TIEMPO ARGENTINO - 09/08/2011
Política

EL DESASTRE QUE DEJÓ TRES MUERTOS Y UNA DECENA DE HERIDOS EL 9 DE AGOSTO DE 2010

El gobierno porteño aún no reglamentó la Ley 3562, creada especialmente para verificar obras y evitar tragedias como la que ocasionó el desplome del gimnasio de Villa Urquiza. La responsabilidad recae actualmente en la AGC

Lucía Álvarez y Gustavo Sarmiento

A un año del derrumbe del gimnasio Orión en Villa Urquiza, que dejó tres muertos y una decena heridos, la causa judicial sigue abierta y sin procesamientos.
En este tiempo, al menos otras seis personas fallecieron y unas 30 terminaron lesionadas por falta de controles a las obras impulsadas por el boom inmobiliario.
Pero el síntoma más grave es la desidia del gobierno porteño para modificar el problema de raíz: la gestión PRO continúa sin aplicar la Ley 3562 que regula las inspecciones en demoliciones y excavaciones, y que fue sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado, tras el derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo.
La norma significó una respuesta expeditiva de los diputados porteños ante la situación de emergencia, pero tal como explicaron a este diario desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la autoridad de aplicación, a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, todavía está sin reglamentar. “Se está convocando a los consejos de profesionales”, argumentaron.
La ley determina cuándo y cuántas inspecciones deben realizarse y crea un Registro Público de Demoledores y Excavadores que nunca se puso en marcha. Además detalla responsabilidades del representante técnico en la supervisión de la obra, incorpora sanciones para los propietarios en caso de no contratar una empresa inscripta en el registro y obliga a la AGC a publicar en su sitio web los expedientes de cada construcción.
Como un modo de compensar el retraso, voceros de la agencia alegaron haber ampliado los controles y subrayaron la creación de un móvil barrial de obras cuyo objetivo es recolectar las denuncias de vecinos. Sin embargo, la eficacia de este sistema está en duda. Desde abril de 2011, el único vehículo a disposición recorrió construcciones sólo de las comunas 5, 6, 12, 14 y 15, clausuró 16 de ellas y labró casi 30 actas de infracción “El problema es el mismo. El ejecutivo no ha implementado medidas transcendentes y no consigue ordenar la recepción de denuncias, que siguen dispersas”, aclaró la presidenta de la Comisión de Planeamiento urbano de la legislatura porteña, la diputada Silvina Pedreira. Por su parte, Stella Romero, de la asociación “Salvemos Villa Urquiza” alertó: “Hace un mes hice una denuncia de una obra que no tiene pantalla de protección, por lo que le cabe clausura automática.
Saqué fotos, mandé el mail, y al día de hoy sigue igual. Como esa hay miles”.
Días después del derrumbe del Gimnasio Orión, esa ONG presentó en la Legislatura, junto con la Defensoría del Pueblo, un pedido de informes sobre permisos de construcción y controles, que se respondió recién la semana pasada.
“El nivel de comunicaciones y coordinación de la AGC es un desastre. Por ejemplo, en Ceretti al 2000 clausuraron una obra por falta de pantallas de protección.
En abril violaron la norma y siguieron entrando materiales. Llamé a la fiscalía y vino la policía, que levantó un acta. Cuando estábamos todos en la puerta vino un inspector de la AGC. Dijo que venía a ver la obra por la denuncia que yo había hecho meses atrás y que ya estaba clausurada”, contó.
La Ley 3610 creó la comisión que preside Pedreira, para la reforma del Código de Edificación. De esa revisión, que busca soluciones en el largo plazo, participan la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Consejos de Profesionales, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y la Defensoría del Pueblo, que impulsó esa reforma.
La UOCRA informó a Tiempo Argentino que cada semana denuncia, con carácter de urgente, unas cinco obras de demolición y excavación.
Las advertencias son enviadas al gobierno porteño, aunque no reciben respuesta. “El Ejecutivo no tiene estructura dinámica ni coordinación entre las áreas. Nosotros somos sólo 13 personas, que llegamos a ver la totalidad de las obras en Capital, de forma permanente, cosa que ellos no hacen”, indicó a este diario una fuente sindical.
“Ciudad sacó gran propaganda diciendo que habilitaba un teléfono para denuncias, pero el problema no es recibirlas, sino qué se hace con eso. El tema está en que las cajonean”, agregó

A las 20 MARCHA
Familiares de las víctimas marcharán junto a vecinos y sobrevivientes hacia el lugar de la tragedia. Arrancarán a las 20 en Triunvirato y Olazábal. Días después de Orión, se presentó un pedido de informes, cuya respuesta llegó hace una semana

Los familiares, sin justicia ni apoyo oficial
El 9 de agosto del año pasado, Luis Lu (23), Maximiliano Salgado (18) y Guillermo Fede (37) perdieron la vida mientras disfrutaban del gimnasio Orión. Desde ese entonces sus familiares recorrieron en soledad los pasillos de los juzgados, sin apoyo oficial. Ni psicológico para sobreponerse a la pérdida, ni económico para costear los honorarios de una causa que sigue sin definición.
Hernán Fede, hermano de Guillermo, aseguró a Tiempo Argentino que “el monto de la fianza es irrisorio. El peritaje de bomberos fue contundente. Incluso la obra ya había sido denunciada y cuando fueron los inspectores casualmente estaba parada. Habían hecho la excavación en sólo tres días sin amurar paredes del gimnasio, con máquinas más grandes. Todo con el afán de ahorrar plata. Ellos dicen que el gimnasio tenía fallas ocultas, que de los tres edificios linderos sólo ese se cayó. Y en septiembre se va a hacer un nuevo peritaje en el lugar, que hoy es un baldío arrasado y lleno de yuyos”.
Para la madre de Maximiliano, Patricia Izraelewicz, “son estrategias para alargar. Si fuese la defensa, haría lo mismo. Los culpables se sabe quiénes son, lástima que la Cámara avaló esto. Es faltarle el respeto a las familias de las víctimas y de los que sobrevivieron.” Cuando perdieron a su hijo, Marta Wang y Xin Lu estuvieron ocho meses sin querer salir de su casa.
Emocionada, Marta contó a Tiempo que el matrimonio planea llevar el caso a la Corte Suprema “porque hubo negligencia, y claramente hay tres culpables, que tienen plata y por eso están libres”. En cuanto al dueño del gimnasio, opinó que “si sentía vibrar, debió retirar a los chicos de inmediato, cuidándolos. Se podría haber evitado la tragedia”.
Sobre el trato del gobierno de la Ciudad, los tres fueron contundentes.
“No hubo comunicación, ni el primer día. No tuvieron ni humildad, ni humanidad. Evidentemente para el jefe de gobierno somos números”, aseguró Patricia, que debe costearse el tratamiento psiquiátrico y psicológico que le generó la pérdida de su hijo.
“Esa noche me encuentro con Macri, que estaba revisando el lugar. Me dijo que me quede tranquila, que tenía 200 personas trabajando. Pero no se ven. Tenemos más de 60, y el derrumbe destruyó nuestras vidas, me sacaron el corazón. Nadie me ayuda ni me apoya. ¿Y yo qué hago entonces?”, se preguntó angustiada Marta. “La relación con Ciudad es nula. Esa noche, una vez que se apagó la cámara, Macri desapareció con su gente y nunca más ofrecieron contención.
Ese es su negocio, y por el momento no es un tema que le importe, humanamente no tuvimos ninguna ayuda”, sostuvo Hernán, y concluyó: “Se puede repetir un hecho similar en cualquier momento.

Opinión
“Es otra deuda del Ejecutivo”
Eduardo Epzteyn Diputado, autor de la Ley 3562

Se sigue percibiendo una ausencia del Estado. La semana pasada hubo otro derrumbe de medianera. Lo que planteamos en la ley y la inspección en momento cero de obra, no se ha hecho nada. La situación de riesgo es la misma. El registro público no se ha implementado, y no hay comunicación con la AGC. Lo único que hicieron fue poner un teléfono para que los vecinos llamen, pero no se ha incrementado el presupuesto para inspectores, ni tampoco hay más personal. El gobierno está lento en este tema, había un bache legal porque no había obligación de controlar en el momento de la demolición. La legislatura hizo lo que tenía que hacer, sacó la ley por consenso, ahora se tiene que actuar el Ejecutivo con el registro de demoledores, publicar en la página web, hacer la memoria de excavación.
Ahí está el tema central. Cambió la legislación pero falta que el gobierno de la Ciudad actúe en consecuencia

Una causa sin avances
Después de que la Cámara Criminal y Correccional haya resuelto revocar por falta de mérito los procesamientos de los tres acusados –el ingeniero responsable de la obra, Guillermo Heyaca Varela, el titular de la constructora Desarrolladora Mendoza SA, Daniel Alberto Menta y el dueño de la empresa de excavaciones, José Pataro– la causa volvió nuevamente al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 45, a cargo de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo. Allí se decidió realizar una pericia especializada que estará a cargo de tres ingenieros civiles, elegidos por el Consejo de Ingeniería Civil y de dos arquitectos designados por el decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA. En un mes deberían llegar a las primeras conclusiones.
“La pericia de los bomberos y de nuestros técnicos coincidía en las faltas: en el lugar había agua, la máquina no era acorde y no se realizó la submuración. Creemos que estos profesionales van a demostrar que hubo un estrago doloso”, explicó el doctor Roberto Damboriana, abogado de Pablo Galli, el dueño del gimnasio y uno de los querellantes.