Ambito Financiero - 11/11/2011

El Gobierno porteño insistió ayer en desligarse de toda responsabilidad por la caída del edificio del barrio de Montserrat ante las acusaciones de la oposición al PRO por no haberse aplicado una ley que reforzaba los controles.
El titular de la Agencia de Control de la ciudad, Javier Ibáñez, fue interpelado ayer en la Legislatura porteña.
Durante el debate, se reveló, por otra parte, que, antes de desmoronarse el edificio de la calle Bartolomé Mitre, un inspector dejó por escrito que era necesario un control de las submuraciones. El inmueble comenzó a caerse el viernes pasado como consecuencia de la excavación en el lote lindero.
Ayer concurrió a la Comisión de Desarrollo Económico, que conduce Delia Bisutti, el titular de la Agencia de Control Gubernamental, Javier Ibáñez, quien cargó toda la responsabilidad en la empresa constructora que hacía el pozo destinado a los subsuelos para cocheras.
La oposición al PRO insistió en por qué no se había reglamentado la ley que se sancionó tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, el año pasado, que impone inspecciones «a partir del momento cero», en las etapas de demolición y excavación.
Si bien quedó claro que aún no hay un peritaje que dé certeza sobre las causas de la tragedia, se dio cuenta del alerta sobre la posibilidad del derrumbe, como además que la constructora no había dejado ingresar a los inspectores.
La reunión fue tensa, al punto que Bisutti la terminó levantando imprevistamente, aun después de varias horas de interrogatorio, para frenar los cruces entre el macrismo y diputados de la oposición.
«Asumiremos el rol litigante, le pagaremos a los vecinos e iremos contra la empresa», dijo Ibáñez y apuntó a que la oposición «no utilice este tema como algo partidario».
El funcionario dijo que de las siete inspecciones que se realizaron en la obra, a las que aludió Mauricio Macri, la primera fue el 2 de septiembre «constatando que la obra en ejecución presentaba planos registrados y que se utilizarán martillos eléctricos», y la siguiente el 26 de ese mes cuando aún «no comenzó la excavación». Las otras cinco, en cambio correspondieron a la Dirección de Protección del Trabajo (la última de ellas el 31 de octubre) a partir de denuncias de la UOCRA. Ibáñez sostuvo que los sindicalistas «no van a ver las obras sino que hacen denuncias genéricas y a ciegas».
Del ibarrismo, los legisladores Eduardo Epsztein y Aníbal Ibarra aludieron a que «un inspector del Gobierno de la Ciudad, el arquitecto Ricardo Waishlat, había pedido un mes antes -el 26 de septiembre- del derrumbe que se controlara la excavación porque en la obra se iban a construir tres subsuelos y había dos edificios linderos altos y de antigua data». Epsztein, que tenía el documento, leyó que el acta sostuvo: «Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data; se realizarán 3 subsuelos. Importante verificar submuración».
Ibáñez dijo que «no se realizó» esa verificación pero que «estaba programada».
El kirchnerista Juan Cabandié, insistió sobre la aplicación de la ley para que concurran peritos externos y el funcionario replicó que esa iniciativa «no establece exactamente que deben ir peritos, sino inspectores» y que «existe una diferencia entre unos y otros, es decir, el perito es el más idóneo».
Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) aseguró que en el año hubo 13 derrumbes y 23 desde 2008 hasta la fecha, a lo que Ibáñez se defendió al decir que «los derrumbes suceden todos los días en ciudades como Nueva York, donde hay 150 derrumbes por año y cuentan con 1.188 inspectores, 10 veces más que nosotros».
El titular del bloque Coalición Cívica, Fernando Sánchez, sostuvo que «no es la primera desgracia de este tipo y que vienen los funcionarios de la Agencia de Control a no contestarnos casi nada». Para el legislador «según Ibáñez, hasta ayer la ley que sancionó esta Legislatura para evitar derrumbes no servía para nada, hoy dice que fue el Ejecutivo y él en persona quien no reglamentó la ley».