Ambito Financiero - 17/09/2010

El Gobierno macrista se entregó a un duro debate interno sobre si descabezar o no la cúpula de la Agencia Gubernamental de Control, de la que dependen los inspectores porteños, tras las revelaciones de los mismos funcionarios en la Legislatura sobre la habilitación del local Beara, donde se desmoronó un entrepiso, el viernes pasado, que causó dos muertes y varios heridos.

Mauricio Macri ya tendría decididos los desplazamientos, que no incluirán al titular del organismo, Javier Ibáñez, quien asumió hace un mes su cargo, pero la purga podría empezar desde allí hacia abajo. Sin embargo, el acuerdo en el PRO es no producir ningún movimiento ahora, cuando el debate sigue en ebullición en la Legislatura porteña, que ayer aprobó un extenso pedido de informes sobre la situación aún después de tres visitas de los funcionarios del área a la Legislatura, un combo de preguntas que surgió de unificar la presentación de más de una docena de proyectos similares. En tanto, la Justicia secuestró ayer información sobre el funcionamiento del inmueble, y no se descarta la citación a funcionarios del Gobierno porteño en el marco de la investigación.

El macrismo no quiere que cualquier desplazamiento sea considerado como admisión de la responsabilidad que le endilgan sus rivales, por eso esperará el momento propicio, tal como hizo el año pasado cuando pidió la renuncia del entonces ministro de Educación, Mariano Narodowski, salpicado por el escándalo de las escuchas ilegales. Es decir, esperó un tiempo prudente para tratar de que esa remoción no sea una consecuencia inmediata del caso, pero cuando ya lo había citado la Justicia.

Mientras tanto, ayer además la oposición y el PRO en conjunto aprobaron una ley que impone más controles a las obras en construcción, como consecuencia del derrumbe de un gimnasio del barrio porteño de Villa Urquiza, donde una obra en construcción aledaña provocó la tragedia que causó tres muertes. El proyecto lo consensuaron la Coalición Cívica, que conduce Fernando Sánchez, el legislador Eduardo Epsztein (titular del ibarrismo) y el radical Rubén Campos.

La iniciativa busca que los inspectores acudan a las obras durante la etapa de demolición, entre otras modificaciones que incorpora a las normas.

«Todo responsable de obra deberá con anterioridad al comienzo de las demoliciones y/o excavaciones presentar al organismo competente, para su aprobación, el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento», impone la ley, que deberá ser promulgada por Macri para entrar en vigencia.

La norma también obliga a publicar en la web del Gobierno porteño todos los expedientes de nuevas obras para que los vecinos puedan consultarlos.

Epsztein explicó que de esa manera «se incrementarán los controles y respondemos a las demandas de los vecinos, mientras se analiza la reforma integral del código de edificación y planeamiento en el seno de la Legislatura».

Sánchez sostuvo que la norma «da mayores garantías y más obligaciones a los responsables de las construcciones, y que lo que hoy pasa a ordenar la nueva ley son los controles que son responsabilidad del Poder Ejecutivo; estos son los puntos débiles que a veces van acompañados del lucro excesivo de la empresa constructora poniendo en riesgo a la sociedad».

Para Campos, «con esta ley vamos a permitir un real control sobre todo en los primeros pasos: la submuración y la demolición. Esto es lo que va a permitir no solamente el control sino la seguridad para que no haya riesgos para con las personas».