DEMOCRACIA - 24/07/2012
SIGUE LA POLEMICA: QUE HACE CON EL DINERO DE LOS SUBTES, ESCUELAS Y RESIDUOS

Pese a las necesidades de los porteños y la recaudación cada vez más alta, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no realiza las obras prometidas, como en el caso del subte; la subejecución del presupuesto es un sello de su gestión. Los negocios por la recolección de residuos y la educación privada, que relega incluso a las escuelas estatales, ponen en el ojo de la tormenta el manejo de los fondos públicos.

Por Roberto Tassara

Presupuesto anual: $ 36.000 MILLONES
Macri, otra vez blanco de las críticas por el mal manejo de las arcas públicas. Así se lo vio disfrutar en el acto oficial por el 9 de Julio, indiferente a las necesidades y los reclamos de los porteños.
La gente acompañó una manera de administrar”, se jactó el ingeniero Mauricio Macri al festejar su reelección del año último.
Hoy, muchos de quienes lo votaron se preguntan en qué consiste esa “manera”, cuando la Legislatura acaba de aprobar una ampliación del Presupuesto 2012 por $3.438 millones, con el adicional de un endeudamiento por $610 millones. Con esa ampliación, el Presupuesto de la Ciudad de este año asciende a $36.141.436.924.
Un ligero repaso a la situación del distrito porteño en educación, residuos y subterráneos es suficiente para apreciar los agujeros negros de las cuentas públicas de la gestión PRO. Si bien no son los únicos, esos rubros sobresalen por los patéticos resultados que la administración de Macri viene cosechando.
En su mensaje a la Legislatura para justificar el pedido de ampliación presupuestaria, el Ejecutivo porteño esgrimió el pago de los incrementos salariales pactados en paritarias con los empleados públicos, docentes y médicos. Como lo ha señalado la oposición, el impacto de esas subas debió ser considerado al calcular el Presupuesto. En el área educativa, la eliminación de cursos y la persistente promoción de la gestión privada en detrimento de la pública torna sugestiva la demanda de mayores recursos. Más significativo aún, entre los presuntos motivos para ampliar el Presupuesto, es el reajuste de los precios de la recolección de residuos, cuyo volumen ha venido creciendo sin pausa en los últimos años. Otra de las excusas del oficialismo porteño para pedir más presupuesto y más deuda fue la presunta transferencia de recursos a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), mientras la calidad de este servicio viene en caída libre desde la firma del acta de traspaso de enero último, pese a la suba tarifaria de 127%.
Lo errático de la administración porteña se aprecia mejor considerando que la suba del gasto público se acumula en el contexto de una sistemática subejecución de partidas y del 60% de incremento en promedio del impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Chico pobre subsidia a chico rico
“La escuela pública está en decadencia”, afirmó Macri, apuntando a la conflictividad gremial con la docencia como supuesta causa de la ineficiencia del servicio. Amparado en esa falacia, su gobierno clausuró 221 cursos de todos los niveles (143 de primaria, 53 de media y 25 de técnica). La tesis PRO hace hincapié en los pobres resultados de su propia gestión para justificar la migración de alumnos de establecimientos estatales a colegios privados. “Los padres optan cada vez más por la educación privada, sobre todo en la zona norte de la Ciudad”, señaló el mandatario porteño; pero en lugar de contrarrestar esta tendencia, su gobierno trabaja desde la gestión anterior para afianzarla. Estadísticas privadas indican que la inversión pública por alumno en la zona sur de la Ciudad es hasta 15 veces menor que en la zona norte.
Esa lógica privatista inspiró la decisión de decretar el cambio de destino de un terreno en el barrio de Núñez para facilitar su compra por la Oakhill School. El procedimiento, según la ley, debía incluir el previo llamado a audiencia pública. Sabido es que el PRO tiene alergia a las audiencias públicas, particularmente cuando hay un interés privado a proteger. En este caso, se trata de un colegio católico bilingüe perteneciente a la congregación Legionarios de Cristo, con presencia en 18 países. A la Oakhill School van los hijos del ministro de Educación, Esteban Bullrich. La nueva sede, en Crisólogo Larralde y Leopoldo Lugones (casi 3 hectáreas), revista en el Distrito Escolar 10, uno de los más castigados por la fusión de cursos dispuesta por Bullrich. Este colegio de élite tiene otras dos sedes, una en Recoleta y otra en Pilar.
Con ese tipo de auxilio estatal, la educación privada ha venido incrementando su matrícula y consecuentemente también su tajada de presupuesto. Las partidas asignadas a esta franja del sistema educativo –según estimaciones provisorias– son hoy poco menos del doble de lo que eran en 2007. Por el contrario, los recursos para la infraestructura de las escuelas del sector público, han venido cayendo hasta la mitad de lo que eran cuando el PRO llegó al gobierno de la Ciudad.
Más concretamente: en el Presupuesto 2012, las partidas para las mejoras edilicias en los establecimientos estatales disminuyeron 3% respecto del ejercicio anterior, mientras para el sector privado, ese rubro se benefició con un incremento de 30%. Esta tendencia se hace notoria en Educación Especial, que en 2012 recibe 40% menos en comparación con 2011.

Amigas recolectoras
De los varios agujeros negros de la administración macrista, la basura es un caso por demás elocuente. En el Presupuesto 2012, las partidas adicionadas para recolección ascendieron a casi $1.900 millones, con un incremento de $418 millones. En los últimos cuatro años, este gasto ha subido aproximadamente 150% en beneficio de las concesionarias de la recolección.
El criterio PRO marcha a contramano de lo que estipula la Ley 1.854 de 2006, al imponer una progresiva disminución del volumen de residuos (Basura Cero). De intentar cumplir con esa norma, la mayor parte de los recursos habrían ido a las cooperativas de recicladores que reducen el volumen de desechos. Consecuencia directa de este despropósito, el gasto por mayores costos de las recolectoras ha venido subiendo de manera incesante. Se calcula que ellas absorben el 88%, mientras que las recicladoras y el Ceamse reciben el 12% restante.
El régimen de Basura Cero establece que entre 2008 y 2011 la Ciudad debió haber bajado el volumen de residuos a poco menos de 4,5 millones de toneladas; pero la realidad es que el volumen subió por encima de 8 millones de toneladas, provocando asimismo una suba del canon que el distrito paga a la provincia por el entierro de esa basura. La gran tajada de estas partidas fue para el sector privado. En 2009, el canon del Ceamse subió 3% ($100 millones) contra el 30% de las recolectoras ($1.200 millones). En 2010, el Ente aumentó un 10% contra el 12% de los privados, y en 2011 un 5% contra un 29% de las empresas recolectoras. Entre 2008 y 2012, el Ente aumentó un 42%, mientras que las empresas privadas subieron sus costos un 102%.
Esta desproporción va camino de ser un descalabro, por la saturación del área disponible en el conurbano para recepción de la basura porteña.
Recién ahora Macri ha prometido poner en funciones una planta de reciclado de basura.
El cronograma del programa Basura Cero establecía una disminución del 30% para 2010, del 50% para 2012 y del 75% para 2017, tomando como referencia las 1.492.867 toneladas que la Ciudad ingresó en 2004 al Ceamse. Sin embargo, lo que hubo fue un crecimiento exponencial. En 2008 la Capital Federal envió 1.884.460 toneladas; en 2009, 1.847.748; en 2010, 2.110.122, y en 2011 se alcanzó el récord de 2.277.772. Esto significa una suba del 20,60% en cuatro años, cuando lo que se pretendía para ese período era una reducción cercana al 47 por ciento. En cuanto a los municipios, si bien también aumentaron sus emisiones, lo hicieron a una escala mucho menor, del 8,5% entre 2009 y 2011.
“Es el contrato que más creció, más que cualquier otro contrato de la Ciudad, y pasó de costar $730 millones en 2008 a casi $1.900 millones este año”, según el legislador porteño Martín Hourest, de Generación para el Encuentro Nacional (GEN). Otro dato permite corroborar la aseveración: de los $1.200 millones de ampliación presupuestaria que votó la Legislatura recientemente, el 20% ($242 millones) fue a parar al servicio de recolección de residuos.
Según un informe elaborado por el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), desde 2006 hasta 2010, “si se calcula la variación del total del período, el incremento es del 260% a valores corrientes, es decir, sin considerar inflación y por ende mayores costos”. De este número, según el informe, de 2008 a 2009 se aumentó 36% el contrato, y de 2009 a 2010, 38%.
Con la promesa de mejorarlo, el año pasado el gobierno porteño modificó el esquema de concesiones de recolección. Pero las beneficiarias siguen siendo las mismas concesionarias: Cliba, Aesa, Emepa, Impsa, Transportes Olivos, Ashira y Martin y Martin; según el pliego, pueden subcontratar hasta el 60 por ciento de los servicios. Según versión no confirmada, entre las subcontratadas estaría Covelia como integrante de una Unión Transitoria de Empresas.
El vicepresidente de la Unión Cívica Radical porteña, Marcelo Montero, advirtió que “los pliegos de la licitación parecen haber sido armados a medida, las únicas empresas que se animaron a presentar ofertas fueron las que actualmente operan en la Ciudad, que deben ser bastante amigas de Macri, ya que en 2010 los porteños tuvimos que pagarles $1.600 millones por sus servicios y si se implementa este proyecto les vamos a tener que pagar más de $ 2.000 millones anuales”.
El contrato vigente para la recolección de residuos es una prórroga del firmado por la gestión de Aníbal Ibarra en 2004. La dilación en la conformación de los pliegos para la nueva licitación ha dado lugar a la negociación directa entre las empresas y el Ejecutivo porteño. A raíz de esta situación, el gobierno ha venido reactualizando el precio del contrato dos veces por año. El año pasado, el gasto superó en $580 millones lo que establece el contrato.
Al respecto, Epszteyn señaló que “el nuevo pliego, en este sentido, es mucho más peligroso para los porteños, ya que la redeterminación de precios estará sujeta al aumento del 7 por ciento de cualquiera de los componentes de los costos de la empresa”.
Subtes: otro agujero negro Los porteños aportan a un fondo para obras de infraestructura de los subtes que Macri no realiza. Esto surge de lo establecido y recaudado por el Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos.
Este Fondo fue creado por ley para pagar “exclusivamente” obras en la red de subterráneos, como así también para el mantenimiento del material rodante. El jefe de gobierno de la Ciudad, como es habitual en él, ha desconocido un acta acuerdo firmada por él mismo con el Gobierno nacional en los primeros días de este año, y también decidió ignorar la ley que votó en marzo el Congreso: ordenaba el traspaso del subte a la órbita del gobierno porteño. En ambos casos, Macri y sus funcionarios argumentaron que todavía no estaban dadas las condiciones para hacerse cargo del control y la fiscalización del servicio, concesionado desde 1994 a la empresa Metrovías. La excusa es que hasta que el Gobierno nacional no aporte el dinero necesario para las obras que se encuentran “pendientes”, ellos no pueden cargar con la responsabilidad de tener el subte en sus manos.
Sin embargo, el acta acuerdo firmada en enero establecía que el Gobierno nacional se comprometía a depositar todos los meses el dinero del subsidio que venía recibiendo la empresa, algo que efectivamente sucedió. Se trata de unos $30 millones mensuales que la administración nacional destina al mantenimiento de un servicio que solo se presta en la Capital Federal.
Como si esto no alcanzara, otro de los puntos incluidos en el acta que también se cumplió fue el que consistía en la potestad del gobierno porteño para fijar en forma unilateral las tarifas del servicio, lo cual se llevó a cabo apenas 24 horas después del acuerdo, cuando Macri dispuso un aumento de 127% del pasaje, llevándolo de $1,10 a $2,50.
Todo esto podría ser interpretado como parte de una pelea entre dos jurisdicciones que no logran ponerse de acuerdo sobre una cuestión que se encuentra empantanada desde la sanción misma de la ley que le dio autonomía a la Ciudad, de no ser porque el gobierno porteño les cobra a sus ciudadanos un impuesto que va destinado a un fondo que financia obras que nunca se hicieron. Se trata del Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de Subterráneos, creado por ley, que de una u otra forma pagan casi todos los habitantes de la Ciudad, ya que se encuentra presente en distintas contribuciones que los ciudadanos tributan al gobierno porteño.
Este Fondo está conformado por la contribución territorial por “cercanía”, que pagan en la tasa de ABL todos aquellos habitantes que viven en un radio de 400 metros de alguna estación del subte, que es un 2,4% sobre el total del impuesto. Además, lo integran un 10% del total de lo recaudado por el impuesto a los automotores (patentes); el 0,03% de la contribución por “mejoras” que pagan los propietarios de inmuebles comprendidos dentro de la zona influencia antes mencionada, y el 5% de la facturación de Autopistas Urbanas (AUSA). Así, el cálculo estimado de recaudación para este año de todas estas contribuciones es de $267 millones. Si se divide esa cifra por la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad, que son 2.890.151 según el Censo 2010, el cociente da unos $92,3 por habitante.
A esta cifra hay que sumarle, por supuesto, el dinero que se va a recaudar este año por venta de pasajes, que luego del aumento se puede estimar en $794.500.000 al año (suponiendo que este año va a viajar la misma cantidad de gente en el subte que años anteriores).
La ley que creó el Fondo es la 23.514, y fue votada por el Congreso de la Nación en 1987, más de diez años antes de la autonomía porteña, aunque ninguno de los sucesivos gobiernos que tuvo la Ciudad exigió revisar su contenido. Por el contrario, siguieron recaudando sin invertir ese dinero en las obras, con el agravante en el caso de Macri de haber inaugurado solo cuatro estaciones en cinco años (Puán, Carabobo, Corrientes y Parque Patricios), durante el mayor período de bonanza económica que recuerde el país en más de 60 años. Si bien sus antecesores no descollaron, pudieron inaugurar once estaciones entre 1997 y 2007, teniendo que soportar en el medio la peor crisis de la historia argentina.
Con todo esto, es evidente que la subejecución y la ausencia de control también son políticas aplicadas en el caso del subterráneo. Los porteños han venido aportando con mayores impuestos a un medio de transporte que viene decayendo sin pausa.
“En 2011 el Programa de Expansión y Ampliación del Subterráneo arrojó un sobrante de $ 81,5 millones que no se ejecutaron producto de la ineficiencia del macrismo –le dijo a “Democracia” el diputado Rafael Gentili (Proyecto Sur)–. Resulta evidente la escasa preocupación que tiene el Ejecutivo porteño para con vecinos y pasajeros. Lo que ha ocurrido hace dos semanas es inadmisible –sostuvo Gentilli respecto de la salida de servicio de 20 trenes–.
La pérdida de pasajeros del subte no hace más que evidenciar la escasa preocupación del macrismo por el transporte público. La subejecución del Programa de Expansión y del Fondo Permanente para la ampliación de la red –dijo– son dos expresiones de una política desinteresada para con los trabajadores que diariamente toman el subte”.
Mientras tanto, una grave disfunción institucional, según lo explicado a este medio por el diputado porteño Daniel Amoroso (presidente del Bloque Unión Federal), impide que las inversiones del Fondo Permanente para la Ampliación de la Red sean fiscalizadas como dispone la Ley 23.514, sancionada por el Congreso nacional en 1987. Por ella fue creado el Fondo Permanente. “El Artículo 1º –señala Amoroso– dice que este fondo será destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalaciones, material rodante, gastos financieros y demás erogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas subterráneas o ampliación de las existentes. Es decir, que no es solo para las nuevas. También explica cómo se integra el fondo: por ejemplo, con un incremento del 5% del ABL y un incremento del 10% del monto que se recauda en concepto de patentes sobre vehículos en general”, detalla el legislador.
Esa ley dice además que el gobierno de la Ciudad debe depositar esos importes en el Banco de la Ciudad. Si bien ese dinero se deposita y se envía a la Comisión de Tránsito de la Legislatura un detalle de lo recaudado y de lo invertido, ese fondo debe ser fiscalizado por una comisión integrada por el Legislativo y el Ejecutivo de la Ciudad.
Pero, ¿qué pasó? Amoroso fue contundente con “Democracia”: “¡No se constituyó nunca!”.
A todo esto, entre los fondos que tiene “frenados” para las obras del subte, más la discrecionalidad del manejo de los fondos destinados a las escuelas, las privadas por sobre las públicas, más “el desentendimiento” por la basura, hacen un cóctel intragable para cualquier funcionario. Macri, mientras tanto, desoye todo, hace lo que quiere, solo piensa en las encuestas, en sus vacaciones y en los viajes al exterior a visitar “alcaldes” de otros países –algunos exóticos–.
A muchas de estas “tareas”, las de mirar para otro lado, las maquillan con acciones de marketing, algunas payasescas, como si ese fuera el único fin de la gestión.
Una lástima para todos los vecinos de la Ciudad que confiaron en su gestión. Parece que mientras él no se salga de la bicisenda, hace “la bicicleta” y la Ciudad “funciona” a su manera.


EDUCACION
“Macri ejecutó menos del 18% del presupuesto”, Docente y diputado Nenna.
Para Mauricio Macri la educación es un servicio que tiene que ser rentable, en lugar de tomarlo como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado. La educación para él es un servicio ‘transable’ y un eslabón más del libre comercio”, manifestó a “Democracia” el legislador Francisco Nenna (Frente para la Victoria).
“Es incongruente que la Ciudad de Buenos Aires, tercera jurisdicción con más ingresos del país, esté en los últimos cinco lugares de la aplicación de Presupuesto en materia de educación. Este año ha habido una diferencia del 0,2 por ciento con respecto al anterior en aumento del presupuesto en educación, o sea que es el mismo del año pasado con todas las falencias de infraestructura, formación de docentes y falta de vacantes en el nivel inicial”, detalló Nenna.
“Al mismo tiempo –remarcó– aumenta los subsidios a la educación privada, que no tiene ningún control o administración; son escuelas que, en muchos casos, tienen una cuota superior a los mil pesos mensuales.
Nosotros venimos denunciando esto y la falta de construcción de establecimientos en el sur de la Ciudad, donde la falta de vacantes y la superpoblación de aulas es evidente. Esto tiene que ver con su criterio de educación como gasto y no como inversión”.
También dijo Nenna: “En los primeros seis meses del año, no llegó a ejecutar ni el 18 por ciento del total del Presupuesto destinado a educación. El año pasado la subejecución alcanzó el 48 por ciento.
Esto explica las problemáticas de infraestructura que sufren 13 jardines de la zona sur, donde hay problemas de humedad, cimientos, la finalización de obras que están paradas, la falta de operatividad de empresas que dicen que no pueden seguir con las obras porque no les pagan”, agregó.
Sobre la ampliación presupuestaria votada por la Legislatura, Nenna consideró “una mentira más del PRO que ese aumento se utilice para afrontar los aumentos de salario a los empleados estatales. No hay una asignación específica para esa ampliación presupuestaria, así que eso seguramente sea utilizado en otras áreas”. Asimismo, señaló que “pretenden un nuevo endeudamiento con organismos internacionales que vamos a terminar pagando todos los vecinos”.
“Lo único que se puso de manifiesto –continuó el legislador– es una ampliación de las bicisendas y la construcción de otras que no han sido licitadas. Esto marca la visión empresarial que tiene Macri de las prioridades: esos fondos deberían destinarse a construir viviendas y combatir la emergencia habitacional, que afecta a un 25 por ciento de la población. Hoy en día la política de vivienda se centra en el negocio inmobiliario y no en la inversión en ladrillo. Así tenemos una gran cantidad de departamentos vacíos en Puerto Madero (40 y 50 por ciento) y los jóvenes que quieren acceder a la primera vivienda no pueden hacerlo”.


SUBTES
Cabandié: “Macri endeudó a la Ciudad por obras que no hizo”
El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña, Juan Cabandié, arremetió duro contra el gobierno de Mauricio Macri. Lo acusó de duplicar la deuda de la Ciudad de Buenos Aires para hacer obras en el subte que nunca realizó. “Todos los ciudadanos pagamos intereses por una deuda para el subte por obras que nunca se realizaron.
La administración macrista ya duplicó la deuda pública de la Ciudad, que es de $7.000 millones.
Macri busca confrontar con el Gobierno nacional para generar malestar.
En el gobierno de la Ciudad piensan que dañan a la Nación, pero en realidad los dañados son los porteños. El subte le pertenece a la Ciudad desde 1977”.

Form: “Busca posicionarse para 2015, pero no resuelve nada”
El legislador porteño por Nuevo Encuentro (NE) Edgardo Form puso énfasis en que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “insiste con dialogar por la cuestión del subte. Pero él lo que quiere es posicionarse para 2015 y, en el medio, no resuelve nada, ninguno de los problemas de los porteños. La Ciudad se endeuda cada vez más y el problema es que no se invierte en un servicio de vital importancia, como es el subte. Creo que es positiva la creación del ente tripartito para el transporte del área metropolitana”.

Alegre: “Es un irrespetuoso con la Legislatura”
La legisladora porteña del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, destacó que “Macri es un irrespetuoso por desviar fondos del presupuesto asignado por ley. Se sancionó un presupuesto y después, haciendo uso de una facultad que critica, desvía los fondos para otro lado. Tiene un margen para cambiar las partidas pero así y todo no enviaron lo que correspondía al subte, pese al endeudamiento de la Ciudad. El macrismo de acá a 2015 no tiene gestión y, en su intento por posicionarse, quedamos todos de rehenes”.