Ambito Financiero - 02/11/2011

EMPRESARIOS BUSCARON VOTOS EN LEGISLATURA

Por: Patricia García
El último impulso para que se sancione una ley que permitirá concretar el viejo proyecto de renovar lo que fue la Ciudad Deportiva de la Boca, lo dio ayer la cúpula de empresa IRSA ante los legisladores porteños. En la visita, los ejecutivos explicaron los alcances de la inversión para realizar el importante proyecto urbanístico, que contempla un barrio vip con amarras propias, canales internos y espacios verdes que rodearán 12 edificios de hasta 160 metros de altura.
El proyecto ya tiene más de una década y hasta ahora, Solares de Santa María, no vio la luz del recinto. La Legislatura debe aprobar un convenio que la empresa firmó con Mauricio Macri para la construcción y la cesión de espacios a la Ciudad de Buenos Aires y a la vez excepciones a las normas urbanísticas. La inversión será de $ 900 millones y el valor de referencia u$s 1.500 el metro cuadrado. Así lo explicó ayer al mediodía, Eduardo Elsztain (presidente de IRSA), ante la Comisión de Ecología.
El macrismo impulsa la sanción del proyecto para la cual necesita votos de otros bloques, ya que requiere mayoría de 31, y el PRO no llega solo.
Elsztain contó que «hace catorce años IRSA compró catorce hectáreas con permiso de construcción de 716.180 metros cuadrados, en base a un proyecto que lo pensamos para décadas». Consideró que el emprendimiento «favorece la tendencia de promover la zona sur» e «incluye nueve accesos directos a la ciudad y un recorrido sobre la costa del Río de la Plata abierto a todos, con viviendas, comercios y hoteles, lo que generará miles de puestos de trabajo para su construcción y luego de terminado». Además, «cederemos el cuarenta por ciento de la superficie a la Ciudad, de modo que de cada diez hectáreas cuatro serán públicas».
Junto al empresario estuvieron el vicepresidente del grupo, Saúl Zang, y miembros del directorio y de la gerencia senior y técnicos, para contestar las preguntas de los diputados.
Del ibarrismo, Eduardo Epsztein y de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, requirieron acerca del valor de incidencia en la construcciones si se aprueba el convenio. «El valor de la tierra es muy importante, pero el de ahora es sólo referencial (1.500 dólares el metro cuadrado)», explicó el empresario y sostuvo que «proyectar hoy el valor de la tierra a 20 años es utópico», en referencia al plazo que podría tener el final de obra, aunque en el propio convenio se pide que pueda extenderse a 50 años.
El proyecto cuenta con un despacho de mayoría firmado por el PRO, y otro de minoría con la firma de Epsztein, Adrián Camps (Proyecto Sur) y Sánchez Andía. Esos diputados, entre otras cuestiones piden modificar el convenio en un artículo que permitiría obras de dragado en un sector correspondiente a un humedal, protegido por normas internacionales.