Ambito Financiero - 02/03/2012
A casi dos meses del derrumbe de un entrepiso en un local del barrio porteño de Palermo, que provocó dos muertes y 25 heridos, ayer renunció Martín Farrel, el funcionario a cargo de los permisos en la administración macrista, cuya indagatoria fue pedida por la fiscalía en la investigación del caso. Mientras, la Justicia realizó dos allanamientos -el martes pasado- en domicilios particulares de los dueños del local, Beara, y habría encontrado vinculaciones con la empresa que realizó el entrepiso cuya estructura no soportó la concurrencia cuando se realizaba un recital. Esa firma y la que explotaba el comercio pertenecería a los mismos titulares.

Farrel, director general de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, presentó su renuncia al cargo por «motivos personales». Sorprendió al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, bajo cuyo organigrama está la Agencia -aunque es un ente autárquico-, en momentos en que estaba dando su informe sobre los gastos que realizará su cartera en 2011, ante los diputados porteños. Inclusive Farrel estuvo allí ayer a la mañana poco antes de difundirse su dimisión. El ahora ex funcionario había ido en dos oportunidades a la Legislatura tras el derrumbe de Beara. Allí se conoció que el lugar había sido habilitado como «casa de fiestas privadas» a pesar de un informe de otra funcionaria del área que desaconsejó el permiso.

Se cuestionó que bajo esa figura terminaban realizándose recitales en lugares no habilitados para tal fin, encubriéndolos como cumpleaños, por caso. Al igual que Farrel, en el expediente que lleva la jueza Alicia Iermini, estarían complicados otros dos funcionarios de la Ciudad, que también tienen el pedido del fiscal Andrés Madrea, para ser indagados. Los imputa del supuesto delito

de «estrago doloso seguido de muerte». En ese sentido, el ex juez Daniel Llermanos, representante de los familiares de una de las chicas fallecidas, sostuvo que «si se comprobara que los mismos dueños del local lo eran de la empresa que realizó el entrepiso ya no se hablaría de negligencia ya que los hechos no habrían ocurrido con acto de terceros, como en Cromañón, sino que probaría que tenían conocimiento, que no podían ignorar que el entrepiso no soportaba ese peso».

Con respecto a que aún no se ha llamado a indagatoria a los funcionarios, el abogado explicó que «la jueza no se apura y yo apruebo ese estilo, porque es lógico, hay que terminar de reunir pruebas».

El local de la calle Scalabrini Ortiz al 1600 había sido clausurado antes de obtener el permiso como casa de fiestas y de acuerdo con testimonios tomados por el juzgado, se les habría ordenado a los empleados distribuir sillones en el entrepiso atendiendo al peligro de sobrecarga. Tras el derrumbe, las explicaciones de los funcionarios provocaron el pedido de renuncias por parte de la oposición al PRO en la Legislatura porteña. Entre otros, el ibarrista Eduardo Epsztein lo había acusado de «estar protegiendo una red de corrupción».

Mauricio Macri, ayer, durante la entrega de departamentos en un complejo habitacional del barrio porteño de Parque Avellaneda, construidos a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.