Ambito Financiero - 02/03/2012

Por ahora, el contrapunto mediático no termina de resolver si los subterráneos porteños seguirán a cargo del Gobierno nacional o si bien, cuando se cumpla el mes de prórroga para quitar a los agentes de la Policía Federal de las estaciones, Mauricio Macri cambiará de idea. Pero como el jefe de Gobierno además reclama inversiones en obras por cerca de $ 1.000 millones, habrá que ver si el kirchnerismo no cumple con su amenaza de llevar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia.

Por las dudas, un equipo de abogados del PRO ya tiene armada una carpeta con distintas alternativas, especialmente la respuesta ante los tribunales. Sin embargo, dentro de ese menú, está considerado que el propio Gobierno porteño inicie una demanda, llegado el caso.

Como sea, hay antecedentes que pueden complicar la maniobra.

Para empezar, en el kirchnerismo dan cuenta de que, cuando Macri firmó el acta acuerdo aceptó «el control y la fiscalización» del convenio de concesión que tiene Metrovías con el Gobierno nacional. El PRO dice que no incluye «el comando y dirección». Según ese análisis, cualquier otra decisión debería ser homologada por la Legislatura. El auditor porteño, Eduardo Epzstein (filokirchnerismo), explicó que, cuando Macri justificó la suba del pasaje de $ 1,10 a $ 2,50 ante la Justicia, que había recibido amparos en contra del aumento, se valió de leyes preexistentes. Una de esas normas es de 2000 y adhiere a un decreto para la transferencia de los subtes a la Ciudad de Buenos Aires. SegúnEpsztein, el Gobierno porteño, al responder contra los amparos (la Justicia falló a favor del aumento), contestó que «la operatividad técnica debe ser inmediata; que el control y fiscalización del servicio no puede quedar en el limbo y que de no entenderlo se deja el ejercicio del poder de policía en manos anónimas» y así «quedó claro que la Ciudad es la titular primigenia de las facultades concernientes a la planificación, ejecución y control del sistema de transporte subterráneo».

Perspectiva

En otro sentido, si el Gobierno kirchnerista llevara el caso a la Corte Suprema, podría tropezar, según explica el legislador de Proyecto Sur, Julio Raffo, un profesor de Derecho Constitucional. El abogado explicó que hay fallos de la Corte en los que el tribunal considera que no es competente porque la Ciudad de Buenos Aires no es considerada una provincia.

«Si bien entiendo que la cuestión está jurídicamente zanjada a favor de la equiparación, lo cierto es que la Corte piensa, mayoritariamente, de otro modo», dijo Raffo.

El legislador enumeró litigios entre la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Mendoza o Tierra del Fuego, entre otros casos que se presentaron ante la Corte, y explicó que «el legítimo derecho de la Ciudad a que se le reconozcan los mismos derechos que a las provincias ha sido negado por la llamada ley Cafiero», y citó el argumento de los jueces «que en las oportunidades que con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 fue necesario calificar el estatus institucional de la Ciudad», el tribunal decidió que «no es una provincia argentina». De ese modo, no tenía competencia la Corte sin antes agotar otras instancias.

La semana pasada, Macri formalizó por carta al ministro Julio De Vido la«devolución» del control de los subtes. Luego, el viernes, replicó a la Presidente sobre lo que sostuvo fueron mentiras. Ayer, nuevamente, De Vido, mediante un comunicado le salió al cruce. «Por más confusiones que ahora tenga está clara la plena vigencia del acuerdo que firmamos el 3 de enero, que no era que le daba 90 días para ver si le gustaban o no, sino que ratificó la Constitución de la Ciudad y lo que hace más de 10 años votó la Legislatura y esto es que el subte sea transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», precisó el ministro, anticipando los argumentos que utilizará para que se termine de concretar el traspaso.