La Prensa - 08/09/2010
Política

Se hará una tarea de recolección de pruebas hasta el 30 de noviembre y los informes finales se recibirán entre el 1 ° y el 15 de diciembre.

La Comisión Investigadora de la Legislatura creada para estudiar la responsabilidad política del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por la causa de las escuchas ilegales, aprobó ayer su plan de trabajo que contempla recibir los informes finales entre el 12 y el 15 de diciembre.
La cuarta sesión del cuerpo comenzó a desarrollarse pasadas las 11, con un retraso de una hora respecto de la convocatoria original, y se caracterizó por cruces permanentes en los legisladores del PRO y los de la oposición: ¨Que la jornada de trabajo empiece y termine dentro de las reglas que se votaron¨ fueron las palabras del presidente de la Comisión Investigadora, Martín Hourest.
Y en concreto, la comisión trató el plan de trabajo propuesto por el PRO. Con 16 de los 17 integrantes presentes (Diego Kravetz se encuentra de viaje), se aprobó que la actividad de la Comisión sea hasta el 15 de diciembre de 2010 (el PRO proponía 13 semanas). Luego, se aprobó que el ofrecimiento y producción de pruebas sea desde el 6 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Y, además, se dio el visto bueno a que la presen tación de informes finales sea del 1 al 15 de diciembre.

LAS LINEAS Una de las polémicas se situó en el tratamiento de las líneas de investigación ya que la oposición lo contaba entre los temas del día y el PRO no llevó una propuesta sobre el tema alegando que no estaba previsto.
¨Todos habían hecho la tarea referida a la línea de investigación menos el bloque del gobierno¨, denunció Hourest, e instó al PRO a preparar su análisis para la próxima reunión que se concretará el lunes a las 14.
Hourest explicó además que el cuerpo buscará establecer ¨si se mintió sistemáticamente o si se recurrió a un sistema de decisiones que no son los normales¨, dentro de la administración porteña.
Dentro de las líneas a seguir, Fabio Basteiro (Proyecto Sur) hizo eje en la Policía Metropolitana y propuso citar al encargado de seguridad privada del Gobierno mientras que Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Raúl Fernández (Encuentro Progresista) propusieron que se analice la incidencia de la Policía Federal. El mismo Epszteyn acusó al macrisrho de ¨permanentemente entorpecer y limitar los tiempos de la investigación¨.
Con un cuarto intermedio votado cerca de las 141horas, los legisladores decidieron tratar el lunes próximo (a partir de las 14) la ¨consolidación de las líneas investigativas y estimación de la lista de testigos¨

Desde el PRO piden derecho a la defensa

El jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, llevó ayer la voz cantante del oficialismo al defender de las acusaciones al Gobierno porteño e insistió en que Mauricio Macri es víctima de ¨una gran operación¨ contra el que será ¨candidato a presidente en 2011¨.
¨Queremos garantizarle la defensa (a Macri), pero no queremos que esto sea la causa de (Norberto) Oyarbide en la Legislatura, donde el accionar se sepa antes en la prensa. Queremos que en esta Comisión no pase lo mismo que en la causa de Oyarbide¨, enfatizó el diputado.
Y agregó que ¨no queremos que los testigos se conozcan primero en la prensa. Con todo derecho desde nuestro bloque vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias. Queremos que se garantice nuestro derecho a defensa¨.
Ritondo además afirmó que ¨llama la atención que nadie pregunte qué hacia Ciro James en la,Federal, quién le avisó a Sergio Burstein, o porqué le avisaron. Tendrían que tener un poco más de coraje, pero capaz que hay temor o disciplina partidaria kirchnerista¨.
Además el PRO intentó impugnar, sin éxito, la designación de la legisladora Gabriela Cerruti con el cargo de Secretaria. Y por otra parte, Martín Ocampo, designado vicepresidente primero de la Comisión, también presentó un proyecto de resolución en el que se plantea la nulidad de los nombramientos.

La particular lista de Cerruti

La legisladora porteña Gabriela Cerruti anticipó su lista de testigos para que sean citados por la Comisión Investigadora Especial entre los cuales incluyó al padre del líder del PRO, Franco Macri, y a Sergio Burstein, familiar de víctima del atentado a la AMIA y damnificado por las escuchas telefónicas.
Según indicó Cerruti, las líneas de investigación deben estar enfocadas a ¨establecer si el nombramiento de Jorge Palacios y sus colaboradores constituyó una violación a la ley de Seguridad Pública 2894¨ y saber si ¨efectivamente funcionó un aparato de inteligencia en el Gobierno de la Ciudad o que hubiera sido provisto de recursos por éste, en alguna de sus dependencias¨.
En el primer análisis, la legisladora del bloque Nuevo Encuentro planteó el pedido de documentación y la citación de, por ejemplo, Osvaldo Chamorro quien ocupó el cargo de jefe de la Policía Metropolitana posteriormente a Palacios- y Mariano Narodowski, ex ministro de Educación y titular de la cartera cuando se contrató al espía Ciro James.
En lo vinculado a la existencia de una red de inteligencia, Cerruti consideró la citación de Burstein; Franco Macri; el cuñado del jefe de Gobierno porteño, Néstor Leonardo; y Bárbara Diez de Tejada, esposa del jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Buscan consultar A la AMIA y a la embajada norteamericana

El diputado Daniel Amoroso pidió que sean consultadas las embajadas de Israel y de Estados Unidos y también la AMIA. El ex macrista hizo este pedido para poder confirmar si, como dijo Macri cuando estuvo en el recinto de la Legislatura el 23 de agosto, fueron esas embajadas y la entidad judía las que le recomendaron poner al frente de la Policía Metropolitana a Jorge ¨Fino¨ Palacios. ¨Me parece que el jefe de Gobierno mintió o lo hizo algún funcionario de las embajadas que fueron mencionadas¨. Por su parte, Fernando Sánchez (Coalición Cívica), manifestó que ¨nosotros tenemos un solo objetivo, establecer la cuantía de la responsabilidad política de Mauricio Macri, porque a priori es responsable de la designación de su jefe de Policía, lo que no quiere decir que eso sea objeto de un juicio político¨