Diario Z - 01/04/2011
Riachuelo

El macrismo no cumplió las indicaciones de la ley de Emergencia Ambiental ni aportó los recursos que permitirían motorizar el fallo de la Corte Suprema.
Las víctimas son los vecinos que conviven con la contaminación
Por Franco Spinetta REDACCIÓN Z

La foto muestra a Mauricio Macri haciendo de remero.
Lo acompañan en el precario bote Francisco de Narváez, el diputado nacional Federico Pinedo, el economista liberal Carlos Melconian y Jorge Macri, que sostiene un cartel que reza: “Seguimos remando el Riachuelo”. Como parte de su campaña para acceder a la Jefatura de Gobierno, Macri utilizó el río más contaminado de la Argentina para promocionarse.
La asociación era muy simple: la Boca, su equipo de fútbol exitoso, preocupación por el sur, el Riachuelo. En los hechos, el Gobierno porteño destinó muy pocos recursos para el saneamiento del cauce del río. Este año vence la ley 2.057, que declaró en 2006 y por cinco años “la emergencia ambiental de la cuenca Matanza- Riachuelo”. A pesar de ello, poco y nada se ha hecho de los 13 puntos que buscan paliar la situación de cientos de miles de personas que viven en la ribera que limita con la ciudad de Buenos Aires.
En aquel entonces, la Legislatura previó destinar unos 300 millones de pesos para “reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen” de la cuenca, brindar asistencia inmediata e integral, crear centros de “Salud Ambiental” en cada hospital cercano al Riachuelo, construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales y conformar un registro “específico que comprenda todas las consultas médicas (?) relacionadas con el impacto contaminante”, entre otras especificaciones.
“No se hizo absolutamente nada”, sostiene el ex legislador de la Coalición Cívica y coautor de la ley, Facundo Di Filippo. El ex diputado y especialista en temas de vivienda agregó que la Comisión que debía crearse a instancias de la norma “nunca se reunió” y tampoco se realizó “el estudio epidemiológico y toxicológico de la gente que vive en los barrios afectados”.
Estos estudios tenían como objeto determinar “la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas a la cuenca y en los adultos mayores”.
“Si bien puede señalarse que hay un cruce de funciones con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), esto no es excusa porque es una ley de la Ciudad y el Gobierno debería cumplirla”, señaló Enrique Viale, abogado ambientalista.
“Lo cierto es que la actitud de la Ciudad es coherente con el resto de su política: abandono de la zona sur y un gran desconocimiento y desidia de la zona metropolitana”, espetó María de la Paz Dessy, presidenta de la Fundación Arraigar y ex secretaria general de la Acumar.
La norma fue sancionada en 2006 y recibió el apoyo de diversos bloques políticos, incluso del macrismo, que en ese momento era oposición. En el texto se explica que los fondos para financiar las diversas acciones deben extraerse de los resultados presupuestarios positivos, es decir, del superávit.
“El Gobierno nunca destinó un solo peso y tampoco identificó ningún trabajo para cumplir con la ley”, denunció la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.
La declaración de la emergencia ambiental en la cuenca Matanza- Riachuelo fue un anticipo del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dos años después, el 8 de julio de 2008, ordenó al gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad (agrupados en la Acumar) a ejecutar un plan para sanear la cuenca.
“La sentencia fue muy importante porque es la primera vez que la Corte interviene y obliga a los gobiernos involucrados a trabajar y solucionar problemas que hasta ahora han esquivado”, resaltó Viale.
Pero el cumplimiento del fallo está plagado de contratiempos, sobre todo presupuestarios. Sin ir más lejos, este año será la primera vez que la Ciudad hace un aporte directo de 12,5 millones de pesos para la Acumar. No obstante, la administración porteña se había comprometido a contribuir con el doble (25 millones de pesos), según lo anunciado por el subsecretario de Obras públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, Sergio Agostinelli, en una reunión del Consejo Directivo celebrada el 28 de junio de 2010. “Hoy la Acumar funciona con los 400 millones de pesos que aporta el gobierno nacional y los casi 100 millones de pesos de la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Andrés Nápoli, director del Área Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cuatro ONG integrantes del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento del fallo. “El Gobierno de la Ciudad siempre se excusó con que hace aportes dinerarios indirectos, como la pavimentación de una calle o la limpieza de las márgenes por su cuenta”, añadió Nápoli.
Las internas en el ente tripartito van in crescendo, con 6 cambios de funcionarios en los últimos dos años. Sin ir más lejos, tras la última audiencia celebrada en la Corte Suprema el 16 de marzo, quedó al descubierto la fractura entre los directivos, cuando el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, se explayó “sobre las diferencias entre Nación y Ciudad por el control de las industrias” que se encuentran a la margen del Riachuelo, según un testigo de la audiencia con el máximo tribunal Esta situación hizo fracasar la última reunión del Consejo Directivo de la Acumar, luego de que los representantes de la Ciudad se retiraran y dejaran sin quórum la sesión. Diario Z accedió en exclusiva al acta del 18 de marzo. Antes del orden del día, los funcionarios nacionales y provinciales incorporaron una moción para quejarse por la intervención de Corcuera ante la Corte porque “se alejó de lo previamente acordado en el seno de este Consejo Directivo en lo que se refiere a no expresar cuestiones que deben eventualmente resolverse en el seno de la Acumar”. También advirtieron –según consta el acta– que “las cuestiones que plantearon los representantes del Gobierno de la Ciudad respecto de la competencia territorial de la Acumar y la programación y ejecución de inspecciones en dicha jurisdicción, nunca fueron planteadas ante el Consejo Directivo”.
En tanto, los jueces de la Corte Suprema acordaron realizar una “inspección judicial” personalmente sobre la cuenca Matanza- Riachuelo. Lo harán en el marco del Plan de Integral de Saneamiento (PISA) acordado en el fallo de 2008. La Corte quedó disconforme con el resultado de la audiencia con las autoridades del Acumar del 16 de marzo, que pasó a cuarto intermedio. Con la recorrida, los jueces buscan “presionar” para lograr “mejoras” porque consideran que se ha avanza do poco, señaló una fuente que sigue de cerca el caso.
zona de sacrificio ambiental El Riachuelo tiene 64 kilómetros de extensión y atraviesa 14 municipios bonaerenses, además de la Capital. A lo largo de la cuenca viven más de cuatro millones de personas. De éstas, el 35% no tiene agua potable y el 55% no posee cloacas. Está expuesta a problemas respiratorios, gástricos y de la piel. Los especialistas hablan de una “zona de sacrIficio ambiental”, referida sobre todo a las casi 20 mil industrias que vuelcan sus residuos en las aguas ya pestilentes. “La Acumar cuenta con 42 inspectores, una cifra exigua si se tiene en cuenta la gran cantidad de fábricas que se debieran controlar”, apuntó Andrés Nápoli (FARN).
Desde la creación de la Acumar en 2006, se ha inspeccionado el 49% de las industrias. Los laboratorios y las refinerías son indicados como los más contaminantes.
Por primera vez, en febrero de este año, la justicia federal trabó un embargo por 120 mil pesos sobre una empresa. La sanción recayó sobre la firma Centro Internacional de Contenedores Cicsa), aunque no por contaminar, sino por no liberar los márgenes del Riachuelo. Más claro: no sólo los pobladores sino las empresas deben desocupar el camino de sirga.
“Se trata de uno de los ríos más contaminados y más poblados del mundo”, describió Enrique Viale, quien pone el ejemplo de la limpieza del Támesis en Inglaterra o el Sena en Francia, ríos que estaban muy contaminados pero que lograron mejorarse. Uno de los principales problemas que afectan a la Ciudad son los asentamientos precarios (Ver “Sin viviendas...”) que viven padeciendo los efectos más nocivos de la contaminación. Sin embargo, aún no se cumplió con la exigencia –tanto de la Corte Suprema como de la ley de emergencia ambiental de la Ciudad– de conformar un registro único de enfermedades.
“Sería un escándalo mundial por los resultados desastrosos que arrojaría, por eso no lo hacen”, sentenció Viale.
Un informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación indica que el 96,4% de la población de la cuenca está expuesto al riesgo ambiental, casi un millón de familias. Y determina que el 33,3% padece problemas gastrointestinales y el 26% respiratorios.
Esto se agrava porque alrededor de 330 mil personas viven alejadas de centros de salud, 33 mil residen alrededor de fábricas altamente contaminantes y casi 3 mil personas habitan asentamientos sobre los 400 basurales a cielo abiertos en la cuenca.
Las promesas de descontaminación no comenzaron con los recordados “mil días para nadar en el Riachuelo” de María Julia Alsogaray, sino con la Primera Junta, que en 1811 se comprometió a limpiarlo debido a las quejas por la instalación de las primeras curtiembres. Según los cálculos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, el saneamiento del Riachuelo se extenderá hasta 2024 e insumirá 23.801 millones de pesos. Hasta el momento se llevan invertidos poco menos de siete mil millones de pesos, aunque la principal obra –un colector cloacal y una planta de tratamientos de efluentes– será financiada a través de un préstamo de 840 millones de dólares del Banco Mundial.
Todos los esfuerzos de Diario Z de recabar la opinión del Ministerio de Espacio Público resultaron Infructuosos

Sin viviendas para los ribereños

La Acumar no puede comenzar con las tareas de limpieza definitiva del Riachuelo, en tanto no se libere el camino de sirga, los 35 metros de costa desde el río.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema, estableció plazos específicos para reubicar a todas las familias que viven en la ribera correspondiente a la Ciudad y a los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza.
Según el último censo realizado por la Asesoría Tutelar y la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad, en el camino de sirga porteño viven 2.424 familias, la mayor parte en las villas 21-24 y 26. En total, se trata de casi nueve mil personas que están en contacto directo con la contaminación.
“No se entiende por qué no se avanzó rápido con la reubicación de esas familias”, criticó la diputada de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía, que pone como ejemplo la Villa 26, que tiene menos de 600 habitantes y que todavía no fue trasladada.
La Ciudad había destinado tres terrenos para construir las viviendas para las familias de la 26. Un pedido de informes presentado por el diputado de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, exigió al Ejecutivo que explicara por qué el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) desistió del uso de uno de esos terrenos ubicado sobre la calle Pedro Chutro 2922/28 para destinarlo al Polo Tecnológico.
Los problemas en materia habitacional no quedan allí. El plan entregado el 21 de diciembre de 2010 por el IVC para relocalizar a las más de dos mil familias que viven en el camino de sirga fue objeto de una intimación de Armella, que el 3 de febrero de este año dio un plazo de diez días al Gobierno para que reformule “las previsiones para la relocalización de las viviendas”.
La resolución fue adoptada luego de que el magistrado considerara que las autoridades porteñas no cuentan con el suficiente “compromiso y acatamiento de las decisiones judiciales”, para lograr el cumplimiento de la urbanización de villas y asentamientos precarios que se encuentran sobre el talud del río y el camino de sirga.
El titular del IVC, Omar Abboud, reformuló el plan sobre el límite de la fecha convenida por el juez Armella y para cumplir con la sentencia y evitar una sanción, incorporó las 171 viviendas ubicadas en Castañares y Lafuente, hoy tomadas por vecinos de la Villa 1-11- 14 y de villas aledañas.
La toma, que enfrentó otra vez a los gobiernos porteños y nacional, desnudó una vez más la deficitaria y oscura política habitacional del macrismo: gran parte de las personas que están ocupando el complejo de Castañares y Lafuente son de la manzana 7 de la Villa 1-11-14 y fueron estafados por punteros vinculados al PRO, como Blanca Arce y “El Comandante” Rodríguez, que les pidieron entre 8 y 15 mil pesos para aparecer en las listas de adjudicatarios de nuevas viviendas.
“Como el negocio se les cayó cuando el Gobierno tuvo que destinar a otras familias las viviendas para cumplir con el fallo del juez Armella, mandaron a tomar para ver si se podían quedar con algo”, contó una fuente que conoce de cerca el funcionamiento de las cooperativas de punteros del PRO, que están destinadas a “mantener en paz las villas”.
Lo cierto es que hasta febrero, esos departamentos ubicados en Villa Soldati no tenían destinatarios adjudicados, aunque según pudo saber Diario Z estaban destinadas a los habitantes de la incendiada Villa El Cartón.
Desde el IVC señalaron que los departamentos son para las familias de El Pueblito, un asentamiento lindero a la Villa 26. “Hay que aclarar que el Gobierno de la Ciudad no prevé entregar esas viviendas como parte de una política habitacional, sino como cumplimiento de un fallo y una intimación judicial”, detalló Sánchez Andía.

Se necesita una política de Estado

Por Andrés Nápoli Director del Área Riachuelo de FARN

Han pasado casi tres años desde que la Corte Suprema de Justicia emitiera su histórico fallo en el que condenó al Estado nacional, a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires a llevar adelante el saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
En su fallo el máximo tribunal determinó responsabilidades y estableció una serie de metas, plazos y acciones específicas que corresponden ejecutar a los estados condenados y a la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar), para dar comienzo a la compleja tarea de recomponer el daño ambiental en el Riachuelo.
Lamentablemente el balance arroja un saldo desfavorable en lo que hace a la ejecución de las obligaciones impuestas en el fallo, entre las que se destacan el deficiente control a las industrias existentes en la cuenca, donde sólo se han inspeccionado el 30% y dentro de las cuales un número muy bajo ha iniciado el correspondiente proceso de reconversión industrial.
Más preocupante resulta el hecho de que no se hayan desarrollado acciones efectivas tendientes a erradicar los 368 basurales a cielo abierto existentes en el territorio de la cuenca, y que no haya implementado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática.
Tampoco se han formulado acciones y planes tendientes a brindar asistencia sanitaria urgente que demandan los afectados por la contaminación, y en especial a la población en situación de riesgo.
Sin embargo, la valoración negativa que hoy realizamos respecto del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la CSJN, no debe hacernos perder de vista que lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación del Riachuelo lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte, el cual permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la cuenca, en donde nunca se pusieron en marcha proyectos y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación.
La intervención de la Corte nos ha colocado ante una oportunidad histórica para revertir la crítica situación en que se encuentra el Riachuelo, y mejorar las condiciones de vida de casi dos millones de habitantes que hoy sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación.
Pero ello no será posible hasta tanto se ponga en marcha una verdadera política de Estado para el Riachuelo, cuestión que por ahora reclama su presencia.