Este mes de mayo figurará en los anales de Internet como el mes en que un país se decidió por fin a aplicar las normas que aprobó la Unión Europea para proteger a los ciudadanos frente a los proveedores de telecomunicaciones y de acceso a Internet. De hecho, los holandeses han decidido aplicar estas medidas de una manera muy peculiar. Establecen por ley la neutralidad, prohíben a los proveedores interferir en el tráfico de los usuarios, les obligan a mantener las velocidades pactadas salvo en aquellos supuestos en que se vean obligados a gestionar el tráfico por ejemplo cuando haya una congestión o cuando hay incidentes por ataques de seguridad de hackers. En todo caso, no podrán ejercer esta gestión para defender sus propios intereses comerciales; sólo para defender los derechos de los usuarios.

Por otro lado, los proveedores de acceso a Internet no podrán restringir el tráfico a ciertos clientes, y quedan terminantemente prohibidas las escuchas telefónicas que sólo se pueden hacer por orden judicial. De hecho, si por cualquier motivo es preciso interceptar el tráfico, tendrá que ser en circunstancias especiales con orden judicial o con consentimiento expreso de los usuarios. No se parece en nada a la Ley Sinde-Wert, y desde luego tampoco a las medidas que los estadounidenses quisieran que se implantaran en Europa para limitar los derechos de los ciudadanos. Por eso, no se podrá quitar la conexión a Internet a ningún ciudadano, salvo en circunstancias muy especiales, como la comisión de delitos de especial gravedad relacionados con las telecomunicaciones, o el impago.


Diversos grupos ciudadanos luchan por la neutralidad de Internet, y han intentado que se aprueben diversas medidas para proteger las redes de banda ancha de uso doméstico, que también deberían aplicarse a las conexiones móviles. Según esos principios, una red neutral es aquella que no tiene ningún tipo de restricciones en los equipos usados para conectarse, en los contenidos, en los sitios a las que se pueden acceder, o en los modos de comunicación permitidos. Esto es especialmente importante, porque muchos proveedores de acceso a Internet realizan determinadas prácticas que, de aprobarse la neutralidad de la Red en su país, quedarían totalmente prohibidas.

Según la neutralidad de Internet no se podría obligar a los ciudadanos a utilizar un equipo concreto para conectarse a redes de banda ancha xDSL o por cable, ni a comprar ciertos teléfonos para acogerse a determinados contratos de telefonía con Internet de banda ancha. Igualmente, la neutralidad de la red implica que los proveedores no pondrán, bajo ningún concepto, vetar el acceso a ciertas páginas, como por ejemplo las relacionadas con el intercambio de archivos, y eso sería un auténtico cañonazo en la línea de flotación de la Ley Sinde-Wert. Además quedaría totalmente prohibido limitar la velocidad de los clientes cuando se conectan a determinados sitios o servicios como el P2P, o mediante programas de videoconferencia como Skype. El pinchazo de Internet sólo sería posible con la aprobación de un juez. Quienes están contra la neutralidad de la Red afirman que impide la innovación y el desarrollo de negocios, como si la única manera de hacer dinero pasara por violar los derechos de los ciudadanos.