poderse establecer los verdaderos parámetros de mercado para este tipo de instrumentos financieros, una vez madurado el conocido canje de deuda nacional, afirmamos que el sobrecosto financiero de la operación supera los $200 millones, comparado con la posiblemente cercana vigencia de tasas de un dígito.
La participación privada de ex dirigentes partidarios de la fuerza PRO en la operación no hace más que ponerle un aditamento previsible al hecho, ubicándolo en la saga de los desgraciados eventos por medio de los cuales se creó la deuda pública en la Argentina de los últimos 35 años. Los hechos de corrupción forman parte indisoluble de la mecánica del endeudamiento público fraudulento. El peso de sus consecuencias, otra vez, caerá sobre más de una generación.
¿Cuál, sobreactuadamente reaccionaria, será la maniobra de distracción de Macri cuando los límites de la realidad no le dejen, ya, ningún margen?