Diario Z - 06/09/2012
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Los derrumbes son el talón de Aquiles del macrismo, que ni siquiera concursó las direcciones de la Agencia encargada de fiscalizar y sancionar a los infractores. Un proyecto de ley pretende reforzar los controles y quitarle esa caja.
Por Marta Bilbao REDACCIÓN Z

El talón de Aquiles del gobierno macrista es el control: a pesar de que ¨ la tragedia del boliche Cromañón en 2004, generó varios cambios, éstos no fueron suficientes para que funcione correctamente el organismo que debe fiscalizar que los porteños puedan vivir y circular seguros. Para Mauricio Macri, el punto más débil es la construcción. Desde que asumió, se han producido más de 25 derrumbes y nueve muertes.
Casi todos estos episodios tuvieron que ver con fallas en los controles de las obras en construcción, en general, por excavaciones mal realizadas o mal inspeccionadas.
El último episodio que mató a Octavio Pérez Galimberti en la zona de Tribunales el 17 de agosto último, mostró que también brillan por su ausencia los controles sobre las fachadas, balcones y mamposterías.
La actitud del gobierno porteño en cada uno de estos accidentes fue la misma: responsabilizar a los profesionales que firman las obras. Ellos niegan cualquier responsabilidad. Y para muestra sobra un botón: la primera comunicación oficial después de la muerte en Tribunales fue un mensaje de la vicejefa María Eugenia Vidal, que dijo: ¨Fue responsabilidad del consorcio¨. Todavía no se conocía la identidad del fallecido.
En el círculo cercano a Macri saben que esta situación podría afectarlo.
El proyecto de ley que buscará que el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez ya no recaude es una de las reacciones del Gobierno. La tarea será delegada al Ministerio de Justicia, encabezado por Guillermo Montenegro. ¨Dos ojos ven más que uno¨, aseguran los que prefieren eludir el término corrupción.

AGENCIA SIN CONCURSO
La AGC es el organismo encargado de habilitar y fiscalizar locales y comercios, de garantizar la seguridad alimentaria y la de geriátricos, natatorios, eventos masivos y locales de baile, entre otros. Además de controlar que se cumpla la reglamentación en obras, instalaciones, demoliciones y excavaciones tanto del ámbito privado como del público.
Fue creada por Macri a fines de 2007 a partir de la ley 2.624 en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. Iba a estar integrada por profesionales elegidos por concurso. ¨El objetivo es fortalecer el sistema de control por medio de una agencia profesionalizada, con cargos por concurso, y no influida por la política¨, decía en aquel momento Horacio Rodríguez Larreta, flamante jefe de gabinete porteño.
El proyecto también establecía la unificación de las áreas de inspección en materia de obras, habilitaciones comerciales, bromatología y seguridad, hasta entonces dispersas por varias dependencias oficiales. Y preveía que la agencia fuera presidida por un director ejecutivo designado por el jefe de Gobierno y que por debajo de éste hubiera directores generales elegidos por concurso, independientes del gobierno de turno y con perfil técnico.
La Legislatura respaldó la iniciativa y otorgó dos años al Poder Ejecutivo, desde el lanzamiento de la AGC, para realizar el concurso y los nombramientos. Así, a principios de 2010, deberían haber estado en funciones los directores generales en cinco áreas: Fiscalización y Control de Obras, Fiscalización y Control, Higiene y Seguridad Alimentaria, Control de Faltas Especiales, y Habilitaciones y Permisos. Cinco años después hay que seguir esperando.
A posteriori de la creación de la Agencia fueron incorporados unos 800 inspectores que se sumaron a los que ya existían. Pero los concursos para designar a los directores generales se postergaron y lo que fue una buena idea creada por ley sólo quedó en el ideal. Se presentaron 54 candidatos, pero el jurado que tenía que elegirlos renunció (se habla de presiones y disputas políticas).
Después se iba a elegir un nuevo cuerpo para tomar la decisión pero el proceso sigue congelado.
La Agencia funciona con los mismos déficits de administraciones anteriores. Y su director, Javier Ibáñez, ha sido fotografiado cinto en mano en una pelea entre barrabravas de Atlanta (el club de sus amores) y de Chacarita (diarioz.com.ar/nota-9852-denuncian-que-macri-nombro-a-un-barra-brava-como-titular-de-la-agc.html).
El anterior, Oscar Ríos, también tenías sus pasiones en el fútbol. Tuvo que renunciar en agosto de 2010 porque mientras los rescatistas trabajan en el gimnasio de Villa Urquiza se retiró a votar contra Riquelme en Boca.

CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
Como respuesta espasmódica a tanta desgracia, la última semana de agosto la Legislatura sancionó una ley que modifica el Código de Edificación y establece inspecciones obligatorias en cada etapa de las obras. Todas las obras nuevas, ampliaciones, demoliciones y excavaciones deberán ser inspeccionadas por el Gobierno y se deberán publicar en la página web oficial los expedientes de obra con sus inspecciones, donde conste el nombre de la calle y numeración, fecha de registro y profesional responsable.
Además las empresas deberán estar inscriptas en un registro y contar con profesionales a cargo y seguros para posibles accidentes.
La ley tuvo dos lecturas -con una audiencia pública- y fue votada por unanimidad.
¨Se busca que los controles sean más exhaustivos. En los últimos años los derrumbes se han generado en construcciones linderas a excavaciones. Por hacer trabajos sin control y en tiempo récord, las empresas, muchas de dudosa solvencia, han sido protagonistas de estos derrumbes¨, explicó Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, autor de la ley junto a Rubén Campos y Claudio Presman (UCR).
Ahora también quieren modificar la ley 257 que establece que todas las propiedades de más de tres pisos deben presentar un informe sobre el estado de fachadas y balcones, entre otros elementos constructivos.
La norma también establece que, en caso de accidente, son los propietarios y el profesional que certifica los responsables ante la Justicia e indica que el gobierno debe dar créditos blandos a los consorcios para ponerse en regla.
El universo de edificaciones con más de tres plantas es de 230 mil, según cifras oficiales que hizo públicas la AGC. También se informó que de ellos, 170 mil no presentaron ningún reporte del estado de la edificación. Sin embargo, la AGC indica que eso no necesariamente significa un riesgo. Es que aunque se estima que hay entre 70 mil y 72 mil edificios que podrían ocasionalmente tener algún riesgo por su altura y su antigüedad, cumplieron con las presentaciones correspondientes.
Lo que sí evalúan las autoridades macristas es un retoque a ley poniendo más requisitos para los propietarios y consorcios: se trata de estudios técnicos de precisión que, en 1999, cuando se sancionó la normativa, eran casi inaccesibles por sus costos. En ambos casos, igualmente y como le gusta al PRO, la responsabilidad final siempre es del profesional firmante.

DESCONEXIONES OFICIALES
En los últimos hechos, el de Tribunales y el derrumbe de media acera en Sinclair, se pudo ver la falta de comunicación entre las dependencias oficiales. En el primer caso, la marquesina que cayó junto a la losa nunca había sido habilitada por la Subsecretaría de Espacio Público. En el segundo caso, en el que la tierra se desplomó, rompió un caño de gas y dejó cortada la calle por tres meses, se indicó que el estudio de suelo lo tenía Desarrollo Urbano.
Aunque todo sucede vertiginosamente no se deben olvidar otras áreas de control como las que deben supervisar los geriátricos y asilos.
Hace apenas tres meses las víctimas fueron dos mujeres, de 80 y 91 años, que dormían en una habitación del primer piso de un establecimiento que se incendió en Floresta.
En la ciudad de Buenos Aires hay 656 establecimientos habilitados controlados por sólo 15 agentes.
Cabe recordar que la población de tercera edad en el distrito asciende a las 620 mil personas.
Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, detalló en ese momento: ¨El Estado de la Ciudad empezó a controlar la situación de los geriátricos en 2002, luego de la catástrofe del geriátrico de la calle Swperí, donde murieron cinco mujeres. A partir de esa tragedia, se redactó la ley 661, que recién fue reglamentada en 2005, cuando murieron otras dos mujeres en un geriátrico de la calle Saavedra de forma parecida.
Con esta ley pasó algo particular. Al momento de ser promulgada, había cerca de mil geriátricos. Cuando se reglamentó, quedó la mitad: hoy no llegan a 600. ¿Qué pasó? Los que no se adecuaron no dejaron de ser geriátricos, sino que pasaron a funcionar clandestinamente.
Es muy difícil saber cuánta gente vive en esos geriátricos truchos. Como la ley considera geriátrico al establecimiento con más de cinco personas, muchos reciben a tres o cuatro y así escapan de la ley. Mientras tienen ancianos autoválidos no pasa nada, pero cuando empiezan a deteriorarse surgen los problemas graves¨.
Respecto de las faltas especiales habrá cambios. Como se dijo, el cobro lo realizará Montenegro (previo paso por la Legislatura). Se trata de una modificación profunda en el sistema de control y sanción de las faltas especiales. Hasta el momento, la AGC no sólo realiza inspecciones para constatar que las actividades establecidas en el Código de Faltas estén en regla, también debe sancionar las infracciones a la ley 451. ¨Resulta indispensable establecer el principio de la doble autoridad administrativa; el control cruzado, que supone que en el procedimiento de sancionar han de intervenir dos autoridades distintas, una para la instrucción y otra para la resolución¨, expresa el proyecto.
Éste es otro ejemplo más de las reacciones con normas a problemas estructurales que tiene la ciudad. Nada cambia y nada se transforma en el área de control. Los vecinos todavía esperan que se cumplan las promesas


Recursos escasos y nichos de corrupción
Por Karin Miller REDACCIÓN 2

Eduardo Epszteyn, auditor y ex legislador de la Ciudad EZ considera que no hay suficiente coordinación entre las distintas áreas del Estado, que los recursos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) son escasos y que no hay voluntad política del Ejecutivo para resolver el problema.

¿Cuáles son las principales fallas en los controles?
Hay un problema de mala organización, no sólo de la AGC sino de todo lo que atañe al control que el Estado porteño realiza sobre la construcción. La marquesina de Lavalle es un ejemplo. El consorcio del edificio había presentado un certificado diciendo que estaba todo bien. Al mismo tiempo, para Espacio Público, que tiene que controlar las marquesinas, esa marquesina no existía. Está diversificada la estructura del Estado, tienen tres ventanillas distintas atendiendo un mismo tema y aparte las áreas no hablan entre sí. Lo mismo respecto de Policía del Trabajo, que muchas veces recibe denuncias de la Uocra que tienen que ver con la seguridad de los obreros, como fue el caso del gimnasio de Villa Urquiza, y nadie clausura porque Policía del Trabajo no clausura, y no le comunica a la AGC. En estos años ha habido un avance legislativo, se aprobó una ley de mi autoría, otra de Fernando Sánchez. Está planteada la necesidad de incremento de inspecciones pero el problema no se resuelve.

¿Por qué no se concursaron cargos en la AGC?
La AGC desde siempre tiene denuncias de corrupción, se trata de zonas del Estado de mucha presión política, sindical, etcétera. Y es evidente que hay una dificultad. También hay falta de voluntad política Los acuerdos del macrismo con algunos sectores hacen que eso no se termine de concretar.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno porteño y cuál los profesionales a cargo en los derrumbes?
La primera responsabilidad siempre está en cabeza del profesional a cargo, que es el responsable técnico. El gobierno tiene una labor de contralor, que no se ejerce de la manera adecuada ni en plenitud. No puede decir que no ha tenido alarmas en relación a los derrumbes. El tema de este gobierno es que siempre sale a defenderse, siempre la culpa la tiene otra gestión. Y es una mala manera de empezar. Más que defenderse discursivamente tendría que encarar un rediseño de la política de control; es necesario convocar a todas las áreas involucradas y rediscutir todo, porque hay serios problemas. Por otro lado, el gobierno porteño tiene muchos funcionarios procesados. Existen nichos de corrupción que no han sido desarmados.

¿Son suficientes los recursos de la AGC?
Tienen recursos escasos, eso se ve claramente. El 70% de las fachadas no han sido intimadas, ellos mismos reconocen que están en falta respecto de lo que fija la ley.