La Nacion - 05/01/2012

Una fuerte polémica generó la decisión unilateral del gobierno porteño, flamante depositario de la potestad tarifaria sobre la red de subterráneos, de aumentar de $ 1,10 a $ 2,50 (127%) el precio del pasaje del subte desde mañana.

La decisión, se explicó desde Subterráneos de Buenos Aires, ¨fue adoptada para recuperar el severo atraso que acumula la tarifa¨. En ese sentido, recordaron que las ¨evidencias del atraso surgen cuando se compara la evolución de la tarifa en los últimos diez años con:

El precio de la nafta súper, que se encareció 360% en ese período.
El litro de leche, que aumentó un 496%.
Los salarios que mide el Indec, que crecieron 398 por ciento.
En tanto, el boleto de subte aumentó un 57% entre 2001 y 2011.

En aquel año el pasaje costaba $ 70 centavos, equivalentes a 70 centavos de dólar. Hoy, el equivalente en dólares de la tarifa ($ 1,10) es de 0,25 dólares y mañana, tras el aumento dispuesto por Mauricio Macri, será de 0,57 dólares.

Desde la oposición volvieron a reclamar ayer que la suba sea sometida a audiencia pública, según lo establecido por la ley local 210 para la modificación de tarifas de servicios públicos, para debatir, entre otras cosas, el nuevo valor del pasaje.

También reclamaron que la Legislatura ratifique, como lo establece la Constitución porteña, el convenio de traspaso firmado anteayer por Macri y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Este último punto fue rebatido en el acta de la transferencia, que recuerda que la Legislatura ya adhirió en 2000, mediante la ley 373, a un convenio firmado durante la década del 90, cuando comenzó a impulsarse el traspaso, que luego quedó trunco.

En ese mismo proceso, existió una audiencia pública que autorizó al Estado a mantener la tarifa en un valor equivalente a 70 centavos de dólar. En el gobierno porteño consideran que esa audiencia legitima el aumento fijado, y que sólo posteriores subas deberán ser discutidas.

El auditor general porteño por el kirchnerismo, Eduardo Epszteyn, adelantó que presentará un recurso de amparo para que se convoque a una audiencia pública, como lo estipula la ley local 210.