La Casa Blanca ha emitido un comunicado oficial en el que ha mostrado su "firme rechazo" a la Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética (CISPA) -que permitiría al Gobierno supervisar las comunicaciones 'online' en caso de que se considerara adecuado- "en su actual forma".

La Casa Blanca ha argumentado en su comunicado que la legislación propuesta daría potencialmente al Ejecutivo poderes que permitirían a las autoridades federales y compañías privadas espiar las comunicaciones privadas en base a la defensa contra el terrorismo.

La interpretación de cuándo es adecuado o no investigar los datos privados de los usuarios (como el correo electrónico o la información en redes sociales) sería a discreción gubernamental y de las agencias de seguridad.

"La Administración está comprometida con el aumento de los intercambios de la información pública y privada en el marco de las amenazas de 'ciberseguridad' como parte esencial de una legislación exhaustiva para defender los sistemas de información vitales y la infraestructura crítica", apunta el texto.

Sin embargo, ha señalado que este intercambio "ha de llevarse a cabo de manera que preserve la privacidad, la confidencialidad de los datos y las libertades civiles de los estadounidenses". En este sentido, ha subrayado que "reconoce la naturaleza civil del 'ciberespacio'" y que "la 'ciberseguridad' y la privacidad no son mutuamente excluyentes".

"Es más, compartir información, siendo un componente esencial de una legislación exhaustiva, no es lo único que ha de ser utilizado para proteger el núcleo de la infraestructura crítica de la nación de ataques a través de Internet", agrega el documento.

Por ello, la Casa Blanca considera que la CISPA "fracasa a la hora de permitir a las autoridades proteger esta infraestructura crítica y permitir que las disposiciones de supervisión electrónica no violen los derechos de correspondencia privada, confidencialidad y libertades civiles".

Asimismo, la Casa Blanca ha puntualizado que la CISPA "protegería de manera inadecuada a las compañías de aquellas demandas que se interpongan en caso de que las acciones estén basadas en informaciones conseguidas bajo esta ley, independientemente de que sus acciones violaran las leyes federales o provocaran daños o la pérdida de vidas".

"Esta amplia protección no sólo elimina un fuerte incentivo a la mejora de la 'ciberseguridad', sino que potencialmente mina los intereses económicos, de seguridad nacional y de seguridad pública de nuestra nación", añade el comunicado oficial.

Así, el texto subraya que "sin unas protecciones legales claras y sin una supervisión independiente, la legislación sobre el intercambio de información minaría la confianza de la sociedad en el Gobierno y en Internet".

Por último, la Casa Blanca ha dicho que "el Ejecutivo considera que una agencia civil -el Departamento de Seguridad Nacional- ha de tener un papel central en la 'ciberseguridad' nacional, incluida la supervisión e intercambio de información en este sentido con el sector privado y otras agencias federales".