La Nacion - 12/09/2010
Derrumbe en Palermo / Irregularidades que salen a la luz
Fueron habilitados como ¨casas para fiestas¨ pero funcionarían como locales bailables; tres testigos complicaron a los dueños de Beara
Gustavo Carabajal y Laura Rocha LA NACION
Ariana Lizárraga y Leticia Provedo, de 20 y 21 años, respectivamente, murieron tras un derrumbe en un local en Palermo. Beara estaba habilitado como un lugar de fiestas privadas, pero funcionaba como boliche bailable.
Del mismo modo se explotan hoy en la Capital otros 110 lugares cuyos permisos serán revisados por la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Es que muchos de ellos usan como fachada esa denominación para evadir controles, hacer una menor inversión y eludir las medidas de seguridad que se exigen a los locales bailables.
Respecto de la investigación judicial de la tragedia, el abogado Daniel Llermanos, que representa a los familiares de las víctimas, dijo a LA NACION que anteayer declararon como testigos tres empleados del local donde se produjo el derrumbe, en Scalabrini Ortiz 1638. ¨Los tres afirmaron ante la jueza de Instrucción Alicia Iermini que tenían «órdenes de actuar» de manera tal de evitar que se derrumbara el piso del sector VIP. Esto significa que los dueños del local sabían que existía un riesgo¨, dijo Llermanos.
Según el gobierno porteño, el Código de Habilitaciones debe ser reformado y es responsabilidad de la Legislatura crear una figura que establezca este tipo de actividad.
En tanto, la oposición política en el distrito sostiene que lo que falla es el control y destaca que Beara fue habilitado mediante una norma ajena al Código de Habilitaciones, como es la de Planeamiento Urbano, un código de usos.
¨Hace falta una legislación para que se tipifique la actividad de fiestas privadas. Hoy la habilitación se realiza según el Código de Planeamiento y el Código de Edificación¨, confirmó Javier Ibáñez, presidente de la AGC.
¨También es necesario que haya sanciones punitivas. Se hicieron 149 clausuras este año por desvirtuación de rubro. Por ejemplo, Beara fue sancionada y clausurada dos veces y la Justicia, en esas dos ocasiones, levantó las medidas. Es necesario revisar todo. Comenzaremos esta semana un operativo exhaustivo¨, agregó el funcionario en diálogo con LA NACION.
En opinión del presidente del bloque legislativo porteño Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, el problema no es normativo: ¨En realidad, han aplicado una homologación de la norma con un local bailable y después no lo controlaron como tal. Queremos que expliquen con qué norma estaba habilitado Beara¨.
El diputado se refiere al artículo que figura en la página web de la AGC donde se describen los requisitos para la habilitación de un salón para fiestas privadas. Allí figura un apartado del Código de Habilitaciones para locales de baile.
La titular de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Silvina Pedreira (PJ-Capital) explicó que es una cuestión de ¨sinceramiento¨. ¨¿Es o no es un local bailable? En la misma página web del gobierno ( www.saliseguro.gob.ar ) figura ese local como un boliche. No es un error de la norma. Podemos discutir después, en general, cómo se ha ido desarrollando la actividad, pero acá hay una clara falta de sinceramiento.¨
Secuestran entradas
Además de la investigación de la jueza Iermini, en el fuero en lo Contencioso Administrativo porteño se inició otro sumario.
Ayer, el juez Roberto Gallardo allanó dos locales en los que se vendían localidades para el festival Kiniro J Party, que iba a realizarse en Beara. El magistrado secuestró los talonarios con los tickets que se vendían para el show del disc jockey japonés, que estaba previsto para ayer, un día después de la tragedia y que, obviamente, no se realizó.
Según fuentes judiciales, también se secuestraron documentos que acreditarían que, anteriormente, en Beara se habían vendido entradas para otros eventos similares.
En tanto, el juez Gallardo no pudo secuestrar los expedientes administrativos del gobierno porteño, relacionados con la habilitación de Beara, con las inspecciones y la clausura del local, porque ya estaban en poder de la jueza Iermini.
El procedimiento encarado por el juez Gallardo se realizó a partir de la presentación realizada por el abogado José Iglesias, representante de familiares de las 194 víctimas de la tragedia de Cromagnon. Varios de esos parientes de víctimas habían denunciado ante la AGC las irregularidades en el funcionamiento de los locales habilitados como ¨casas para fiestas privadas¨.
Iglesias anunció que pedirá a la Justicia la suspensión e inspección de las actividades en los 110 establecimientos que funcionan hoy como lo hacía el boliche de Palermo. Además, se presentará en la causa que instruye la jueza Iermini y denunciará a los funcionarios del gobierno porteño que no hicieron los controles y a los integrantes del ex grupo Ráfaga, que dieron un show antes del derrumbe. Según el letrado, los músicos no podían ignorar la existencia del riesgo al tocar en un lugar como Beara.