ADN Ciudad - 16/02/2011
Se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el decreto del Jefe de Gobierno por el cual se deja sin efecto la Ley 3.364 que regula los natatorios de la Ciudad, hasta que se realice una serie de cambios a la norma que, por el momento, es de difícil cumplimiento.
El titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ignacio Ibáñez, y el director General de Habilitaciones y Permisos, Manuel Sandberg, participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) acerca de la regulación de la actividad de los natatorios porteños, que se tratará en la sesión extraordinaria prevista para el 22 de febrero.
A la misma asistieron los diputados Martín Ocampo, Cristian Ritondo, Martín Borrelli, Alejandro García, Oscar Zago (PRO); Julio Raffo, Rafael Gentili, Delia Bisutti (Proyecto Sur); Sergio Abrevaya (CC); Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro); María José Lubertino (EppV); Aníbal Ibarra y Eduardo Epszteyn (DxBA).
Al comienzo se hizo un minuto de silencio en memoria del diputado Gerardo Ingaramo (PRO), integrante de la Comisión recientemente fallecido.
Ibáñez explicó que la Ley 3.364, sancionada en 2009, incorporó al Código de Habilitaciones y Verificaciones la regulación del funcionamiento de los natatorios públicos, semipúblicos y especiales, es inaplicable, y como consecuencia surge el DNU para que en un plazo de seis meses se modifique esa normativa.
Además, comentó que detectaron el incumplimiento del 100% de los natatorios -entre los que se contempla dentro de la normativa a los de uso comercial y terapéutico- en cuestiones de seguridad, administrativas y edilicias.
En tanto, aclaró que ¨en el relevamiento no fueron evaluados los natatorios de casas particulares ni los públicos dependientes del Gobierno porteño ni los de propiedad horizontal¨, así como tampoco cuestiones ambientales pues éstas no incumben a su área.
Los diputados de la oposición coincidieron en señalar que la Ley 3364 fue sancionada por iniciativa del diputado Daniel Amoroso (ex PRO, Unión Federal) sobre tablas sin discursos en la última sesión del período 2009, y adelantaron que requerirán información al Poder Ejecutivo que incluya el índice actualizado de sanciones a los incumplimientos.
El DNU en caso de ser aprobado, retrotraerá a la situación anterior a la sanción de la ley vigente, hasta que los legisladores la adecuen. En relación con esto, los funcionarios anunciaron que la AGC presentó un proyecto para modificarla.