Ambito Financiero - 17/01/2012

SUBTES JUSTICIA RECHAZÓ DEMANDAS Y SIGUE VIGENTE AUMENTO DE MACRI

Por: Patricia García
Mauricio Macri ganó ayer la pulseada y sigue vigente la nueva tarifa del pasaje en subterráneo, al ser rechazadas las demandas en su contra. Con esa decisión, el Gobierno porteño se asegura un ahorro de $ 30 millones mensuales y algo más que deberá destinar a mejorar el servicio, según el acuerdo que firmó con el Gobierno nacional.
La Justicia porteña avaló ayer el aumento en el precio del viaje en subte al rechazar las ocho acciones de amparo presentadas a raíz de la medida que tomó Mauricio Macri al recibir el control total del transporte. Así, la tarifa nueva que se aplica en forma generalizada desde el 13 de enero pasado seguirá vigente mientras el fallo es apelado.
El jefe de Gobierno dispuso que a partir del 6 de enero el valor del pasaje pasara de $ 1,10 a $ 2,50, un 127% de aumento, aduciendo que el Gobierno nacional sólo aportará la mitad del subsidio que pagaba anualmente y que no estaba contemplado en el Presupuesto 2012 de la Ciudad el gasto derivado de la transferencia de los subtes porteños a su órbita.
Los reclamos ante el juez Francisco Juan Lima se sustentaron, en cambio, en la falta de realización de la audiencia pública que debe llevarse a cabo antes de disponer un incremento del servicio público.
En ese sentido la resolución judicial deja dudas, pero en síntesis considera que es menos grave dejar la tarifa como está que volverla al precio anterior y se remite después a la resolución de la cuestión de fondo.
Perjuicios
«No puede sino concluirse en que el peligro y los perjuicios que podrían derivarse de una decisión adoptada en este estado inicial del proceso, con pocos elementos (arrogándose por lo demás el suscripto una función indebida y avanzando sobre la órbita de actuación de los otros poderes del Estado), serían posiblemente mayores que los que se provocarían con la actual denegatoria», sostuvo Lima en su resolución que se dio a conocer ayer por la tarde.
Con respecto a que no se haya realizado la reclamada audiencia pública, el magistrado sostiene que «no se advierte que la medida dispuesta (el aumento) sin acudir por el momento al instituto de la audiencia pública resulte a todas luces ilegítima».
Luego acepta el argumento del Gobierno porteño sobre que ya se realizó una audiencia pública en 1998 que fijó la posibilidad de elevar la tarifa a $ 0,75 o su equivalente en ese momento a u$s 0,75.
«Si bien es cierto que han acaecido múltiples cambios en la economía de nuestro país, también lo es que la tarifa ya ha sido modificada por encima de ese monto en pesos», aclaró el juez.
En otro aspecto, Lima consideró que «no se ha probado que (la medida atacada) ostente los vicios evidentes que llevarían a su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad y que requerirían del dictado de alguna medida que evite su vigencia durante el trámite del proceso de amparo. Nada obsta a que, con mayores elementos, la cuestión sea estudiada con mayor profundidad en el momento procesal oportuno».