La Nacion - 07/04/2010
Varios diputados amenazan con un juicio político
La oposición porteña encendió ayer una ¨alerta institucional¨ ante la citación del juez federal Norberto Oyarbide al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que podría terminar en un procesamiento en la causa que investiga el escándalo de las escuchas ilegales. Ayer, diputados de distintas bancadas solicitaron la interpelación del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que también será indagado por Oyarbide, y hasta anunciaron un posible juicio político a Macri, en el caso de que resulte acusado.
Aníbal Ibarra y su jefe de bloque, Eduardo Epszteyn, sostuvieron que ¨como legisladores de la oposición¨ son ¨responsables de defender la institucionalidad en la ciudad¨ y de no prestarse ¨a ninguna maniobra destituyente que busque aprovechar la oportunidad política¨, como siempre consideraron que ocurrió con la destitución en un juicio político del propio Ibarra, por su responsabilidad política sobre la tragedia de Cromagnon. Sin embargo, exigieron la renuncia de Montenegro: ¨Macri debe decidir la renuncia de su ministro de Seguridad en forma inmediata porque, de no hacerlo, está avalando la ilegalidad en la que se movió la Policía Metropolitana. Montenegro no ocupa un cargo decidido por el voto popular¨.

En tanto, el bloque de la Coalición Cívica requirió la interpelación de Montenegro. ¨Sólo a Macri se le ocurre alquilarle oficiales a Aníbal Fernández. Le corresponde al juez federal establecer la responsabilidad penal y le corresponde a esta Legislatura determinar la responsabilidad política referida a esta organización. Solicitamos la interpelación de Montenegro para saber si la Metropolitana está conducida por una asociación ilícita y si la intención del jefe de gobierno fue constituirla de esa manera¨, señalaron.

Los legisladores de Proyecto Sur, por su parte, fueron más precavidos: ¨La irresponsabilidad y la liviandad con que Mauricio Macri ha encarado la conformación de la Policía Metropolitana han colocado al sistema político de la ciudad al borde de una crisis institucional de máxima gravedad, de la cual sólo se podrá salir con una investigación judicial seria, independiente y fuera de mundanas disputas¨.

En sintonía, el diputado sabbattelista Gonzalo Ruanova dijo: ¨Hay que manejar con prudencia los remedios institucionales. La política debe aprender a atravesar estas crisis con los tiempos que marca la etapa judicial. La discusión está muy sucia de las dos partes y eso no ayuda. Lo que creo es que se acabó el tiempo de las excusas para el gobierno porteño¨.

El diputado Martín Hourest (Igualdad Social) fue más contundente. ¨Estamos en una situación de alerta institucional. En caso de que el juez procese al jefe de gobierno vamos a pedir que se apliquen los mecanismos constitucionales que correspondan, lo cual incluye el juicio político¨, sentenció.