Ambito Financiero - 14/09/2010

La oposición al macrismo, en la Legislatura porteña, embistió ayer duramente a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, que concurrieron a brindar explicaciones sobre la habilitación y controles al local Beara, donde el viernes pasado murieron dos jóvenes al derrumbarse un entrepiso.

Los bloques que no son del PRO e impusieron que la reunión se hiciera pública, hasta amenazaron con la posibilidad de una denuncia penal por lo que consideran irregularidades. Se expuso allí una nota de una funcionaria que había desaconsejado el permiso al lugar.

Estuvieron el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, el director de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrel y la directora general Vanesa Berkowski, para continuar la reunión que el viernes pasó a un cuarto intermedio, especialmente ante la ausencia de Farrel.

La reunión que condujo Oscar Moscariello (PRO) empezó con las preguntas del radical Rubén Campos, quien consideró que el lugar había sido habilitado en contravención con los planos.

Denuncia judicial

Los funcionarios explicaron que en 2004 ya había sido habilitado el lugar, pero como bar y que el año pasado se terminó habilitando como casa de fiestas. Por lo que trascendió aparentemente hay muchos locales que figuran con ese rubro pero en la práctica funcionan como bailables u ofrecen recitales.

El peor momento fue cuando el ibarrista Eduardo Epsztein leyó una nota de la directora Berkowski, de principios de agosto del año pasado en el que desaconsejaba la habilitación. El local había sido clausurado por «desvirtuación de rubro», ya que debía ser un café y restorán y se realizó una fiesta con baile. Eso motivó una denuncia judicial, pero de todos modos a los pocos días el Gobierno porteño lo habilitó como salón de fiestas. Aníbal Ibarra aseveró que recién este año, en abril, la Justicia falló confirmando la contravención de «desvirtuación» y cuestionó que, aun así, se haya dado la habilitación siendo que había un proceso penal contravencional que la propia administración había iniciado.

«Mantenemos el principio de inocencia», respondió Ibáñez y sostuvo que «no se piden antecedentes» de acuerdo con las normas, para otorgar una habilitación. Aseguró, además, que el trámite, los propietarios, lo habían iniciado en 2008 y concluyó en agosto de 2009. Se armó alboroto en el Salón Montevideo, que se llenó de asesores de distinto color y la asistencia de 30 diputados, la mitad del pleno. «Esto, para una denuncia penal», se exaltó Epsztein.

Hubo momentos que rozaron el escándalo durante las alocuciones que se permitieron a dos diputados de cada uno de los 13 bloques legislativos.

«Las primeras informaciones que recibimos nos dicen que no ha habido una sobrecarga en la cantidad de gente en el entrepiso», dijo Ibáñez, al referirse a las dudas que el propio Mauricio Macri (ver nota aparte) planteó sobre la posibilidad de haber sobrecargado la estructura.

Otra de las críticas fueron, por parte del legislador Gonzalo Ruanova, entre otros, a la información que brinda en la página Sali seguro donde está el local en cuestión.

Daniel Amoroso (De Narváez) apuntó a una resolución, la 1.010 de 2005, para habilitación de espectáculos masivos, que estaría siendo utilizada para permisos provisorios que no corresponderían.

Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, abundó en pedidos sobre las derogaciones de clausuras en general de acuerdo con la normativa.

Por otra parte, el Gobierno porteño remitió a la jueza de instrucción Alicia Iermini documentación relacionada con la habilitación del local Beara, respondiendo al pedido de la magistrada sobre el inmueble de Scalabrini Ortiz 1638, propiedad de El Viejo Sabio SA, de acuerdo con la información dada por la administración macrista.

Macri: “Estaba todo en regla” en el boliche


Mauricio Macri entregó ayer buena parte de la jornada a referirse a dos de los principales conflictos con los cuales se encontró de regreso de su viaje a Europa, que lo mantuvo fuera de la Ciudad por una semana. El jefe porteño deslizó duras críticas a las tomas de las escuelas (ver nota en pág. 17) y también brindó explicaciones relacionadas con el derrumbe del entrepiso de un local de fiestas que causó la muerte de dos jóvenes.

Macri dijo que no tomará ninguna medida en su administración «hasta que los peritos no hagan su trabajo» en relación con la caída del entrepiso, pero aseguró que «las cosas se habían hecho como correspondía y estaba todo en regla».

«Es una tragedia muy triste, porque hoy ni Leticia ni Adriana están con nosotros y hay familias que no las van a poder recuperar», dijo Macri al salir de la reunión de gabinete en el CGP 13 del barrio de Belgrano.

Mal uso

Para el jefe de Gobierno porteño, la tragedia obedeció a «un mal uso» de las instalaciones del local Beara, pero admitió que «hay que esperar el peritaje» para saber «cuál fue exactamente el mal uso que hizo que el entrepiso ceda».

El mandatario de la Capital Federal explicó que los entrepisos se habilitan «para un determinado peso por metro cuadrado (400 kilogramos)» y que ahora los peritos tendrán que determinar si «el entrepiso tuvo menos de 400 kilogramos y estuvo mal hecho» o «si tuvo más de 400 kilogramos».

Ejemplo

«No hay nada que pueda ir por arriba de la responsabilidad ciudadana», consideró el jefe porteño y dio como ejemplo el registro de conducir, que se entrega luego de aprobar exámenes médicos y técnicos que no impiden que después de recibirlo el conductor habilitado «se suba a un auto y pase todos los semáforos en rojo».

«El Estado debe controlar que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Los controles que tenía que hacer la Ciudad los había hecho», insistió Macri, y remarcó que «nunca en la historia de la Ciudad un boliche había sido inspeccionado más de una vez por mes». Recordó que en el caso de Beara «había sido inspeccionado nueve veces en lo que va del año», siendo la última «cuatro días antes» del derrumbe.

Macri destacó, además, el trabajo realizado por los equipos de emergencia de la Ciudad y federales el día de la tragedia, y también la labor de los hospitales públicos y el SAME.

Finalmente, señaló que en la Ciudad se realizan «más de 1.300 inspecciones por mes», que en el año se clausuraron «140 boliches» y que la noche del derrumbe se habían hecho «55 inspecciones».