La coparticipación del Gobierno bajo 24% a todas las provincias.


No sólo es el castigo para lograr hacer renunciar a Scioli, sino también es un dato de la realidad: el gobierno no tiene dinero y ni siquiera puede juntar lo dólares necesarios no tiene las reservas que dice tener.

Datos referidos al primer semestre del año confirman que el crecimiento de la recaudación impositiva se desacelera y, con ello, los recursos que automáticamente se transfieren a las provincias. El cambio no es abrupto y, por lo tanto, sus consecuencias no deberían generar grandes dificultades. Sin embargo, la dinámica fiscal de un gasto público que no cesa de crecer, montada en el marco de un contexto internacional inéditamente favorable, no es sostenible. De no mediar un cambio de estrategia, las dificultades que exterioriza la Provincia de Buenos Aires deberían considerarse como el primer síntoma de una crisis fiscal más profunda y generalizada con riesgo de contagiar al resto del país.

La Constitución Nacional adopta una organización federal, pero la mayor parte del cobro de impuestos está a cargo de la Nación, más precisamente de la AFIP. Los servicios más importantes, en cambio, como la educación y la salud pública, la seguridad, la administración de justicia y la infraestructura urbana, son gestionados por las provincias. Por esto, una porción de los impuestos que recauda el Estado nacional son distribuidos automáticamente a las provincias aplicando un complejo conjunto de reglas que fija los porcentajes para cada jurisdicción.

Para cumplir con sus responsabilidades, las provincias se financian con lo que reciben por dicha distribución automática, más lo que cobran por impuestos propios (ingresos brutos, inmobiliario, sellos y otros) y lo que la Nación le transfiere discrecionalmente de sus propios recursos. Concluido junio, se dispone de información provisoria sobre los impuestos distribuidos automáticamente a las provincias en el primer semestre del año 2012. Estos datos, provenientes del Ministerio de Economía, muestran la siguiente situación:

• En la primera mitad del año 2010, la distribución automática de impuestos nacionales a las provincias tuvo un crecimiento interanual de 34% en valores nominales
• En el primer semestre del año 2011 el crecimiento fue de 33%.
• En los primeros 6 meses del año 2012, el crecimiento de los recursos nacionales transferidos automáticamente a las provincias cayó a un tasa del 24% interanual.

Estos datos son oficiales y, si bien provisorios, muestran con claridad que el crecimiento de los recursos fiscales que llegan a las provincias por la vía de la distribución automática se está desacelerando. No se trata de una caída abrupta, pero merece ser tenida en cuenta porque tiene impactos relevantes sobre las finanzas provinciales. Un testimonio concreto es la imposibilidad de la provincia de Buenos Aires de cumplir con el pago del medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del 2012.

La restricción fiscal de las provincias todavía no es tan severa como la experimentada en el año 2009, cuando la distribución automática creció apenas un 9%. Pero en la actualidad se cuenta con menos márgenes de acción. En el año 2009 se pudo apelar a crear el Fondo Federal Solidario, que consiste en distribuir el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja entre las provincias. En cambio ahora las disponibilidades son mucho más acotadas.

La escasez de recursos fiscales queda al desnudo con la insistencia de no actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias personales y el relativamente modesto auxilio financiero otorgado por la Nación a la provincia de Buenos Aires. Agotado el crecimiento de la recaudación impositiva para sostener el crecimiento del gasto público se apela a las reservas del Banco Central, los ahorros apropiados por la ANSES, la emisión espuria de dinero y el ahogo financiero a las provincias.

El crecimiento insostenible del gasto público de los últimos años llevó a dilapidar la oportunidad que ofreció el contexto internacional inéditamente favorable. De cara al futuro, los cuestionamientos al impuesto a las ganancias y la mala situación fiscal de las provincias deberían asumirse como dos buenas razones para empezar a desmontar los factores que presionan por seguir aumentando el gasto público. Sería muy saludable que las habilidades de la política fueran abocadas, en lugar de rivalizar, a buscar consensos para revertir la enorme demanda de recursos públicos que exigen las estatizaciones de empresas deficitarias, los subsidios para evitar los ajustes de tarifas, las moratorias previsionales, el crecimiento del empleo público y la promoción de aumentos de salarios por encima de lo que el Estado puede pagar. Esto tendría altos dividendos sociales, pero, obviamente, requiere de una actitud madura que priorice el bien común antes que las ventajas políticas personales.

El Índice Líder que elabora la entidad y que anticipa los cambios de tendencia del ciclo económico cayó más del 5% mensual en mayo y las perspectivas son negativas para el segundo semestre. En términos interanuales, disminuyó por séptimo mes consecutivo.


La economía argentina tiene altas probabilidades de entrar en recesión en el segundo semestre. O al menos, así lo consideró un informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), dado a conocer este martes.

El Índice Líder (IL), que elabora la entidad y que anticipa cambios de tendencia en el ciclo económico, cayó un 5,1% en relación con el mes anterior, ubicándose en 178,2 puntos.

En tanto, la reducción es aún más pronunciada si se analiza en términos interanuales. Sucede que, en este caso, la retracción fue del 18,9 por ciento.

Así, por séptimo mes consecutivo el IL muestra una disminución en comparación con el mes anterior. ¨Esta es la mayor disminución interanual desde inicios de 2009¨, indicaron desde la UTDT.

Por otra parte, el Índice de Difusión (IDCIF) se ubica en 50%. ¨Es decir, de las diez series que componen el Índice Líder, cinco experimentaron disminuciones en relación con el mes anterior¨, subrayó el estudio.

¨La probabilidad de ingresar en recesión supera por segundo mes consecutivo el límite de 95%, ubicándose en el mes de mayo en 99%¨, advirtió el documento.

Históricamente, siempre que esta probabilidad ha superado el límite del 95% el país ha ingresado en recesión en algún momento de los siguientes seis meses.


¨Los resultados de los últimos relevamientos confirmarían que la economía argentina ingresará en una fase recesiva del ciclo económico en la segunda mitad del año¨, concluyó el informe.


Las severas complicaciones de Daniel Scioli para afrontar los salarios y aguinaldos de junio pueden ser el primer paso de un efecto dominó en otros distritos, pero también desnudan una puja política de proporciones entre el gobernador y la Casa Rosada. Los problemas de financiamiento de la provincia de Buenos Aires hicieron que debiera pedirle fondos a la presidenta Cristina Fernández, quien a diferencia de otras oportunidades demoró más tiempo de lo habitual en habilitar su transferencia y sólo giró 1.000 millones de pesos, cuando se le pedía más del doble.

En el medio, Cristina retó a Scioli y le dijo que no alcanzaba con “poner la cara”, frase habitualmente utilizada por el gobernador ante cada adversidad, sino que se debía mejorar la gestión. Todo teñido de un trasfondo político a esta altura indisimulable: el kirchnerismo pretende impulsar la reelección de Cristina para el 2015, y Scioli es por ahora el principal competidor con vistas a las presidenciales de ese año.

Falta mucho para aquella batalla —que incluso requeriría de una reforma constitucional ya fogoneada por sectores ultra K—, pero en política los tiempos suelen acortarse dramáticamente. Para el sciolismo no es casual que el gobernador venga siendo torpedeado con fuerza por su propio vice, Gabriel Mariotto, delegado de la Presidenta en la provincia.

La jefa de Estado se puso como ejemplo de administración eficiente, pero la diferencia entre la Nación y la Provincia es que la Casa Rosada cuenta con la “máquina de hacer billetes” del Banco Central, que cada vez utiliza con más discrecionalidad. Esa es una de las razones por las cuales la inflación se continúa retroalimentando en la Argentina, a pesar de la merma en los niveles de actividad.

Esa máquina de hacer billetes no se frena porque el gobierno considera que la clave para la subsistencia del modelo pasa por seguir alimentando el consumo, aunque eso se logre mediante un sistema artificial. Mientras eso ocurre, la provincia de Buenos Aires, con sus 550 mil empleados públicos, tiene un costo fijo mensual que se le hace cada vez más difícil afrontar.

El aumento de los empleados públicos ha sido una constante en el esquema de poder kirchnerista, que llega desde lo más alto del poder pero se replica en la mayoría de las provincias. Se estima que en la Argentina hay más de un millón de empleados públicos, y la gran duda es si la administración pública del país es capaz de soportar semejante estructura.

A esto se añaden decenas de miles de millones de pesos destinados a afrontar el pago de planes sociales, subsidiar servicios públicos e importar combustibles, entre otros destinos. El problema del sistema de funcionamiento de la administración pública impuesto desde el kirchnerismo no alcanza únicamente a la provincia de Buenos Aires.

Son numerosos los gobernadores y municipios que empezaron a mencionar desde hace meses el término “cuasimonedas”, una de las frases que más malos recuerdos trae a la memoria popular de los argentinos. La idea de dar papeles de colores para pagar a proveedores y cancelar salarios suena cada vez más fuerte en distintos círculos políticos, y la gran duda es si la Presidenta estaría dispuesta a desteñir su gobierno, habilitando un esquema que puede retrotraer al país a la pesadilla sufrida hace más de una década.