Revista Veintitres - 01/06/2010

Por Luz Laici y Franco Mizrahi
A Mauricio Macri le gusta imaginar construcciones. No carga en vano el título de ingeniero civil. Y si de chico, alguna vez, jugueteó con legos de colores, ahora el intendente porteño despunta el vicio con planos más complejos y teñidos por el gris opaco del concreto. La última novedad: fusionar los hospitales Francisco J. Muñiz, Dr. Carlos Bonorino Udaondo y María Ferrer en el futuro Complejo Hospitalario Sur. Un negocio público-privado millonario que, de concretarse, detonará una bomba sanitaria en la ciudad.

La unificación es una vieja idea del macrismo pero recién tomó forma este año. En pleno receso estival –y mientras Mauricio intentaba superar su ruptura con María Laura “Malala” Groba jugando al golf en la Patagonia–, Horacio Rodríguez Larreta le dio curso a una presentación de la empresa Techint S.A. que contempla, justamente, ese proyecto de obra pública. Amparada bajo el Régimen Nacional de Iniciativa Privada –impulsado por el Poder Ejecutivo en 2005 para “promover la participación e inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización de emprendimientos de interés general” y al que la ciudad adhirió en diciembre de 2007–, la compañía elaboró un plan para poner en valor, refuncionalizar y ampliar las edificaciones del Hospital Muñiz.

Según el expediente Nº 13.683/10, Techint S.A. ofrece la posibilidad de ubicar en ese único predio “la instalación de tres unidades de tratamientos de patologías específicas que actualmente cubren los hospitales Muñiz, Ferrer y Udaondo”. El calor le imprimió ritmo a la cartera de Rodríguez Larreta: con la Resolución Nº 35, el jefe de Gabinete designó “al señor Director General de Región Sanitaria I, Dr. Néstor Pérez Baliño (DNI 7.609.612), dependiente del Ministerio de Salud, como integrante ‘ad hoc’ de la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas creada por la Resolución Nº 52-MDEGC/2008” y logró poner en agenda una unificación resistida.

La mayoría del equipo médico y no médico afectado por los cambios se opone a la movida Pro. ¿El motivo? No existe antecedente sanitario alguno en el país que avale la reconversión de un hospital infectocontagioso y dos monovalentes –el de gastroenterología y el de enfermedades respiratorias crónicas– en un mismo lugar. Sin embargo, el interés macrista no se apoya en la salud: su base tiene la cara del dinero. En este caso, los legos de Mauricio, versión 2010, habilitan negocios millonarios: la construcción del nuevo complejo estima un desembolso que supera los 170 millones de dólares y libera, además, dos predios ubicados en Barracas (el Udaondo y el Ferrer), disponibles para encarar proyectos inmobiliarios de envergadura. A esta altura, un deporte oficial en el círculo íntimo del intendente.
Con un valor por metro cuadrado que, en Barracas, oscila entre los 800 y los 1.000 dólares -según diversas inmobiliarias consultadas-, el terreno del Udaondo equivaldría a 2.800.000 dólares (tiene 2.800 metros cuadrados). Un precio de venta para el terreno nada despreciable. Además, no es la primera vez que Macri intenta revalorizar zonas porteñas (ver recuadro). Por caso, el diputado de Diálogo por Buenos Aires Eduardo Epszteyn aseguró en 2008 a Veintitrés que el cierre de los hospitales Borda y Moyano también estaba vinculado con emprendimientos inmobiliarios: la construcción de diez nuevos centros de internación y doce hospitales diurnos para atender a los pacientes con patologías neuropsiquiátricas, así como cambios en el trazado de subterráneos y estaciones de cabecera para revalorizar el barrio. Si bien el Muñiz perteneció, desde sus orígenes, al gobierno porteño, los edificios donde funcionan los restantes complejos sanitarios se transfirieron a la ciudad en distintas épocas. Mientras en 1978 la junta de gobierno militar le entregó a la administración de Osvaldo Cacciatore -a través del decreto ley 21.883-los predios de algunos establecimientos asistenciales porteños, fue durante el gobierno de Carlos Menem cuando los hospitales nacionales ubicados en el distrito se traspasaron definitivamente a la ciudad. En este caso, fue a través de la Ley 24.061 que, en su artículo 28, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional ¨a transferir los bienes muebles e inmuebles de su pertenencia que actualmente utiliza para prestar los servicios a que se refieren en el artículo 25 de la presente ley (referidos a los hospitales públicos)¨. Para resistir el embate macrista, un grupo de legisladores porteños propuso declarar patrimonio histórico al edificio del Muñiz que, creado en 1881 para enfrentar la epidemia de fiebre amarilla, hoy combate a otro enemigo, pero del mismo color. En esa línea, el último 5 de mayo se realizó una audiencia pública en la Legislatura con el objeto de debatir ¨el nivel de protección cautelar de los edificios pertenecientes al hospital¨. José Eduardo del Mármol, ex director del establecimiento, aseguró: ¨El Muñiz es un centro médico de referencia a nivel local y regional. Tiene 160 mil consultas anuales, de las cuales el 60 por ciento es por HIV. La atención ambulatoria también creció enormemente y a través de ella reciben medicación 2.200 pacientes (...) Por eso no es conveniente juntarlos con afectados por otras patologías. En Toronto, por ejemplo, años atrás aparecieron dos casos de gripe aviar en un hospital monoblock. Y tuvieron que clausurarlo en su totalidad por que no se podía establecer un sistema de aislamiento del virus. Esos son datos que deben tenerse en cuenta¨. En igual sentido, el enfermero y dirigente de Sutecba, José I. Pérez, resaltó: ¨No hay que perder de vista, además, que los hospitales de la zona sur atienden a la gente que realmente se encuentra en inferioridad económica. Mientras que en Europa conservan como patrimonio histórico, cultural y sanitario a los hospitales pabellonados, acá algunos iluminados nos quieren hacer ver que eso es lo antiguo, que tenemos que ir por otro camino. Que no nos lleve por delante un negocio; que no nos lleve por delante ese progreso que pretenden porque se le responde desde la ideología y la política social y sanitaria que consiste en ayudar al más necesitado. Si no protegemos a este hospital, no podrá evitarse que venga la topadora y nos lleve puestos¨.
Pero la maquinaria de presión Pro ya comenzó a funcionar por distintas vías. En el caso del Hospital Udaondo, la estrategia apunta al abandono y el desmantelamiento. El último 6 de abril, la médica Ana Retamozo denunció en la Legislatura: ¨Tenemos equipos de radiología que no funcionan y llevamos nueve meses sin tener gas. En las salas de internación, por ejemplo, los pacientes no se bañan y los obligan a comprar paños higiénicos. Las bombas de agua no andan y desde el ministerio nos dijeron que tenemos que arreglarnos porque las licitaciones tardarían mucho en salir. La situación es un desastre. En 2008, habían aprobado por presupuesto una partida para el hospital que nunca llegó. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cuál es la respuesta para la destrucción del hospital? Estamos ante un cierre encubierto¨. En cambio, en el Muñiz -que también afronta problemas estructurales, como la falta de camas en terapia intermedia e intensiva- la mayar presión está puesta en los trabajadores. El pasado 19 de mayo, personal profesional y administrativo repudió la jubilación compulsiva decidida por el Ministerio de Salud. Jorge Selser, legislador de Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud, cuenta que ¨con mi equipo constatamos que el ministerio intimó a más de 70 personas del plantel a jubilarse de modo forzado, lo que incide en la reducción del mismo. Además, hay salas de internación cerradas y funciona el 60 por ciento de la terapia intensiva¨. Si bien los médicos de ese establecimiento pueden ampararse en el plus de insalubridad -que les permite acceder al retiro antes de contar con la edad requerida por ley por estar en contacto con enfermedades infecciosas-, se trata de una decisión personal y no una cláusula en la que los gobiernos puedan ampararse para obligar a los empleados a jubilarse. Abandono estructural, recorte de personal, demora en la entrega de insumos y medicamentos, desmantelamiento de espacios. La lista de acciones -u omisiones- de la tropa macrista apunta a justificar la fusión. El propio titular de la cartera de Salud porteña, Jorge Lemus, explicó ante los legisladores: ¨El Hospital Udaondo, junto con el Ferrer y el Muñiz, están en una condición de infraestructura de crisis extrema. Hemos heredado tres hospitales y nuestra respuesta, además de arreglarlos todos los días para que puedan seguir con su actividad, fue reunirnos con autoridades y representantes gremiales para diseñar un plan para hacerlos de nuevo. Ya está consensuado el plan médico y el plan arquitectónico. No se trata de hacer un pabe llón de un hospital sino de hacer uno que sea moderno, a partir de un hospital a veces irre cuperable, que necesitará mucho más dinero que levantar uno nuevo. De esta manera, va mos a cumplir con los tres y arreglar defini tivamente un problema que no puede tener resoluciones de pequeño nivel¨. Un médico del Muñiz, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, desmiente al ministro: ¨No sólo el macrismo avanzó en su decisión de intervenir los hospitales sin consultarnos sino que sus arquitectos nunca visitaron las instalaciones. De hecho, en una reunión con el director del establecimiento confesaron que para hacer los planos se valieron de las imágenes de Google Earth. Una vergüenza¨. Para el diputado Selser, el mayor peligro del plan de Lemus ¨no es el de los negocios. Existe algo peor: mezclar a enfermos infectocontagiosos con aquellos inmunosuprimidos, que tienen problemas gastroenterológicos o pulmonares. El fundamento sanitario para llevar adelante esta unificación no existe¨. Una idea que ni siquiera pudo rebatir Lemus. Según el ministro, ¨hoy en día, en todo el mundo se hace gestión por procesos, sin per der la individualidad. Y si revisan el proyecto arquitectónico notarán que los tres estableci mientos están por separado¨. La pregunta, en tonces, se vuelve obligada: ¿por qué no mejo rar lo existente? Silencio, hospital.
Al cierre de esta edición, los legisladores que deberán analizar la iniciativa de Techint no habían recibido detalles sobre el financia miento del proyecto, los fundamentos sani tarios para llevarlo a cabo y la forma en que el personal médico y administrativo de cada hospital será reubicado en el nuevo es quema. Una cosa es cierta: la concepción de salud de Macri es más economicista que sa nitarista


Ladrillos Pro

Tres terrenos en Catalinas Norte, otros tantos en Caballito, Saavedra y Villa Urquiza -estos últimos en la traza de la ex AU3- y los pertenecientes a los hospitales Borda y Moyano fueron claves en algunos proyectos que Mauricio Macri tuvo en su agenda para realizar lo que más lo seduce: emprendimientos inmobiliarios por millones de dólares. Una política Pro que ahora denuncian los trabajadores de los hospitales Muñiz, Udaondo y Ferrer. Cuando el jefe de Gobierno porteño anunció dos años atrás que cerraría los establecimientos psiquiátricos, en el marco del nuevo plan de Salud Mental, Mario Muño, delegado de ATE del Moyano, denunció: ¨Vienen por las tierras de nuestros hospitales. No nos invitaron a participar de este plan, pero sí se fijaron en el gran negocio inmobiliario, en las grandes playas de estacionamiento, edificios y shoppings que pueden construir en esos terrenos¨.
En sintonía con estos conflictos, está el intento del Gobierno de la Ciudad por desalojar las viviendas levantadas alrededor de la traza de la ex AU3 y utilizar esos terrenos para nuevas obras. Al día de hoy, los vecinos siguen resistiendo y denunciando amenazas por parte de representantes del gobierno macrista. No es causalidad que uno de los mejores amigos de Mauricio, y que tuvo un paso fugaz por el gobierno porteño -al que debió renunciar por sus vínculos comerciales con la ciudad-, sea Nicolás Caputo, dueño de la constructora Caputo SA, una empresa con muchos contratos Pro. Entre los negocios de la firma figura el edificio Dosplaza en Caballito (fotos), que generó críticas entre los vecinos.


POR GABRIELA ALEGRE / Diputada por Encuentro Popular para la Victoria

La salud como negocio

La lógica de gestión dei gobierno de Mauricio Macri se manifiesta en el área de salud con toda crudeza. Son conocidas las declaraciones del jefe de gobierno y sus funcionarios que explicitan una visión discriminatoria y privatista de la salud pública. El Hospital Muñiz ha sufrido en los últimos dos años el desmantelamiento de servicios, la falta de mantenimiento, la paralización de obras edilicias y un profundo retraso en el nombramiento de personal médico y administrativo.
Es lamentable que hoy se explique esa política de abandono en la decisión de favorecer a una empresa como Techint, bajo la figura de la iniciativa privada, con un negocio millo-nario cuyo objetivo es la construcción de un megacompiejo hospitalario en los terrenos del Muñiz y el cierre de los hospitales Udaondo y Ferrer. Así, el macrismo pretende avanzar en otro gran negocio inmobiliario como el intentado con el anuncio de cierre de los hospitales Borda y Moyano, que frenó la movilización de todos los sectores involucrados con la atención de la salud mental en la ciudad. La pretensión de unificar de manera inconsulta e improvisada un hospital especializado en la atención de enfermedades infecciosas, como el Muñiz, con dos hospitales monovalentes, como el Udaondo y el Ferrer, tendrá como resultado la destrucción de equipos experimentados, peor asistencia y graves riesgos sanitarios. Otro ejemplo de la política del empresario Macri que responde a la lógica de achicamiento del Estado, para la cual la salud es un negocio y no un derecho.

Marca porteña

En mayo último, el Gobierno de la Ciudad anunció el relanzamiento del programa Cobertura Porteña de Salud dirigido a 600 mil vecinos que no tienen prepagas ni obras sociales. El proyecto busca que cada paciente que reside en el ámbito porteño tenga un médico de cabecera y pueda reservar su turno vía telefónica. Pero, en verdad, el carnet esconde un costado discriminatorio: relegar de la atención a las personas que viven en la provincia de Buenos Aires o el interior del país que utilizan a los centros sanitarios porteños. Entre las características principales del programa sobresale el carnet identificatorio que deberán tener los vecinos para atenderse de manera exclusiva con los doctores, alrededor de 300 profesionales que estarán afectados al plan y que atenderán en consultorio. Según datos del Ministerio de Salud porteño, el 58 por ciento de las personas que llegan a los hospitales de la ciudad no viven en el distrito. No toman en cuenta, por caso, la cantidad de ellos que trabajan en la capital y consumen en el distrito. Esas variables no contaron para el Pro al momento de fijar prioridades de atención.