Miradas al Sur - 15/08/2011

Por Eduardo Epszteyn, legislador de Diálogo por Bs. As.
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Al jefe de Gobierno simplifica la evaluación sobre la Metropolitana con frases como “hay un altísimo nivel de satisfacción de los vecinos”, o “la gente esta feliz en los barrios en que llegó”. Sin embargo, la política de seguridad requiere ser evaluada con definiciones de una política de Estado.
A más de un año del inicio el saldo no es positivo. El marketing, la publicidad y el show se imponen ante la presentación de datos objetivos. Del modelo inicial (el del Fino Palacios), que se presentaba como una policía dura con una fuerte impronta en la acción investigativa y de conjuración de delitos, se pasó a una pretendida policía de proximidad. Sólo una oscilación. A pesar del discurso y la publicidad de “nueva policía”, se armaba una fuerza con un grupo de oficiales y suboficiales de la Federal que lejos de representar lo nuevo vinieron a reproducir el modelo tradicional tan criticado. En el proceso de selección de los agentes defendieron sus intereses corporativos, y son los únicos funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen sus salarios enganchados a los del Poder Judicial, y sus aumentos no dependen del Ministro o el jefe de Gobierno. De la acción en las comunas no es posible contar con indicadores que muestren la eficacia preventiva. Tal vez porque su registro de incidentes es ineficiente o inexistente.
Sí es posible asistir a grandilocuentes anuncios de aplicación de moderna tecnología. Patrulleros que cuentan con cámaras para escanear patentes de vehículos, pero ¿cuántos vehículos con pedido de captura detectaron o retuvieron? Se instalan cámaras, que según los anuncios van de a miles. Se muestran modernos centros de monitoreo, aunque no pueden responder a dos preguntas: ¿cómo se respalda operativamente la respuesta urgente a lo que se detecta, con 700 agentes por turno que no cubren las 24 horas?, y ¿cuántos delitos fueron conjurados eficazmente como resultado de una alerta de los Centros de Monitoreo? No se trata sólo de grandes inversiones en infraestructura tecnológica, sino de dar respuesta a los problemas que se detectan. También fueron publicitados operativos de secuestro de drogas. Las noticias curiosamente demostraban la alta capacidad operativa de la fuerza y sus éxitos investigativos. Aunque en ningún caso está claro cómo se arribó a la detección, sin hacer por cuenta propia “tareas de inteligencia previa”. Las medidas de allanamiento siempre fueron ordenadas por un mismo juez federal. Pero, ¿qué lugar en las prioridades de una “policía de proximidad” deben tener estos mega operativos? ¿No debería esta fuerza destinar sus recursos a tarea preventiva?
Paradójicamente, la misma prestancia y solvencia operativa mostrada fue negada por el jefe de Gobierno y sus funcionarios a la hora de enfrentar la delicada situación en el Indoamericano unos días después, y a la hora de proteger lugares sensibles a la prestación de servicios sociales. La próxima Legislatura deberá enfrentar el desafío de ejercer firmemente su rol de control.