En los últimos tiempos, la Aduana no ha estado exenta de escándalos de diversa índole. No solo este periódico, sino también otros medios han dado cuenta de diverso tipo de desaguisados ocurridos en esa dependencia. Basta recordar que en los pasados días esa entidad apareció vinculada con la desaparición de donaciones en el marco del ingreso de materiales importados para la Fundación Madres de Plaza Mayo.

Ahora, está a punto de estallar un nuevo escándalo en la Subdireccion de Asuntos Legales de la Aduana, a cargo de Pedro Roveda, ya que habrian ¨desaparecido¨ aproximadamente dos millones de pesos destinados al pago de honorarios, obtenidos —en legitima ley— por juicios ganados por la AFIP-Aduana, a los abogados y empleados de Asuntos Legales.

Se trata de un procedimiento bastante usual, a través del cual los profesionales que se involucran en juicios que llevan adelante entidades públicas como las referidas, son premiados con ¨comisiones¨ derivadas de un porcentaje de lo que se recauda en el marco del eventual litigio.

En la trama de marras, aparecen involucrados no solo el mencionado Roveda —denunciado insistentemente por Tribuna de Periodistas ante el silencio cómplice de funcionarios de primer nivel del Gobierno—, sino tambien el subdirector General de Administracion Financiera de la AFIP, Juan María Conte, y la directora de Presupuesto y Finanzas de la AFIP, Amelia Acosta. Estos últimos, no casualmente, se niegan a autorizar el pago de honorarios a sus legítimos beneficiarios.

El dato fue confirmado a este medio por dos fuentes independientes de la Aduana, una de las cuales se arriesgó a mencionar que ese dinero ¨evaporado¨ en realidad sería utilizado para solventar parte de la campaña electoral del Frente para la Victoria con vistas a las elecciones de octubre del 2011.

Para sumar sospechas a la cuestión, en las últimas horas tres letrados que revistan en esa dependencia admitieron no haber percibido aún los honorarios que les corresponde por los conceptos antes mencionados. ¨Es raro, porque en general te liquidan relativamente rápido lo que te corresponde, y en lo que va de 2011 aún no cobramos nada de nada¨, dijo uno de los profesionales, cerebro de una de las causas más relevantes que hace pocas semanas ganó la Aduana en la Justicia.

Hay que destacar que los dos millones de pesos ¨evaporados¨ no será la única contribución oficial a la campaña de Cristina Kirchner. En estas horas, la directora General de Aduanas, María Siomara Ayerán, ha terminado de pactar con fondos que iban a ser destinados a un aumento salarial para los empleados aduaneros. Ello provocará un daño inexorable a estos últimos, ya que la Aduana será el único organismo público que no recibirá en el transcurso de este año aumento salarial alguno.

Hay algo peor aún: el jefe del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), Carlos Sueiro, no hará nada por evitarlo. En realidad, no es ningún secreto: desde hace unos días, existe un legítimo malestar por parte de las ¨bases¨ del personal aduanero, ya que están en total conocimiento del ¨pacto¨ existente entre Sueiro y la funcionaria Ayerán.

A esta altura, nadie debería sorprenderse demasiado. El saqueo y la corrupción en la Aduana son parte de una postal que día a día persiste y que cada vez es menos tolerada por sus empleados.

Pronto, más temprano que tarde, se entenderá qué quiere decir esta última frase.

Oportunamente, este medio publicó las declaraciones de un funcionario oficial que aseguró que en el marco del Schoklender-gate solo se había visto “la punta del iceberg”. Basta leer cómo avanza día a día el referido escándalo para refrendar esas palabras.

Hoy diario La Nación avanza un paso más en esa causa judicial y publica un dato que complica a la Dirección General de Aduanas. Según el matutino, de esa dependencia desaparecieron, al menos, dos expedientes con los registros de donaciones recibidas desde el extranjero con materiales para la construcción de viviendas.

“Las sospechas se concentran en múltiples donaciones, entre otras las efectuadas por Cis SRL y Ceramic Industry Supplying SRL para otra entidad de las Madres, la Asociación Rebeldía y Esperanza. Todas fueron gestionadas ante la DGA por el área Redes de la Cancillería”, asegura el diario.

Contrastando con esto, en los registros oficiales de Redes apenas consta una donación. La concretó Cis SRL, en 2008, cuando donó ¨repuestos¨ con un costo teórico de 1.000 dólares. Lo notable es que no aparecen constancias de otras operaciones, como la de Ceramic Industry Supplying SRL, por ¨repuestos varios¨, que sí consta en la Memoria Detallada del Estado de la Nación, de 2003.

Según La Nación, “las donaciones internacionales registran, en rigor, varios precedentes problemáticos, ya que puede ser una vía para el lavado de activos y la evasión impositiva. Por ejemplo, cuando una empresa compra mercaderías en el exterior que luego hace figurar como una donación para una entidad sin fines de lucro y con eso evita el pago de los impuestos al valor agregado (IVA) y Ganancias, más los derechos aduaneros.”

Dentro de la DGA recuerdan, además, otra operación conflictiva dentro de la Aduana porteña en los tiempos de Rosana Lodovico. Ocurrió en 2007, cuando la Fundación Madres de Plaza de Mayo pidió autorización para ingresar maquinaria importada de Italia, por un monto millonario, para construir sus viviendas sociales. Hubo varios profesionales que se negaron a validar el despacho con su firma, por temor a ser parte de un delito de contrabando, más una evasión tributaria millonaria, según reconstruyó La Nación.

“Tras varias idas y venidas, las maquinarias salieron del puerto. El despacho N° 07 001 IC04 062028 M se fechó el 23 de abril de ese año y salió de la Aduana de Buenos Aires con un valor FOB declarado por US$ 2,1 millones, según consta en los registros oficiales del Sistema María”, relata hoy ese diario.

Luego, cuenta que la discusión se centró en que la Aduana estaba por autorizar el ingreso de la maquinaria de la firma italiana Emmedue, “necesaria para instalar una fábrica y levantar las viviendas ahora bajo investigación. Pero la solicitud la presentó una fundación y, de autorizarla, la operación también quedaría exenta del IVA y de Ganancias, con lo que se evitaría abonar cerca de 680.000 dólares.”

Lo que omite mencionar ese diario, es que en la época en que ocurrieron los hechos mencionados, Ricardo Echegaray era director General de Aduanas, Daniel Santana era subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y Héctor Manuel Guaráz era jefe del Puerto de Buenos Aires.

No hace falta recordar que Tribuna de Periodistas ha escrito páginas y páginas que dan cuenta de los desaguisados de los tres personajes. Ellos son los que más responsabilidad ostentan por el ingreso de narcóticos y otros elementos prohibidos a la Argentina.

Para entender esto último, hay que recordar que Echegaray escaló en las filas del kirchnerismo luego de cajonear el “expediente Conarpesa”, causa que vinculaba a esa firma con el tráfico de drogas —pocos saben que aparece rozada en la Operación Langostino del año 1988 y otros expedientes— y la muerte de un hombre llamado Cacho Espinoza.

Si se recuerda que Néstor Kirchner fue financiado en toda su carrera política por esa misma firma y que al ex Presidente y su esposa siempre los vincularon con sus accionistas, todo empieza a cobrar sentido.

Como dijo un poderoso ex funcionario una vez a periodistas de este medio: “El crecimiento económico de los Kirchner bien puede explicarse siguiendo el rastro de una delgada línea blanca”.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz1