En horas del jueves 24 a la mañana, ya existían trascendidos respecto de una resolución que parece concretarse, luego de muchos amagues: TBA dejará de gerenciar la concesión de todos los ramales de los ex FFAA Mitre y Sarmiento.

El crimen de Once, mal conocido como “Tragedia de Once”, ya había dado por tierra la continuidad de una concesión que resultaba imposible de sostener luego de unos años de experiencia, desde sus inicios, los años 90 malditos para muchos, fenomenales para Carlos Menem y Néstor Carlos Kirchner.

Así, el modelo de desinversión ferroviaria —o consumo de lo existente a cargo y costo del Estado, verdadero propietario— consistía en hacer las reparaciones mínimas, exiguas, insustanciales, cosméticas, con el fin de cobrar los cuantiosos subsidios, siempre pagados, nunca controlados, quizá “retornados” en parte al funcionario de turno.

Con la salida de Metropolitano —ex gerenciador del ex FFAA Roca, en su momento también con intervención de los Cirigliano, Tasselli y Montoto— y la creación de UGOFE (Unidad de Gestión Operativa ferroviaria) desentonaban por lo alto —y por así decir—, los subsidios que percibían los Cirigliano (cabezas visibles del Holding) lo cual resultaba muy sospechoso en cuanto a la posibilidad de que dichos subsidios, no resulten otra cosa que “cajas negras” de donde sostener el sistema de prebendas y corrupción al cual estamos demasiado acostumbrados los argentinos.

Los subsidios percibidos tanto por UGOFE como por Metrovías como Ferrovías son sustancialmente inferiores a los que percibía, hasta la intervención, TBA, máxime por el plan de obras de Ferrovías, y la gestión independiente de Roggio en Metrovías, con lo cual resulta harto sospechoso que exista tanta disparidad en la “cantidad de subsidio” en relación a los costos operativos y las obras encaradas.

Cabe recordar que, por otra causa de mala gestión, Sergio Tasselli está cerca del juicio oral y público.

En concreto, respecto de los subsidios y los potenciales retornos, todos sospechan que, de manos de los Cirigliano, se financiaron corrupciones y quizá campaña políticas o personales, y no por otra cosa se encuentran imputados Ricardo Jaime y su gente, algunos de ellos, encima, funcionarios de la Unión Ferroviaria, asociación gremial que no dudaba en catalogar, por ejemplo, al Ministro de Planificación Federal Julio de Vido como “el ministro de los Trabajadores”. Siempre según los mismos carteles que dicha gremial pagaba y embadurnaba las terminales ferroviarias.

Hablamos de Unión Ferroviaria que participaba, a través de funcionarios, en la Gestión del mencionado de Vido. Sindicato que, indirectamente, se involucró en el conflicto que desembocó en los incidentes en los cuales se produjo la muerte del joven izquierdista del PO, Mariano Ferreyra.

Dicha “matriz” de gestión gerenciadora, funcionariado y sindicato en la gestión, fue en su oportunidad denunciada por la diputada Nacional Elisa Carrió, indicando en la misma que de Vido era la cabeza del “sistema de recaudación” y el canal de retornos o dádivas que, en su oportunidad y mucho antes que ahora, se denunciara.

Según fue publicado en dos ocasiones en medios virtuales (1 y 2), TBA ya resultaba absolutamente “ingerenciable” a comienzos de 2009, lo que habría generado insistentes versiones, a nivel dirigencial del grupo, del retiro de la gestión.

Al parecer, los gruesos subsidios resultaban demasiado tentadores para todos los intervinientes en el modelo, y a pesar del deterioro evidente no ya de mantenimiento, sino, de la imposibilidad de operar el servicio (constantes cancelaciones, mugre, malos sueldos, in cierto destino de algunos fondos, señales deficientes, barreras rotas, retiro de banderilleros en pasos a nivel claves y de recurrentes accidentes, etc.)

En aquel momento, según fuentes recolectadas, la “segunda línea” del gerenciamiento no veía manera de sostener una operatoria razonable del servicio, y resultaba lapidario —como una espada de Damocles sobre sus cabezas— el hecho de que TBA —la empresa que estos mismos funcionarios gestionaban— fuera observada en un duro informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) fechado el 12 de marzo del año 2008, el cual sentenció que la empresa concesionaria no cumplía los requisitos básicos sobre accesibilidad, seguridad operativa y mantenimiento. (2)

En definitiva, algunos avances en la causa de la masacra de Once, que dejó como saldo 52 muertos y casi 800 heridos, ha volcado la voluntad de una gestión que ya no puede mirar con tanto cariño esa parte del subsidio, y ha optado por recargar todas las tintas sobre la coautora criminal: la empresa TBA, a la postre un incumplidora serial y cómplice del desguace ferroviario.

No es poco. Son culpables, igual que todos los funcionarios que sabían que las tragedias se sucederían, y así todo, no les importó que ocurriera
Así estamos de mal, con o sin bombas de estruendo distractivas.

por José Terenzio
(1) http://radiopasillo.wordpress.com/2010/05/11/confirmado-como-lo-anticipamos-en-enero-cesa-tba/

(2) Auditoría General de la Nación: “Transporte Terrestre: Muestra de las principales auditorias sobre órganos de control y empresas adjudicatarias de procesos de privatización. Síntesis y Conclusiones 1993-2003.”


El empresario es investigado por la supuesta defraudación a su propio hermano por casi 2 millones de dólares. Una trama de autopréstamos, sociedades off shore en Uruguay y una empresa fantasma, en la mira de la justicia.

El empresario Sergio Taselli, quien operó en las últimas dos décadas desde servicios ferroviarios hasta yacimientos carboníferos y de gran parte de esos emprendimientos se llevó frustraciones y causas judiciales, quedó a las puertas de un juicio oral y público por presuntamente haber defraudado a su propio hermano en casi 2 millones de dólares. La maniobra que le atribuye en esta etapa la justicia es de una compleja alquimia, que parece incluir autopréstamos, sociedades off shore en Uruguay, constitución de una empresa con sede en un taller de repuestos de automóviles y hasta una supuesta inversión en la YPF privatizada.

La Cámara del Crimen acaba de rechazar un recurso de Casación presentado por el abogado de Taselli, Mariano Di Meglio (del estudio Cúneo Libarona) contra el procesamiento dictado por ese mismo Tribunal el 8 de marzo pasado. Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Marcelo Lucini encontraron razones más que suficientes para suponer que la denuncia formulada por Alberto Taselli contra su hermano tenía visos de verosimilitud. En concreto, Sergio Taselli fue acusado por su hermano Alberto de “haber abusado de sus facultades de apoderado para desviar en su provecho o de terceros sumas de dinero pertenecientes a la empresa IATE SA, mediante dos giros bancarios hacia el extranjero, con el objeto de imputarlos falsamente a la cancelación de una deuda de capital correspondiente a un préstamo que solicitara a otra sociedad comercial denominada NEP SA en el año 1993”. Hasta allí hay que remontarse para encontrar las razones de esta desavenencia familiar que terminará en los tribunales.

Según constancias del expediente a las que tuvo acceso Tiempo Argentino, “el 22 de marzo de 2001, Sergio Taselli, como apoderado de IATE SA, realizó un giro de 1.150.000 dólares hacia la cuenta 2146807, registrada a su nombre en el Bank Boston NA de Montevideo. Algunos meses después –el 19 de julio del mismo año– efectuó una nueva y similar operación, aunque en esa oportunidad por 800 mil dólares y en la cuenta 3299809, registrada a nombre de la firma poderdante.” El dinero tenía como destino declarado “la cancelación parcial de un préstamo en moneda extranjera otorgado por NEP SA”. ¿Quiénes eran NEP? De la causa parece surgir que se trataba de una sociedad entre ambos hermanos Taselli. Ellos, y sólo ellos.

Pero cuando una coadministradora judicial de las empresas de Taselli en la Argentina que estaban en concurso de acreedores viajó a Uruguay para investigar qué pasaba con NEP, la supuesta prestamista, “constató que allí funcionaba un taller de repuestos de automóviles”.

El préstamo efectivamente existió. Es decir, los Taselli en Uruguay se prestaron dinero a los Taselli en Argentina. En el expediente figura que ese dinero “fue aplicado a una inversión que IATE realizó en YPF”.

Cuando los hermanos se pelearon, Sergio Taselli habría enviado casi 2 millones de dólares a Uruguay para cancelar la presunta deuda que tenía consigo mismo y con su hermano, pero el dinero habría ingresado solamente a sus cuentas bancarias. “La existencia de acciones judiciales en Uruguay en las cuales se estaría debatiendo la titularidad de NEP, la aparente ausencia de una resolución del órgano de administración de IATE autorizando la celebración del contrato, la precaria instrumentación del préstamo, las características de la sociedad mutuante, lo informado por la coadministración respecto del resultado de las gestiones efectuadas en Uruguay y las confusiones del informe constituyen elementos que generan fundadas dudas en punto a la legitimidad del crédito invocados por NEP”, evaluaron los jueces.
Para el Tribunal, “Sergio Tasselli actuó unilateralmente al realizar las transferencias cuestionadas, imputándolas al pago de una deuda existente en el exterior, sin que exista constancia alguna de que esas erogaciones parciales hayan sido autorizadas por algún órgano de la sociedad”.

No todas fueron malas noticias para el empresario. La Cámara acaba de anular un embargo de cuatro millones de pesos en su contra por falta de fundamentación por parte de la Justicia. Por ahora, puede disponer de ese dinero. <

Negocios y acusaciones

Sergio Taselli operó en el rubro trenes y fue titular de la concesión de la ex línea Roca, hasta que el gobierno, en 2007, se la retiró. También tuvo a su cargo la línea San Martín. El fiscal federal Federico Delgado dictaminó a favor de mandarlo a juicio oral por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por 35 millones de dólares cuando estuvo al frente de la concesión ferroviaria. Intervino en la láctea Gándara, que terminó en quiebra, y en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), por cuyo paso fue procesado en noviembre del año pasado y sufrió un embargo por 45 millones de pesos.