La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) apoyó las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, sobre la necesidad de extender el plazo para el debate sobre la reforma del Código Civil y no dar lugar a la premura con la que una parte del arco político pretende imponer el tratamiento en el Congreso.

“Es la reforma legislativa de mayor envergadura de las últimas décadas, que afectará fuertemente nuestra cultura, nuestra vida y nuestras relaciones cotidianas. Coincidimos y apoyamos el debate amplio y el diálogo sereno. En ese sentido vemos favorable la prórroga del plazo originario y perentorio de 90 días para su tratamiento legislativo”, expresó mediante un comunicado el organismo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación había señalado el lunes 15 de octubre que ¨no nos pueden correr con los plazos¨ para la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial ¨porque se trata de una arquitectura jurídica para que los argentinos podamos vivir mejor¨.

El tratamiento en el Congreso de la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial ¨se hará una vez que terminemos todo el trabajo, hay un plazo de 90 días pero estamos viendo si es suficiente¨, explicó Domínguez, al intervenir en la audiencia pública que la Comisión Bicameral realizó en La Rioja.

La comisión aprovechó la ocasión para desaprobar algunos aspectos del proyecto y dar el visto bueno a otros.

Entre los puntos críticos, insistieron en que se reconozca “la calidad de persona a todo ser humano a partir de la concepción, se respete el derecho a la identidad de todos los niños, se evite la cosificación de la mujer mediante el alquiler de vientres, se favorezca y simplifique realmente el procedimiento para la adopción y se respeten los deberes esenciales del matrimonio”.

A su vez, los miembros que forman parte del organismo eclesial alentaron el capítulo que el proyecto dedica a la vivienda, aunque consideraron “necesario” no abandonar la denominación de “bien de familia” contenida en la propia Constitución Nacional.

“También acompañamos a los pueblos originarios que en forma unánime y masiva han expresado su preocupación por la falta de consulta acerca de los temas que los afectan, el tratamiento de su personalidad jurídica, que reivindican como pública no estatal, y una mejor regulación del derecho de propiedad indígena”, enunció el comunicado, que lleva la firma del licenciado Gabriel Castelli, presidente de la comisión.

“No se trata de una ley que deba resolverse por intereses, urgencias o por imposición de número. Es una gran oportunidad para construir juntos, desde la amistad social, una Nación de hermanos”, concluyeron.

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