Perfil - 15/08/2010
Ocurre porque el trámite para hacerlo dura entre cuatro meses y dos años dentro del Gobierno porteño; entonces, los constructores comienzan las excavaciones antes de tener autorización.

Luego del derrumbe del gimnasio, producto de una demolición que para el Gobierno fue realizada de forma imprudente, las empresas que se encargan de realizar estos trabajos quedaron en el centro de la polémica.

Y no es para menos, porque la mitad de las demoliciones que se instrumentan en la Ciudad no están autorizadas o están encaradas por empresas no homologadas, según contó el representante legal de la Cámara Argentina de Demoledores y Excavadores, a PERFIL.

“Entre un 50 y un 60% son demoliciones irregulares y, de las empresas registradas, muchas tampoco son demoledoras, con lo cual también es una irregularidad manifiesta”, explicó Ezequiel Cúneo, el abogado de la Cámara.

En 2007, Jorge Telerman creó un registro donde se inscriben las empresas, para poder demoler. “El estado no controla la capacidad técnica de las empresas que se inscriben”, se quejó Cúneo y advirtió: “Las grandes obras se controlan más, pero un dúplex lo hace cualquiera.” Además, contó que la Cámara se reunió en distintas oportunidades con funcionarios de Mauricio Macri para tratar de cambiar este sistema y que se matricule a los demoledores, pero nunca se avanzó.

Una de las explicaciones que ensayan fuentes de la Cámara para describir el por qué en la merma de autorizaciones es que los permisos para empezar a excavar duran entre cuatro meses y dos años en tramitarse dentro del el Gobierno.

Como los empresarios no quieren perder tiempo o temen que se intrusen los terrenos no bien los compran, empiezan a avanzar con las obras a pesar de no tener la autorización oficial para hacerlo.

Pero el derrumbe del lunes también volvió a poner sobre la mesa el oscuro mecanismo de atribución de habilitaciones para la construcción. “Es muy sugerente que para un mismo tema haya tres dependencias distintas que no se comunican entre sí”, ironizó el legislador porteño ibarrista Eduardo Epszteyn. El mecanismo para obtener un permiso es largo: primero hay que averiguar si el terreno es apto desde lo legal y después aprobar los planos en la Dirección de Catastro.

Allí se presentan tres planos, el más complicado de aprobar es el de obra. Tras ello, se solicita un estudio de impacto ambiental y luego se otorga la autorización. Pero, según denuncia Epszteyn, hay casos de permisos “truchos”. “Se otorgó uno en Mendoza y Mariano Acha donde se construyó un edificio en un terreno donde había una estación de servicio y no había un estudio de impacto ambiental, pero contaban con el permiso y el certificado final de obra”, relató el legislador. “Cuando se inauguró, hubo que desalojarlo por los fuertes olores a nafta, la Justicia pidió un estudio de suelo y, según informes preliminares, habría altos niveles de contaminación”, indicó como ejemplo.

Otra foco que augura posibles irregularidades son los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control. No están formalmente obligados a ir a la obra, entonces pueden inspeccionar todos los días. O nunca hacerlo.

La frutilla del postre es la “habilitación definitiva”. Muchos funcionarios saben que algunos expedientes se “cajonean” y sólo se destraban con algún tipo de favor de por medio.

OTRAS FALLAS

1 El registro de planos, tiene como uno de sus
responsables al hijo del tesorero del gremio de los municipales (Sutecba). Se hace en Desarrollo Urbano.

2 El estudio ambiental
se tramita dentro de la
Agencia de Protección Ambiental, cuya ex titular fue apartada de su cargo.


3 Según el legislador el porteño Eduardo
Epszteyn, hay irregularidades en la entrega de permisos de obra para las empresas que construyen.

4 La Agencia de Control no está obligada a verificar las obras en construcción, puede hacerlo todos los días o nunca en varios años.
5 ........ El trámite para una habilitación definitiva puede tardar más de cuatro años. El gimnasio que se derrumbó tenía una autorización precaria para funcionar.