Ambito Financiero - 11/08/2010
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Se arriesga Macri politizando el caso

Por: Patricia García

Mauricio Macri apeló a todas las respuestas que pudo para evitar que el derrumbe del barrio de Villa Urquiza le provoque más, o peor, mortificación que la causa escuchas. Apuró así, sin embargo, la politización de la tragedia. El jefe porteño, que ayer volvió al lugar donde seguían las tareas para el rescate de dos desaparecidos; por la mañana brindó una conferencia de prensa acusando al constructor; anunció que su administración se presentará como querellante en la causa judicial que investiga el caso, y luego envió a la Legislatura porteña al ministro de Desarrollo Urbano acompañado de otros funcionarios para que den explicaciones a los diputados (ver nota aparte), aunque no pudo frenar una catarata de pedidos de informe relacionados con las construcciones y con los dos últimos derrumbes (ver aparte).

El Gobierno porteño respondió con rapidez para dejar puesto el foco en la impericia del constructor y aseguró que en su momento atendió de inmediato una denuncia que la UOCRA, el 17 de junio pasado, formuló por irregularidades en la demolición del predio de la calle Mendoza 5042, entre otras cuestiones por falta de apuntalamiento de las medianeras, que finalmente cedieron provocando el derrumbe.

Por su parte, los legisladores porteños de la oposición se mantuvieron cautos y evitaron inundar de comunicados la jornada, con pocas excepciones para esa conducta que busca prudencia por un tiempo.

En la conferencia de prensa que brindó por la mañana, el Gobierno porteño apuntó al ingeniero Guillermo Heyaca Varela -responsable de las excavaciones- asegurando que «hubo una enorme impericia» de su parte.

Además, Macri aseguró que se presentará como querellante en la causa que investigará las responsabilidades sobre los daños materiales, los heridos y fallecidos que provocó.

«Acá hay una obra perfectamente habilitada, como corresponde. El Gobierno de la Ciudad solamente habilita cosas que estén permitidas por la ley», sostuvo Macri para blindar sobre todo tipo de dudas que pudieran apuntar a responsabilidades de su administración. Pero, al mismo tiempo, Macri explicó que la idea de demandar a Heyaca Varela responde a que el ingeniero «encaró una excavación que puso en peligro las propiedades lindantes, no respetando en nada los planos que tenía presentados y aprobados».

«Este ingeniero tendrá que dar la explicación ética frente a su consejo profesional, y las explicaciones civiles y penales frente a la Justicia», remató Macri, y remarcó que «el Estado ha reaccionado como corresponde, incluso coordinadamente» con funcionarios del Gobierno nacional.

«Hoy nuestra prioridad a estas horas es seguir trabajando con el equipo de rescate. Quiero felicitar a los equipos que han trabajado, a la Policía Federal, a la Policía Metropolitana, a la conducción de Bomberos con el apoyo de la Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad», señaló, y contó que había llamado al ministro nacional Julio Alak la noche anterior para agradecerle las tareas realizadas por la Policía Federal y Bomberos.

«Lamentablemente, lo que uno en primera instancia podría concluir es que ha habido una enorme impericia por parte de la autoridad técnica de la obra, el ingeniero a cargo que es también el dueño de la constructora. Guillermo Heyaca Varela es el dueño del emprendimiento y el ingeniero responsable de la obra. A estas horas no ha comparecido, no sabemos su paradero», acusó el mandatario, y más tarde el ingeniero salió a repeler esos dichos (ver nota aparte).

Macri tampoco ocultó que el derrumbe no constituye «un episodio aislado» porque ha habido otros.

Finalmente, atacó una denuncia del legislador Eduardo Epsztein (ibarrismo) que sostiene que «en Villa Urquiza se detectaron 19 empresas de demoliciones con permisos de construcción truchos».

«Que se haga cargo él de decir esas barbaridades. Es imposible que eso exista, y es imposible que, si son truchos, él lo sepa. ¿Es cómplice? Si no lo denunció hasta esta altura, es cómplice», replicó el jefe porteño. Epsztein luego difundió un informe con las denuncias.

Poco serio

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, lució un chaleco de seguridad fosforescente en la conferencia de prensa efectuada a las 8.30 de ayer. Se trasladó desde Villa Urquiza hasta Plaza de Mayo (sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) para responder al periodismo, pero por marketing, optó por mostrarse ante las cámaras con la llamativa indumentaria. Ridiculez.

Inspectores se fueron porque no había nadie


Para algunos legisladores de la oposición, la falla «es del sistema». Para otros, es «grave» que la obra que provocó el derrumbe en Villa Urquiza no haya sido inspeccionada porque cuando acudieron para la tarea, no había nadie.

Ayer, más de una decena de diputados porteños atendió al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, quien acudió a la Legislatura a dar un informe sobre el expediente que da cuenta del permiso para construir un edificio de 10 pisos con cocheras subterráneas en la calle Mendoza al 5042. Chain llegó acompañado por el subsecretario Héctor Lostri, entre otros funcionarios. Las inspecciones de obras tienen un trámite diferenciado en el Gobierno porteño. Por un lado, está la Dirección Fiscalización y Control; y por otro, la Agencia de Control Gubernamental que conduce Raúl Ríos, a su vez ex directivo de Boca Juniors.

Los funcionarios explicaron que, ante la denuncia que en junio realizó la UOCRA, concurrieron los inspectores en tres oportunidades, pero no encontraron a nadie. Mauricio Macri hizo referencia, por su parte, a que esa denuncia se realizó en la etapa de demolición (planteaba la falta de apuntalamiento de muros y de medidas de seguridad para los operarios). Según el Gobierno porteño, además, hubo otras dos denuncias sobre la obra, una por ruidos molestos y otra por la falta del cartel obligatorio.

Chain, a la salida del encuentro anunció que pedirán un peritaje a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que determinen las causas del derrumbe. y opinó que «se excavó sin control de desplazamiento de la tierra del vecino del lado, debajo de sus cimientos, y eso es, sin duda, lo que provocó el colapso del edificio que se derrumbó».

Los legisladores, de todos modos, piensan votar mañana un pedido de informes, iniciativa que se unificó entre oposición y oficialismo después de que fueron presentados varios proyectos en ese sentido.

Peritos ya habían advertido


En los procedimientos para el control de las obras en construcción se incluye uno relacionado con la Policía del Trabajo, otro realizado por la Agencia de Control Gubernamental (que reemplazó a la reciclada dirección de inspectores) que lo realiza al azar o por denuncias y un tercero al que está obligado el director de la obra. Ese consiste en que el propio responsable de la edificación debe pedir que un verificador controle antes de realizar la primera losa. Esos profesionales son sorteados para la tarea y tienen una asociación que conduce la arquitecta Eva Rodríguez. Ayer varios representantes de esa entidad estuvieron en la Legislatura porteña y dieron a conocer un correo que le enviaron el 4 de junio a Horacio Rodríguez Larreta solicitando una entrevista. «Estaba muy ocupado y no nos dieron respuesta», explicó Rodríguez a este diario. La arquitecta también indicó que vienen pidiendo que la Legislatura modifique las normas para que «nuestros informes sean vinculantes y que si verificamos incumplimientos a las normas que no sea para otros que lo usen para hacer negocios, sino que se tomen las medidas del caso».

En el mail a Larreta los verificadores advertían la necesidad de una entrevista ante «la cantidad de irregularidades en cuanto a controles edilicios» y como consecuencia de haber mantenido una reunión con el titular de la Agencia de Control Gubernamental, Raúl Ríos, en la cual el funcionario sostuvo que las peticiones sobrepasaban sus funciones.

«Por la gravedad de lo expuesto, recurrimos al señor jefe de Gabinete de Ministros exhortando quiera tener a bien concedernos la entrevista solicitada dada la seriedad del tema en cuestión, como es dar seguridad a las personas», sostuvo la Agrupación de Profesionales Perito Verificadores en la nota enviada a Rodríguez Larreta.

«Venimos hace dos años impulsando proyectos de ley para que nuestros informes sean vinculantes y también destacamos que la verificación no incluye la etapa de demolición», explicó Rodríguez para dar cuenta que «hay bache en la normativa» relacionada con los controles que deben tener las construcciones de edificios en la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre los mismos temas apuntan los Legisladores porteños en el pedido de informes que tienen previsto aprobar mañana. A eso se sumó un pedido de la Defensoría del Pueblo sobre los otorgamientos de permisos de obra, demolición y edificación de la calle Mendoza 5042, como también referente a la habilitación del gimnasio que se derrumbó.