El científico a quien se atribuye la invención de Internet aconsejó al Gobierno británico abandonar los planes para ampliar la vigilancia de la actividad en la Red.


Tim Berners Lee, que desarrolló la World Wide Web en 1990, aseguró que las polémicas propuestas que autorizan que agencias de inteligencia monitoricen el uso de Internet y la comunicación de residentes británicos por medios digitales derivarían en la "destrucción de los derechos humanos" y pondrían a los ciudadanos en una posición vulnerable.

En una entrevista concedida al diario británico The Guardian el miércoles, Berners Lee señaló que las propuestas pondrían la información privada en riesgo de ser robada por terceros.

Agregó que el Gobierno británico no explicó cómo almacenaría la información con seguridad, lo que significa que el plan debería ser descartado.

Con la medida, las autoridades podrían llegar a conocer los detalles más íntimos sobre la vida de cualquier ciudadano, más incluso que las personas con las que este hable, porque muchas veces se confiesan secretos más ocultos a través de Internet, aseguró en la entrevista.

El Ministerio del Interior británico ha insistido en que cualquier programa nuevo de vigilancia debería ser limitado y centrarse en el terrorismo y en "delitos serios".

"Lo mejor que pueden hacer es abandonar el proyecto de ley", insistió el ingeniero informático, que en la actualidad asesora al Gobierno sobre cómo hacer los datos públicos más accesibles.

Según Berners Lee, de todos los acontecimientos recientes en Internet, éste es el que más le "quita el sueño".

Gran Bretaña, que ya cuenta con una importante red de cámaras de vigilancia, podría convertirse en un verdadero 'estado orwelliano'. El gobierno británico busca aprobar una ley anti-terrorista que permitirá al Gran Hermano vigilar a los ciudadanos de forma permanente y que sea financiado por su propio bolsillo.

Si se concreta esta iniciativa promovida bajo la bandera antiterrorista, las autoridades podrán conocer a golpe de ratón todos los aspectos de la vida de los ciudadanos: los lugares que uno visite, todos los mensajes que envíe desde su teléfono móvil, sus desplazamientos, todo lo que diga, haga y hasta lo que escriba a través de su correo electrónico y mensajes de Facebook.

Toda la información quedará almacenada en los servidores de empresas proveedoras de servicio de banda ancha y telefonía móvil por espacio de un año. Aunque esto no abarcará las conversaciones telefónicas y los mensajes de voz, las autoridades podrán conocer igualmente con quién mantuvo una conversación, cuándo y desde qué lugar.

Los detractores de la idea, principalmente los defensores de los derechos ciudadanos en materia digital, señalan que la medida vulnera la privacidad y lleva a las personas a vivir en con miedo, atenazadas por un constante sentimiento de persecución.

Los defensores de los derechos civiles coinciden en señalar que esta ley representaría un cambio radical del concepto de privacidad conocido hasta ahora.

Para Jim Killock, director ejecutivo del Grupo de Derechos Abiertos, una organización de defensa de los derechos de autor, el problema del sistema reside en que "es invasivo". "Podría ser útil en cualquier campo, en la evasión de impuestos, en un divorcio o en los derechos de autor. El terrorismo y los crímenes graves son sólo dos ámbitos más en los que esta información podría ser usada", concluyó.

Por su parte, Nick Pickles, el director de la organización sin fines de lucro 'Big Brother Watch', considera que nos encontramos ante el primer paso del Gobierno para hacerse con el control de Internet. "El único lugar en el mundo que tiene este tipo de regulaciones es China. Yo lo siento, pero el Reino Unido no es China y la ley no debería ser adoptada tratándose de un país que reprime los derechos humanos", explicó él.

Asimismo, otro aspecto que genera malestar entre los británicos es lo costoso de la medida: cerca de mil millones de dólares que habrá de ser aportados por los mismos ciudadanos a través de sus impuestos, según estiman expertos en seguridad cibernética.

Este es el segundo intento del Gobierno Británico de instaurar una legislación que le permita espiar y seguir a sus ciudadanos. La primera fue propuesta en 2008 y no contó con el respaldo del Parlamento.

En esta ocasión el Gobierno esgrime que la medida resulta necesaria para garantizar la máxima seguridad posible durante los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Londres.

Bajo este mismo pretexto y para evitar supuestas amenazas terroristas, las autoridades británicas tienen previsto desplegar drones equipados con cámaras de vigilancia, buques de guerra anclados en el Támesis, helicópteros de ataque en régimen de espera y un ejército formado por 50.000 miembros de las fuerzas de seguridad.

Todas las llamadas telefónicas, los perfiles y conversaciones de Twitter y Facebook, los correos electrónicos y aún las charlas de los ciudadanos británicos en los juegos en línea serán vigilados por los servicios de inteligencia y conservados durante un año. Y todo ello por razones de seguridad ante la amenaza terrorista.

Tales herramientas, impropias de una ‘verdadera democracia’, quedan estipuladas en la nueva ley que será sometida al parlamento en mayo y que fue promovida por los servicios de seguridad exterior (MI6) e interior (MI5) conjuntamente con la agencia gubernamental GCHQ, que se ocupa de monitorear comunicaciones.

Así, por primera vez en su historia, Gran Bretaña podría sumarse a la experiencia de EE. UU., donde se promueve la vigilancia a gran escala de las comunicaciones de sus ciudadanos, transformando el concepto de derecho a la privacidad y la libre expresión.

El borrador del proyecto supone que todas las compañías de telecomunicaciones, los proveedores de Internet, así como los representantes de las redes sociales y de juegos en línea, serán ordenadas a crear una base de datos común que serán conservados durante un año.

Se informa que los servicios especiales tendrán acceso a esta base "en tiempo real", lo que les permitirá obtener información sobre las personas a las que se desee monitorear con lupa.

Aunque los datos no incluirán el contenido de las llamadas o de los correos electrónicos, seguirán el así llamado método '¿de quién, a quién, dónde?', es decir se registrarán datos de los agentes de todas las conversaciones. De este modo, además de datos personales como el número de teléfono o la contraseña de Facebook o Twitter, será revelado el lugar exacto de la llamada o de la emisión del mensaje corto emitido por un móvil.

De hecho, las compañías de comunicación son capaces de determinar el lugar desde donde llamó una persona con margen de error de un metro. Igualmente se puede rastrear al remitente y destinatario de los correos electrónicos y las charlas de los internautas, determinado la dirección IP de la computadora.

De este modo los agentes estatales podrán reconstruir todas las acciones de una persona vigilada, lo que legitima la injerencia en la vida privada a escala masiva, y pone contra las cuerdas los derechos civiles.

El ministerio de asuntos interiores justifica la medida por la necesidad de adaptar los sistemas de control a las tecnologías modernas que usan los delincuentes, y para combatir las posibles amenazas terroristas en los próximos Juegos Olímpicos de Londres de este verano, aunque en su comunicado niega que busque “desarrollar poderes más intrusivos”.

En 2009 este y otros motivos semejantes justificaron la necesidad de establecer un control más riguroso sobre las comunicaciones de los ciudadanos. Pero entonces el Gobierno la rechazó en seguida por el casi nulo apoyo de la sociedad, que denunció la ausencia de límites transparentes en el uso de información personal.

Ahora las mismas preocupaciones inquietan a los defensores de derechos humanos, que se pronuncian en contra de esta vigilancia total que contraviene valores democráticos básicos. “Eso consistirá en el esfuerzo sistemático de espiar todas nuestras comunicaciones digitales”, cree Jim Killock, el director ejecutivo del grupo Open Rights Group, citado por el periódico inglés Daily Telegraph.

“Puede parecer inocuo, pero requiere la intercepción activa de cada conversación realizada, y esto nunca se ha hecho en una sociedad democrática”, asegura Gus Hosein, el activista del grupo Privacy Internacional.

Tampoco la gente tiene claro si los organismos estatales que tengan acceso a la base de datos sobre cada ciudadano británico serán capaces de protegerla frente a un posible uso criminal u comercial.

“Cada ‘hacker’, cada amenaza malintencionada, cada Gobierno extranjero querrá tener acceso” a estos datos, dice Hosein. En caso de que los ciberpiratas consigan acceder a estos datos, podrían explotar la información para enviar correos basura o proporcionar direcciones a las empresas comerciales con las preferencias de las personas (pirateando para ello sus historias de búsqueda digital).

Además, los expertos advierten que si a los proveedores de Internet se les ordena mantener tales datos de búsqueda, podrían usarlos para vender los servicios publicitarios a las empresas interesadas.

A la sociedad británica le inquieta la norma, aunque también cunde la preocupación que suscita el terrorismo tanto local, como global. En este contexto todavía no se puede predecir cual será la apuesta del pueblo británico: ¿seguridad total o libertad de privacidad?